Compromiso de Santiago contra el crimen organizado transnacional: Oportunidades y limitaciones

El 28 de mayo de 2026, Santiago fue sede de una cumbre regional contra el crimen organizado transnacional. La cita, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, reunió a cancilleres y ministros de Interior o Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

Para el gobierno de José Antonio Kast, la instancia demostró que la agenda de seguridad actúa no solo como una prioridad en el plano doméstico, sino también como un eje de posicionamiento internacional. Esto, en momentos en que la violencia criminal, las economías ilícitas y la presión sobre las fronteras se han instalado entre las principales preocupaciones ciudadanas de la región.

La relevancia otorgada a la reunión provino desde el propio gobierno chileno. En el discurso inaugural, el presidente Kast calificó la instancia como “histórica”, sugiriendo que podía marcar un “antes y después” en el combate contra el crimen transnacional. Más allá de si fue una metáfora o hipérbole, la pregunta de fondo es si la cumbre (llamada Compromiso Regional de Santiago) logrará transformar esa ambición en coordinación efectiva entre los países, con resultados verificables y proyección temporal más allá de los gobiernos de turno.

2. Panorama de crimen organizado transnacional e inseguridad en América del Sur

La cumbre en Santiago tuvo antecedentes que justificaban su convocatoria. El más crítico es el aumento de la violencia criminal y el uso de armas de fuego en la región durante la última década. Aunque las trayectorias nacionales han sido distintas, la violencia homicida dejó de ser un problema concentrado en unos pocos países y comenzó a expandirse, con intensidad variable, hacia sociedades que hasta hace poco eran consideradas relativamente seguras, como Ecuador, Perú, Uruguay y Chile. Esto ha elevado la presión sobre los gobiernos y ha favorecido respuestas urgentes, muchas veces más reactivas que sostenidas en evidencia.

Fuente: Elaboración propia en base a Insight Crime (2025)

Un segundo antecedente es la expansión, fragmentación y diversificación de los mercados ilícitos. El narcotráfico sigue siendo el eje más visible en Sudamérica, en particular por el peso regional de la cocaína. Sin embargo, el crimen organizado ya no puede entenderse solo como una disputa entre grandes carteles por rutas, cargamentos y territorios. Su funcionamiento actual combina estructuras más pequeñas y flexibles, operando a través de repertorios amplios como los delitos financieros, lavado de activos, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, cibercrimen y redes logísticas que conectan actores locales con organizaciones transnacionales. Hoy, por tanto, la amenaza no reside únicamente en la existencia de bandas, sino en la capacidad que han desarrollado para adaptarse, comprar voluntades, tercerizar funciones y aprovechar las brechas de control entre países.

El tercer antecedente es la fragilidad institucional frente a redes que explotan vacíos de control. En América Latina, la criminalidad organizada no solo desafía al Estado desde fuera. También infiltra instituciones, regula territorios, impone reglas informales y disputa funciones básicas de autoridad, lo que erosiona el Estado de derecho. Para Chile, esa vulnerabilidad tiene una expresión territorial concreta: solo con Argentina comparte 5.308 kilómetros de frontera terrestre, 26 pasos fronterizos y diversos pasos no habilitados. En ese escenario, la cooperación regional deja de ser un gesto diplomático y se convierte en una condición mínima para contener el avance criminal.

3. El Compromiso Regional de Santiago 2026: principales acuerdos

La cumbre en Santiago concluyó sin grandes sorpresas. Los cinco países participantes coincidieron en calificar el crimen organizado transnacional como una amenaza central para la estabilidad y la gobernanza democrática en la región. También compartieron la premisa de que frente a un desafío que no respeta fronteras, los esfuerzos aislados resultan insuficientes y exigen una respuesta regional “articulada, coordinada, sostenida y eficaz”. La declaración final confirma que el principal acuerdo de la reunión fue la conformación de un Grupo de Trabajo integrado por los cinco países, instancia que estará encargada de elaborar un Plan de Acción Conjunto contra el crimen transnacional.

Fuente: Elaboración propia.

Se definieron cuatro áreas principales para discutir: seguridad, inteligencia financiera y tributaria, control migratorio y control fronterizo. Aunque el detalle de cada área es tan amplio como genérico, el objetivo -reiterado insistentemente por las autoridades anfitrionas- es que el plan se traduzca en medidas concretas, medibles y verificables. La declaración instruye que la primera reunión de trabajo deberá realizarse dentro de los próximos tres meses, mientras que la revisión de avances tendrá un plazo de seis meses. El plan definitivo será sometido a la aprobación de los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de los países firmantes, aunque la declaración no establece el número mínimo de reuniones de trabajo ni un plazo específico para esa aprobación.

4. Oportunidades

La evaluación de una cumbre de seguridad no puede limitarse a registrar lo que se declaró. La pregunta relevante es si el mecanismo creado abre condiciones reales para coordinación efectiva, resultados verificables y proyección institucional más allá del impulso inicial. Desde esa perspectiva, el Compromiso Regional de Santiago ofrece tres oportunidades concretas.

La primera es la creación formal de un Grupo de Trabajo multilateral. Aunque su alcance dependerá de cómo opere en la práctica, su existencia puede comenzar a enfrentar un problema estructural recurrente en la cooperación regional: la ausencia de un espacio técnico estable donde las agencias nacionales se coordinen. La evidencia comparada muestra que la cooperación policial y judicial sostenida no nace de declaraciones sino de estructuras intermedias que permiten acumular confianza, estandarizar procedimientos y construir inteligencia compartida. El Grupo de Trabajo creado en Santiago no es comparable en recursos ni institucionalidad a experiencias como Europol, SIENA o los Equipos Conjuntos de Investigación europeos. Pero establece un espacio formal que, si logra reunirse con regularidad, puede convertirse en algo más que un foro de diagnóstico.

La segunda oportunidad es la incorporación de la inteligencia financiera y tributaria como línea prioritaria del Plan de Acción Conjunto. Esta inclusión no es trivial. Diversos estudios reconocen que el combate al crimen organizado no puede depender solo de castigar personas, pues estas organizaciones reemplazan operadores con relativa facilidad. La política criminal debe atacar también el capital que financia nuevas operaciones, infiltra economías legales y corrompe instituciones. Instrumentos como la Convención de Palermo y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han desplazado parte del foco hacia activos y flujos financieros precisamente porque debilitar la base material del crimen es tan decisivo como perseguir a sus operadores. El desafío será traducir esa prioridad en mecanismos concretos de intercambio de información, trazabilidad financiera y recuperación de activos entre los cinco países.

La tercera oportunidad es que las reuniones periódicas entre contrapartes técnicas pueden abrir espacio para incorporar dimensiones todavía ausentes, como el desarrollo económico y la cohesión social. La persecución penal y el control fronterizo son necesarios, pero insuficientes cuando las economías criminales están ancladas en los territorios. En países con Estados frágiles y desarrollo económico acelerado, el narcotráfico se ha sostenido durante décadas como parte de una economía política de frontera, donde pobreza, ausencia institucional y mercados ilícitos se reforzaban entre sí. Algo similar ocurre con los enclaves criminales, que surgen donde la exclusión y la baja presencia estatal permiten que el crimen administre protección y controle territorios. El Compromiso de Santiago no contempla hoy ese enfoque. Sin embargo, si el Grupo de Trabajo logra consolidarse y generar confianza entre sus miembros, existe la posibilidad de ampliar la agenda hacia estos factores.

5. Limitaciones

Esta cumbre, sin embargo, también plantea desafíos para el gobierno de Kast. Al igual que las promesas formuladas en el ámbito de la seguridad durante la campaña presidencial, el Compromiso de Santiago nace con una ambición alta en el combate contra el crimen. No obstante, tal como muestran los primeros dos meses de gobierno, convertir una aspiración política en resultados concretos exige una planificación que conecte objetivos, medios y capacidades institucionales. La experiencia regional muestra que las iniciativas de seguridad pueden multiplicarse con facilidad, pero solo algunas logran producir valor agregado. Esa será la prueba central para el nuevo mecanismo. A partir de la declaración, se identifican tres limitaciones.

La primera limitación es que el Compromiso de Santiago se plantea como un espacio de cooperación internacional selectivo. La exclusión de países clave como Colombia, Brasil y México limita desde el inicio la densidad estratégica de la iniciativa, porque tres de los principales nodos donde opera la logística criminal de la región (producción de cocaína, tránsito y lavado, y distribución, respectivamente) quedan fuera del mecanismo. De este modo, lo sucedido en Santiago replica la experiencia reciente del Escudo de las Américas de marzo de 2026, donde se estableció una coalición de seguridad solo entre gobiernos afines ideológicamente. Cuando la cooperación se organiza por cercanía política antes que por relevancia criminal, la coordinación regional se vuelve sesgada y fragmentada. Si bien la declaración deja la invitación abierta a futuros participantes, no elimina la señal inicial de selectividad ni la desconfianza que puede producir entre actores excluidos. Un mecanismo contra mercados transnacionales no puede consolidarse como bloque parcial. Debe ampliar su base, sumar capacidades críticas y evitar que la seguridad regional quede atrapada en la lógica de los ciclos ideológicos.

La segunda limitación de la cumbre es la omisión de factores causales de la expansión del crimen organizado. Las líneas de trabajo del Compromiso no colocan en el centro dos problemas decisivos, como el tráfico de drogas y el control de armas, y dejan la corrupción en un plano más declarativo que operativo. Estos no son asuntos accesorios. Las drogas generan rentas extraordinarias, las armas elevan la capacidad coercitiva de estos grupos y la corrupción abre puertas institucionales para mover cargamentos, lavar activos o capturar autoridades. En la trayectoria reciente de Ecuador, la disputa por rutas de cocaína, puertos y cárceles aceleró una crisis de violencia que el Estado no logró contener a tiempo. De este modo, una estrategia inteligente contra el crimen debe perseguir y castigar bandas, pero también intervenir las condiciones que las hacen rentables, con acceso a armas y políticamente protegidas.

La tercera limitación es la duplicación de esfuerzos con instancias ya existentes. La región no parte de cero en los esfuerzos anticrimen. El propio Compromiso reconoce la experiencia acumulada en MERCOSUR y en el Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina, y advierte la necesidad de articular iniciativas para evitar duplicidades. A eso se suman espacios como CLASI-UE, EL PAcCTO, AMERIPOL e iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo. El problema, hasta ahora, no es la falta de foros, sino la dificultad para convertirlos en coordinación sostenida y con resultados concretos. Si el nuevo Grupo de Trabajo replica diagnósticos, agendas y reuniones ya disponibles, su valor agregado será bajo.

6. Conclusiones

En América Latina, las experiencias previas de trabajo conjunto contra el crimen organizado sugieren mirar el Compromiso Regional de Santiago con cautela. En temas de seguridad y violencia criminal, una cumbre puede ordenar una agenda, pero solo una implementación efectiva convierte esa agenda en capacidad estatal. La cumbre tuvo valor político porque instaló una plataforma multilateral frente a una amenaza común en la región. Sin embargo, su verdadera prueba comenzará después de la fotografía oficial, cuando los países deban compartir información sensible, ordenar prioridades, sostener compromisos más allá del impulso inicial y resistir los cambios de administración.

Este es un desafío central para el gobierno del presidente Kast. La reciente salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad mostró el costo de elevar expectativas sin articular discurso, planificación y ejecución. Martín Arrau, recién asumido en el cargo, debe enfrentar esa tarea en el plano doméstico, pero el Compromiso de Santiago le agrega una dificultad mayor. Como iniciativa multilateral, sus resultados no dependerán solo de la voluntad del gobierno chileno, sino también de la confianza, las capacidades y los incentivos de los demás países. Si el nuevo ministro Arrau logra liderar y ordenar esos factores, puede abrir una agenda útil para la región y políticamente rentable para el gobierno. Si falla, corre el riesgo no solo de pagar costos de popularidad, sino también de confirmar una lección conocida: en seguridad, prometer coordinación suele ser más fácil que construirla.