COLABORACIÓN EXTERNA | Chile mira a la Luna: ¿desde dónde quiere hacerlo?

Esta semana, cuatro astronautas a bordo de la nave Orion han completado la primera navegación tripulada alrededor de la Luna en más de cincuenta años. Ya no se trata de plantar una bandera. Se trata de quedarse, operar y construir. La Luna ya no es un destino: es una plataforma. Y desde esa plataforma, orbital, lunar y eventualmente marciana, se definirá una parte relevante del orden internacional futuro.

El lanzamiento de Artemis II marca un punto de inflexión que va más allá de la hazaña técnica. Lo relevante no es el cohete ni la cápsula: es el sistema que los rodea. Los Acuerdos Artemis establecen principios de interoperabilidad, uso de recursos y transparencia que, presentados como estándares técnicos, funcionan en la práctica como la base de una gobernanza global del espacio. Quienes participan en su diseño definen las reglas. Quienes solo las acatan, dependen de ellas. No es casual que dos de las mayores potencias espaciales hayan decidido mantenerse fuera: quien no acepta las reglas comunes no queda excluido del espacio, sino del sistema que lo organiza. La diferencia es enorme.

Este cambio de paradigma tiene una implicancia estratégica central: el espacio ha dejado de ser un ámbito de exploración para convertirse en infraestructura crítica. Los satélites ya no son multiplicadores del poder terrestre; son columna vertebral de la economía digital, la logística, la defensa y las comunicaciones. Esa infraestructura depende de cables submarinos, centros de datos y arquitecturas de procesamiento globales. En consecuencia, la soberanía espacial y la soberanía digital convergen en un mismo problema: el control del flujo de información. No hay autonomía en uno sin avances concretos en el otro. El poder, en este nuevo tablero, no se mide en cohetes o satélites propios. Se mide en la capacidad de definir estándares, protocolos y condiciones de operación; es decir, en quién gobierna el sistema.

Lo que Chile tiene y lo que aún le falta

Chile no parte desde cero en este debate. La Fuerza Aérea lleva décadas construyendo una visión institucional que pocos países de la región pueden exhibir. La inauguración del Centro Espacial Nacional en Cerrillos en diciembre de 2025 (5.800 metros cuadrados con sala limpia certificada para ensamblar satélites, centro de control de misiones y laboratorio de ciencia de datos) y la firma de los Acuerdos Artemis en octubre de 2024 no fueron gestos diplomáticos: fueron decisiones de posición. Significan que cuando se discuta cómo operar en la Luna o cómo regular los recursos extraterrestres, habrá una silla con el nombre de Chile.

Pero Chile tiene algo más que infraestructura y acuerdos: ventajas comparativas concretas que muy pocos actores en el mundo pueden replicar. El polo sur lunar, objetivo central del programa Artemis, concentra reservas de agua congelada. Quien controle ese recurso controlará el hidrógeno y el oxígeno necesarios para producir combustible y sostener vida más allá de la Tierra. La minería espacial dejó de ser ciencia ficción: es hoy un sector emergente con actores, reglas en construcción y decisiones estratégicas que se tomarán en los próximos años. Chile llega a esa conversación con décadas de experiencia operando en los entornos más extremos del planeta. La minería en el Desierto de Atacama, en condiciones de temperatura, altitud, radiación y escasez de agua que se asemejan a las de entornos extraterrestres, es exactamente el tipo de expertise que las misiones lunares van a necesitar. Los extremófilos estudiados en los salares del norte y en la Antártica ofrecen modelos biológicos únicos para comprender cómo puede subsistir la vida sin atmósfera.

Chile es una potencia minera en la Tierra. Eso no es una metáfora de lo que podría llegar a ser en el espacio: es la base concreta desde la cual proyectarse.

Sin embargo, esas ventajas no se convierten solas en posición estratégica. El riesgo es quedar atrapado en un rol periférico: aportar capacidades específicas sin influencia en la definición de las reglas. La dependencia tecnológica no se impone por decreto; se construye a través de ausencias acumuladas en los foros donde se toman las decisiones que importan. Las inauguraciones y las ferias no bastan: hace falta integrar política espacial y política digital en una sola estrategia, traducir la adhesión a Artemis en participación activa en la definición de estándares, y construir una visión de Estado que trascienda los ciclos de gobierno.

Una decisión que no admite demora

Esta semana abre FIDAE 2026 en Santiago, con un Space Summit que por cuarta vez reunirá a la comunidad espacial nacional e internacional. El Centro Espacial Nacional de Cerrillos exhibirá ante el mundo la sala limpia donde Chile construirá sus propios satélites. Son señales concretas. Pero señales no son estrategia.

La pregunta de fondo no es si Chile participará en la nueva arquitectura espacial. Ya lo hace. La pregunta es en qué condiciones: como actor que contribuye a moldear el sistema, o como uno que simplemente opera dentro de las reglas que otros fijaron.

En un mundo donde la infraestructura digital define cada vez más la capacidad de decisión soberana, esa distinción no es menor. Participar otorga acceso. Influir otorga poder. Y en el siglo XXI, el poder no pertenece necesariamente a quien posee más recursos, sino a quien define las condiciones bajo las cuales esos recursos se utilizan.

Chile mira la Luna. La pregunta es desde dónde quiere hacerlo.

Kenneth Pugh Olavarría

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