COMENTARIO | Fronteras militarizadas: una solución que no aborda el problema de fondo

El reciente anuncio del presidente Gabriel Boric de desplegar a las Fuerzas Armadas mediante decreto supremo en frontera para que realicen controles de identidad, registros e incluso detenciones en flagrancia, evitando además la renovación cada tres del mandato que permite su despliegue, suena poderoso y busca transmitir firmeza. Sin embargo, tras el aparato militar y la retórica de seguridad se esconde una política pública costosa y de una eficacia, cuando menos, cuestionable

Toda política de esta envergadura debe ser evaluada con rigor, más aún cuando implica otorgar funciones policiales a instituciones que, por mandato constitucional y formación, no están diseñadas para ello. La pregunta de fondo es inevitable: ¿es este el mecanismo idóneo?

La respuesta parece emerger de los propios datos oficiales. Una solicitud de transparencia al Estado Mayor Conjunto revela una cifra elocuente: entre enero y abril, en el marco del Decreto 78, se controló a 42.715 personas. De esa masa crítica, solo 35 fueron detenidas. Esto representa un 0,08% del total. Estas estadísticas no son un mero dato curioso, sino un indicador potente que debería encender todas las armas. El inmenso despliegue logístico y humano que realizan las FF.AA. —sumado al que efectúan en la macrozona sur por los estados de excepción constitucional— ha dado como resultado una eficacia marginal en su objetivo declarado de combate directo a la delincuencia en la frontera.

Valorar el rol y la disciplina de las FF.AA. es una cosa; otra muy distinta es emplearlas en tareas para las que no se encuentran diseñadas, o capacitadas, ni equipadas para tareas policiales, porque no es su función principal. La ínfima tasa de detenciones sugiere con fuerza que su presencia, en los términos planteados, funciona más como un elemento disuasorio visual —un paliativo político— que como una solución estructural al problema fronterizo. El mensaje es claro: estamos ante una estrategia que confunde la presencia militar con la efectividad en seguridad.

En el contexto de una grave crisis de seguridad pública, la ciudadanía exige soluciones reales, no escenificaciones. La baja cifra de detenidos demuestra que, sin una redefinición profunda de la estrategia integral de control fronterizo, esta medida no hará más que maquillar la magnitud del desafío. Esta estrategia debe pasar por una inteligencia policial más afinada, una coordinación internacional robustecida y un ataque a las redes criminales en su origen.

Militarizar la frontera, si se implementa de forma aislada, es una solución miope. Equivale a reforzar la puerta principal de una casa mientras las traseras y laterales permanecen abiertas de par en par. Para una estrategia eficaz es imperativo trascender el mero despliegue de fuerzas y abordar causas estructurales. Esto implica: primero, revisar el marco legal para tipificar de manera efectiva el ingreso irregular; segundo, establecer medidas disuasorias creíbles en terreno; y tercero, crear un sistema integral de registro que permita expulsiones ágiles y reconducciones exitosas. Solo así se puede desincentivar verdaderamente la migración irregular.

Pilar Giannini, investigadora AthenaLab

10 de octubre de 2025