¿Observador o miembro pleno? Chile ante la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C)

RESUMEN EJECUTIVO

• El 26 y 27 de octubre, diecinueve países del hemisferio se reunieron en República Dominicana para aprobar el marco de gobernanza y el plan de campaña 2026-2031 de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), componente militar y de seguridad que respalda los objetivos del Escudo de las Américas.
• Aunque Chile participó en el encuentro, decidió postergar su incorporación plena y mantener, por ahora, la condición de observador. Esta decisión generó diferencias dentro del gobierno y cuestionamientos de algunos especialistas, que consideran necesaria una mayor participación en la iniciativa estadounidense.
• Este reporte examina cuatro argumentos a favor y cuatro en contra de una participación plena. Se sostiene, sin embargo, que los argumentos contrarios resultan más convincentes.
• La evaluación se sustenta en cuatro argumentos principales.
• Primero, la composición actual de la A3C parece responder más al alineamiento político con Washington que a la distribución territorial de las amenazas criminales que busca combatir. La ausencia de países clave en el ecosistema criminal de la región, como Brasil y México (y, hasta hace dos meses, Colombia), plantea dudas sobre su cobertura efectiva y la continuidad de sus esfuerzos más allá del actual ciclo político.
• Segundo, la arquitectura militar de la coalición y su plan de campaña tensiona el enfoque sostenido por el gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad interna, que considera el combate contra las bandas criminales una responsabilidad principalmente policial. Las diferencias entre ambos enfoques y sus consecuencias aconsejan resolver esta tensión antes de asumir una participación plena en el mecanismo.
• Tercero, las similitudes entre el enfoque militar de la A3C y el de otras iniciativas estadounidenses cuya legalidad internacional ha sido cuestionada, como la operación Lanza del Sur, plantean posibles costos reputacionales para Chile, considerando los principios que han orientado su política exterior.
• Por último, la participación plena debe evaluarse a la luz de la tradición de política exterior chilena, que ha privilegiado los mandatos de las Naciones Unidas para sus principales despliegues militares internacionales. La incorporación a una coalición militar también plantea la importancia de contar con un consenso político interno que permita sostener esa decisión más allá del gobierno de turno.
• Se concluye que mantener la condición de observador es una decisión prudente y consistente con la tradición de política exterior chilena. Además, permite preservar la cooperación multilateral mientras se evalúan los resultados de la A3C y se fortalecen las iniciativas regionales impulsadas por Chile, particularmente el Compromiso de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional.

LO QUE OCURRIÓ

La Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) tiene su origen en la declaración conjunta de seguridad suscrita el 5 de marzo de 2026 en Miami, durante una reunión convocada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Su creación precedió por dos días al lanzamiento del Escudo de las Américas[1], iniciativa diplomática más amplia cuyos objetivos de seguridad la A3C respalda desde el plano militar y operativo[2].

El 11 y 12 de agosto, la A3C celebró un nuevo foro en Panamá, donde los países participantes recibieron un borrador del marco de gobernanza de la coalición[3]. El documento generó observaciones de distintos gobiernos respecto de sus alcances y mecanismos de funcionamiento².

El 26 y 27 de octubre, diecinueve países se reunieron en República Dominicana para zanjar el borrador junto con un plan de campaña, destinados a establecer las prioridades operativas y las formas de trabajo de la coalición militar. El encuentro fue liderado por el Comando Sur (USSOUTHCOM) de Estados Unidos[4].

Figura 1. Comparación del Escudo de las Américas y A3C.

Fuente: Elaboración propia.

La forma de participación que debía adoptar Chile en la A3C generó debate dentro del Ejecutivo. Según versiones de prensa, surgieron diferencias entre el ministro de Defensa, Fernando Barros, partidario de una incorporación más cautelosa, y el jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval, quien habría promovido una vinculación más estrecha a la iniciativa estadounidense[5]. Las discrepancias se concentraron en el alcance de la participación militar y los resguardos de soberanía que debía contemplar el acuerdo.

El 25 de octubre, el presidente José Antonio Kast reunió a sus ministros sectoriales para abordar la materia. Al día siguiente, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, viajó a Santo Domingo en representación del gobierno. Finalmente, el Ejecutivo decidió postergar la participación plena y mantener, por ahora, la condición de observador[6]. La opción provocó reparos en sectores del oficialismo y algunas voces expertas en la materia, que han pedido reconsiderarla.

QUÉ ES LA A3C Y CÓMO FUNCIONA

La A3C es la coalición militar y de seguridad que respalda al Escudo de las Américas. Aunque ambas iniciativas están relacionadas, se han declarado públicamente como entidades distintas, con instrumento fundacional, conducción y membresías que no coinciden (ver Figura 1).

El objetivo de la A3C es coordinar las acciones nacionales de los países participantes contra las organizaciones criminales transnacionales mediante un plan de campaña para el período 2026-2031. Para ello, el marco de gobernanza establece cuatro niveles institucionales. El primero es un foro ministerial anual, seguido por una junta de decisiones que reúne trimestralmente a las autoridades de defensa y seguridad de los países miembros y al comandante del USSOUTHCOM. A ellos se agregan un grupo de trabajo de coordinación y centros regionales encargados de integrar información y facilitar la sincronización de operaciones.

El marco de gobernanza establece que la coalición no tiene carácter vinculante ni contempla un mando supranacional o una fuerza permanente. Tampoco obliga a los Estados a aportar personal, financiamiento o información, y permite retirarse en cualquier momento sin justificación.

Figura 2. Arquitectura de gobernanza de la A3C y posición del Comando Sur.

Fuente: Elaboración propia.

Estas disposiciones preservan formalmente la autonomía de los participantes. Sin embargo, el documento también establece expectativas de cooperación. Cada país deberá elaborar un plan nacional que contribuya a los objetivos de la coalición y deberá facilitar el acceso a instalaciones militares conforme a su legislación. También podrá invitar a otros miembros a participar en operaciones combinadas dentro de su territorio.

El procedimiento de adopción de decisiones merece especial atención. Entre reuniones, la junta puede considerar aprobadas las propuestas que no reciban objeciones dentro de un plazo determinado. Este mecanismo conserva la facultad de disentir, pero exige una participación activa para evitar que las decisiones se adopten por silencio.

LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN PLENA

El debate público ha contado con voces a favor y en contra de la incorporación plena de Chile a la A3C. Entre sus defensores, destacan cuatro argumentos[7].

El primero enfatiza la naturaleza transnacional de la amenaza y la necesidad de contar con mecanismos multilaterales para enfrentarla. Investigaciones penales recientes han identificado la presencia de organizaciones criminales extranjeras en Chile con distintos niveles de penetración[8]. Entre ellas se encuentran el Tren de Aragua (Venezuela) y Los Pulpos (Perú), además de vínculos con el Primeiro Comando da Capital (Brasil) y el cartel Jalisco Nueva Generación (México), entre otros grupos. Estas redes operan más allá de las fronteras nacionales y buscan expandirse hacia nuevos mercados ilícitos. Desde esta perspectiva, una iniciativa como la A3C permitiría coordinar esfuerzos entre varios países para enfrentar organizaciones cuya persecución resulta difícil mediante acciones nacionales aisladas.

El segundo argumento plantea que la participación plena no compromete la soberanía nacional ni exige modificar la doctrina chilena de defensa, que reserva las tareas habituales de seguridad interior a las instituciones policiales. Aunque la A3C posee una estructura militar, el carácter voluntario del instrumento permite que cada Estado determine sus contribuciones conforme a su legislación. De este modo, Chile podría limitar su participación al intercambio de inteligencia o al apoyo logístico, sin modificar la responsabilidad de las autoridades civiles en materia de seguridad pública ni someter sus instituciones militares a un mando extranjero para combatir el crimen organizado.

El tercer argumento destaca el acceso a capacidades tecnológicas y operativas estadounidenses de las que Chile carece. Según algunos de los promotores de la participación plena, este tipo de cooperación ha tenido resultados favorables en experiencias regionales, como el Plan Colombia (1999) y la Iniciativa Mérida en México (2007). También mencionan los casos de Bolivia y Ecuador, donde la reducción de la presencia estadounidense tras la llegada de gobiernos socialistas desde mediados de la década del 2000 precedió al deterioro de las condiciones de seguridad.

Finalmente, se plantea un argumento diplomático y de coherencia política. Los defensores de la participación plena sostienen que mantenerse como el único país en condición de observador frente a una coalición de otros dieciocho países podría transmitir una señal de distancia respecto de Estados Unidos, con posibles consecuencias para la posición chilena ante sus socios regionales. También advierten que las organizaciones criminales podrían interpretar esa decisión como una menor disposición a participar en esfuerzos conjuntos. Desde esta mirada, la participación plena sería coherente con la prioridad que el propio gobierno de Kast ha asignado al combate contra el crimen organizado.

LOS ARGUMENTOS EN CONTRA

El primer argumento cuestiona la cobertura regional y la continuidad de la A3C. De las veinticuatro organizaciones criminales designadas por Estados Unidos el 22 de septiembre, catorce tienen su base en países que no participan en la iniciativa: ocho en México, dos en Brasil, dos en Haití y dos en Venezuela[9]. De este modo, la composición de la nueva coalición militar parece responder más a determinados alineamientos políticos con Estados Unidos que a la distribución territorial de las amenazas regionales. México, Brasil y Uruguay permanecen fuera, mientras Colombia se incorporó tras la llegada de Abelardo de la Espriella. Esta eventual dependencia de los ciclos políticos plantea dudas sobre la continuidad del mecanismo, especialmente si se considera que su plan de campaña se extiende hasta 2031, más allá de los mandatos de buena parte de los gobiernos que hoy participan.

El segundo argumento cuestiona la coherencia entre la arquitectura militar de la A3C y el enfoque chileno adoptado localmente frente al crimen organizado. Aunque la participación plena no obligaría a nuestro país a militarizar su respuesta, la coalición está dirigida por el Departamento de Guerra estadounidense, coordinada por el USSOUTHCOM y organizada mediante un plan de campaña militar. Esta estructura contrasta con la posición sostenida por el gobierno del presidente José Antonio Kast, que ha definido el combate contra las organizaciones criminales como una responsabilidad principalmente policial. Esta diferencia plantea la necesidad de precisar cómo participaría Chile en una coalición de naturaleza militar sin alterar las competencias de sus instituciones de defensa y seguridad pública.

Figura 3. Chile y la A3C: participación plena u observación

Fuente: Elaboración propia.

El tercer argumento se relaciona con los posibles costos reputacionales de la participación plena de Chile en la A3C. La coalición militar se desarrolla en paralelo a la operación Lanza del Sur, mediante la cual Estados Unidos ha realizado ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, causando más de 200 muertes según distintas fuentes[10]. Estas acciones han sido cuestionadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios relatores especiales, quienes han advertido sobre posibles ejecuciones extrajudiciales[11]. Aunque ambas iniciativas son distintas, una participación más estrecha en la A3C podría asociar políticamente a Chile con operaciones cuya legalidad internacional ha sido cuestionada, comprometiendo la consistencia de su política exterior en materia de derecho internacional y derechos humanos.

El cuarto argumento cuestiona la consistencia de la participación plena con la tradición de política exterior chilena. Aunque Chile mantiene una larga trayectoria de cooperación en seguridad con Estados Unidos, sus principales despliegues militares internacionales han contado con mandatos de las Naciones Unidas, como ocurrió en UNIKOM (1991) y Haití (2004). En contraste, rechazó participar en la intervención de Irak en 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos[12]. Esta tradición no excluye la cooperación operacional fuera de ese marco. En 2020, por ejemplo, el petrolero Almirante Montt prestó apoyo logístico a una fuerza interagencial del USSOUTHCOM encargada de detectar actividades vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, esa colaboración difiere de la incorporación permanente a una coalición militar, decisión que además requiere un consenso político interno capaz de sostenerse más allá del gobierno de turno.

CONCLUSIÓN

La evaluación de los argumentos a favor y en contra de la participación plena de Chile en la A3C permite sostener que, por ahora, existen razones más convincentes para mantener la condición de observador.

Los argumentos favorables identifican necesidades reales, especialmente la cooperación internacional frente al crimen organizado. La naturaleza transnacional de esta amenaza exige respuestas coordinadas entre los Estados. Sin embargo, los promotores de la participación plena en la A3C no establecen con suficiente claridad qué beneficios adicionales obtendría Chile mediante su incorporación respecto de los mecanismos de cooperación existentes. Las objeciones examinadas, en cambio, identifican limitaciones concretas en la cobertura regional de la coalición, por la ausencia de países relevantes para las redes criminales, y en su capacidad para sostener compromisos más allá de los actuales ciclos políticos. A ello se suman los posibles costos de asociación con una estrategia estadounidense cuyas prácticas han sido cuestionadas por organismos internacionales. Esta dimensión adquiere especial relevancia para Chile, que ha hecho del respeto al derecho internacional un principio de su política exterior y una salvaguarda de sus intereses.

La decisión del gobierno del presidente Kast resulta, por tanto, prudente y consistente con la tradición diplomática chilena. La condición de observador permite mantener la participación en la iniciativa mientras se evalúan sus resultados y se precisan los alcances de sus compromisos. Al mismo tiempo, preserva márgenes de negociación con Washington en un contexto de crecientes presiones comerciales[13], evitando asumir compromisos políticos adicionales sin beneficios claros para Chile.Esta posición favorece, además, la construcción de un consenso político interno antes de adoptar una decisión con posibles consecuencias de largo plazo.

Esta posición, sin embargo, debe acompañarse de esfuerzos para fortalecer los mecanismos regionales existentes. El Compromiso de Santiago, impulsado por Chile en mayo de 2026, constituye una oportunidad en esa dirección. Su efectividad dependerá de que logre implementar sus acuerdos y ampliar su cobertura, particularmente mediante la incorporación de Brasil[14]. La próxima reunión técnica en Argentina en noviembre permitirá evaluar sus avances y posibilidades de consolidarse como un espacio de cooperación regional.

En definitiva, Chile debe privilegiar mecanismos que contribuyan efectivamente al combate contra el crimen organizado, con compromisos proporcionales a sus beneficios y consistentes con los principios que han orientado su política exterior.

DIEGO SAZO
Jefe de investigación en Relaciones Internacionales

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[1] Coalición conformada por quince países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

[2] U.S. Southern Command, “Dominican Republic hosts hemispheric forum on operations to counter cartels, narco-terrorists”, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2026, https://www.southcom.mil/News/PressReleases/Article/4633800/dominican-republic-hosts-hemispheric-forum-on-operations-to-counter-cartels-nar/

[3] Los países que son parte del A3C: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago.

[4] El Comando Sur es uno de los comandos combatientes unificados de Estados Unidos, con cuartel general en Doral, Florida. Su área de responsabilidad comprende América Central, América del Sur y el Caribe.

[5] El Mostrador, “Barros vs. Irarrázaval: la pugna en La Moneda por adhesión a coalición contra los cárteles de Trump”, 28 de octubre de 2026, https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/10/28/barros-vs-irarrazaval-la-pugna-en-la-moneda-por-adhesion-a-coalicion-contra-los-carteles-de-trump/

[6] La distinción entre observador y miembro pleno corresponde al debate público chileno más que a las categorías de la coalición. El marco de gobernanza contempla el estatus de observador, pero exige un acuerdo previo del foro ministerial y un acuerdo escrito que fije alcance y duración, sin que conste que Chile lo haya obtenido. A la vez, los documentos de la coalición cuentan a Chile entre sus diecinueve participantes desde marzo. La posición chilena corresponde, en rigor, a la de un participante que no ha suscrito los instrumentos aprobados en Santo Domingo.

[7] Ver Juan Pablo Toro, “A3C, la hora de la verdad”, en El Mercurio, 24 de octubre de 2026, y Richard Kouyoumdjian, “Razones para adherirse al A3C”, en La Tercera, 31 de octubre de 2026, https://www.latercera.com/opinion/noticia/razones-para-adherirse-al-a3c/.

[8] Fiscalía Nacional, Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) y División de Estudios, Santiago, octubre de 2025, https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/InformeCrimenOrganizado_V2.pdf

[9] Diego Sazo, «El Escudo de las Américas y los límites de la coordinación voluntaria», Actualidad Estratégica, AthenaLab, 24 de septiembre de 2026, https://www.athenalab.org/noticias/2026/09/24/el-escudo-de-las-americas-y-los-limites-de-la-coordinacion-voluntaria-claves-de-la-adhesion-plena-de-chile/

[10] CBS News, “U.S. military destroys alleged drug-smuggling boat in Pacific Ocean, killing 2 people”, 24 de agosto de 2026, https://www.cbsnews.com/news/us-military-destroys-alleged-drug-boat-pacific-deaths/

[11] Noticias ONU, “Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico son injustificables”, 31 de octubre de 2025, https://news.un.org/es/story/2025/10/1540664

[12] Cristóbal Bywaters C., “El «NO» de Ricardo Lagos a la invasión de Irak en 2003. El proceso de toma de decisiones de política exterior en Chile”, Estudios Internacionales 46, n. 177 (2014), 65-88,

[13] Chile negocia con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) para ampliar el número de productos chilenos exentos de la sobretasa arancelaria del 12,5% impuesta por la administración estadounidense.

[14] Emol, “Brasil evaluaría sumarse al Compromiso de Santiago impulsado por Chile, como contraposición al Escudo de las Américas”, 29 de septiembre de 2026, https://www.emol.com/noticias/Internacional/2026/09/29/1212707/brasil-por-compromiso-de-santiago.html.