Los otros desafíos para el gobierno: seguridad nacional y defensa

El pasado 1 de junio, el presidente José Antonio Kast presentó ante el Congreso Nacional su primera Cuenta Pública. El discurso fue coherente con las urgencias que determinaron el resultado electoral: la seguridad pública, la reactivación económica y la atención a las demandas sociales más inmediatas concentraron la casi totalidad de su contenido. Un jefe de Estado que asume en medio de una triple emergencia —como él mismo la definió— no puede sino priorizar aquello que más complica a la mayoría de los chilenos.

Sin embargo, precisamente porque la Cuenta Pública no puede abarcarlo todo, resulta oportuno identificar aquellas áreas que, sin acaparar titulares, condicionan la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en el mediano y largo plazo: la seguridad nacional y la defensa. Ambas materias requieren decisiones que van más allá de la contingencia política y que, si no se abordan con visión estratégica desde el inicio de la administración, difícilmente se podrán corregir a mitad de camino. El propósito de este artículo es contribuir, desde la reflexión informada y el análisis de política pública, a identificar una agenda en estas materias para los próximos años. Para esto, el texto reúne ideas e iniciativas que AthenaLab ha planteado durante los últimos años y que, se estima, son relevantes para Chile.

El problema de fondo: una arquitectura de seguridad nacional inexistente

El primer paso para enfrentar con seriedad los desafíos de seguridad del Estado es nombrar el problema con precisión, sin eufemismos. Lo que Chile enfrenta no es únicamente un problema de delincuencia ni de orden público, sino una amenaza a su seguridad nacional. La distinción importa, porque de ella se desprende la escala de la respuesta que se requiere. El crimen organizado transnacional, la porosidad de las fronteras, la presencia de redes de tráfico y la debilidad institucional acumulada por años no son fenómenos que se resuelvan solo con iniciativas sectoriales, como pueden ser aumentar policías en los barrios o reformas al Código Penal. Exigen una respuesta articulada del conjunto del Estado, desde el más alto nivel del poder ejecutivo.

Para ello, tal como AthenaLab ha insistido, resulta indispensable crear una arquitectura de seguridad nacional de carácter eminentemente político y civil, capaz de integrar y coordinar, a nivel estatal, la totalidad de los actores e instrumentos relevantes. Chile carece hoy de un organismo con esas características y con esas atribuciones. Un sistema así —con un Consejo de Seguridad Nacional— permitiría monitorear de manera continua los riesgos y amenazas que enfrenta el país, así como anticipar escenarios en lugar de reaccionar cuando los problemas se han vuelto una realidad. Sobre esa base, sería posible diseñar e implementar una estrategia de seguridad nacional de largo plazo, que gestione con coherencia todos los elementos del poder del Estado.

Inteligencia nacional

Ninguna arquitectura de seguridad nacional puede funcionar sin un sistema de inteligencia moderno y robusto que la sustente. Este es quizás el ámbito donde Chile muestra el mayor rezago. Los esfuerzos de inteligencia del Estado están hoy dispersos entre distintas instituciones, sin que existan mecanismos efectivos de articulación ni de integración oportuna de la información disponible. El resultado es predecible: diagnósticos tardíos, respuestas reactivas y la incapacidad de anticipar amenazas que, en retrospectiva, resultaban evidentes.

Con la recientemente promulgada ley 21.821 que pretende modernizar la inteligencia nacional, se abren oportunidades. No obstante, construir ese sistema exige más que modificaciones legales. Requiere incorporar tecnología de punta, reclutar a los mejores especialistas disponibles y operar bajo una orientación y control civil inequívocos. Un sistema de inteligencia eficiente que sirva a la seguridad nacional no es una amenaza a las libertades públicas, sino, por el contrario, una condición para protegerlas. Los países que han logrado enfrentar con éxito el crimen organizado transnacional no lo han hecho únicamente con más recursos policiales, sino con mejor información, procesada a tiempo y puesta al servicio de quienes toman decisiones.

Capital humano especializado

Una arquitectura institucional sólida y un sistema de inteligencia funcional son necesarios, pero insuficientes si no existe el capital humano capaz de sostenerlos. Chile presenta hoy un déficit severo de profesionales especializados en seguridad nacional, defensa y seguridad pública. La asesoría al más alto nivel recae con frecuencia en personas que, pese a su dedicación, no han recibido la formación específica que estas materias exigen. Las consecuencias son visibles: diagnósticos que yerran en la escala del problema y soluciones que no se corresponden con su complejidad.

Revertir esta situación requiere una política pública deliberada y sostenida. Ello implica —a través de convenios, intercambios, pasantías u otros— financiar la formación de profesionales en las mejores instituciones del mundo, generar los incentivos para que la academia nacional multiplique sus programas e investigaciones en estas áreas, y promover la existencia de centros de estudios con capacidad de producir conocimiento aplicado y pertinente. Ciertamente, el Estado necesita contar con los mejores expertos disponibles, tanto para asesorar las decisiones de gobierno como para asumir posiciones de liderazgo en el ámbito de la seguridad. Ahora bien, se sabe que esta inversión no produce resultados inmediatos, pero ninguna de las demás reformas podrá consolidarse sin ella.

Actualizar la Defensa sin desnaturalizar su esencia

Las Fuerzas Armadas chilenas gozan de un merecido reconocimiento, tanto en el plano nacional como en el internacional, tal como el propio presidente Kast reconoció en su discurso. Su profesionalismo y su tradición institucional son activos que el país no puede darse el lujo de deteriorar. Sin embargo, la demanda creciente de roles no tradicionales —despliegues prolongados en las macrozonas norte y sur, apoyo al control fronterizo y participación en tareas de orden público— ha sometido a las instituciones a una presión sostenida que, si no se acompaña de los recursos y del reconocimiento correspondientes, terminará erosionando precisamente aquello que hace valiosa su contribución.

En este contexto, una de las tareas más relevantes de la presente administración será optimizar la conducción conjunta de las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor Conjunto y los comandos conjuntos existentes deben ganar relevancia y libertad de acción, reconociendo las particularidades geográficas y estratégicas de las zonas norte, centro y sur del país. Una conducción conjunta más robusta no debilita a las instituciones, sino que las hace más eficaces como parte de un sistema de defensa coherente. Ya hay un camino recorrido sobre el cual avanzar.

Paralelamente, es imprescindible revisar las capacidades estratégicas disponibles. Existen áreas de obsolescencia significativa y problemas de interoperabilidad entre las fuerzas que limitan la eficacia del conjunto. Es imposible hacer más con lo mismo o con menos. Esto no equivale a propugnar un gasto irresponsable en sistemas de armas, sino más bien a identificar, con criterio técnico y bajo estricto control civil, cuáles son los medios indispensables para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir sus misiones, priorizando todo lo vinculado a la vigilancia y protección de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país.

A esto se debe agregar la obligación de la Defensa de reforzar y explorar otras dimensiones de las operaciones relacionadas con el ciberespacio, inteligencia artificial, el espacio exterior, el escenario submarino, etc. Las experiencias observadas en conflictos en el último tiempo dan cuenta de que es una realidad que sólo se incrementará en el futuro.

La carrera militar y el personal en servicio

Ningún sistema de defensa puede sostenerse sin personas que elijan libremente dedicar su vida a él. Chile enfrenta una pérdida progresiva de talento en las instituciones armadas y, por cierto, no ha recibido toda la atención que merece. Recuperar el atractivo de la carrera militar, en todos sus escalafones, exige algo más que declaraciones de apoyo: requiere mejores oportunidades de desarrollo profesional, incorporación efectiva de tecnología en las funciones operativas, reconocimiento del mérito y condiciones que les permitan a los uniformados cumplir sus misiones con la dignidad propia de quienes sirven al Estado.

En este mismo ámbito, el Presidente fue claro en su mensaje al manifestar su respaldo a la acción de las policías, el que debe extenderse a las fuerzas militares desplegadas y por desplegarse en funciones de orden interno. Esto no significa impunidad ni implica cuestionar el funcionamiento del sistema judicial. Más bien se trata de garantizar el respaldo de mando necesario para que aquellos que representan al Estado en funciones de seguridad no se encuentren en una situación de desamparo institucional, como ha sido en el pasado. Un uniformado que duda antes de actuar, porque teme las consecuencias judiciales de ejercer su función, no está en condiciones de proteger a nadie.

Finalmente, el servicio militar obligatorio merece una revisión profunda y una modernización que lo convierta en una experiencia verdaderamente formativa. Con más de un siglo de historia en la República, esta institución representa una oportunidad cierta para que jóvenes chilenos, hombres y mujeres, adquieran competencias técnicas, fortalezcan sus valores cívicos y contribuyan al país en un período decisivo de su formación. Para aprovechar ese potencial, se necesita invertir en esa experiencia y no administrarla con los mismos criterios que se han aplicado durante décadas. Es cierto que distintos gobiernos han realizado esfuerzos por mejorar las condiciones, pero no se ha abordado el problema de forma estructural, sino más bien a través de incrementar beneficios.

Industria de defensa e innovación

En un mundo en el cual el conflicto se ha vuelto una constante y la dependencia de proveedores externos puede transformarse en una vulnerabilidad crítica, Chile debe avanzar hacia un nivel mínimo de independencia estratégica en materia de defensa. Aquello significa recuperar y fomentar una industria nacional de defensa que le permita al país actuar con libertad de acción frente a escenarios de incertidumbre. Las empresas del Estado existentes —FAMAE, ASMAR y ENAER— son un punto de partida, pero no suficiente.

Chile cuenta con el talento y las capacidades tecnológicas para aspirar a un lugar relevante en innovación aplicada a la defensa. Para ello, se requiere una estrategia nacional que genere incentivos para la investigación y el desarrollo en esta área, que involucre activamente al sector privado y que establezca una relación público-privada comparable a la que existe en las democracias más avanzadas del mundo. Un plan de estas características no solo fortalecería la autonomía estratégica del país, sino que también crearía empleo calificado, impulsaría la innovación y podría tener efectos positivos sobre otros ámbitos del desarrollo nacional. Es, en síntesis, una inversión que se justifica plenamente, tanto por razones de seguridad como de política económica.

Consideraciones finales

El presidente Kast tiene a su disposición cuatro años para dejar una huella duradera en la institucionalidad de seguridad nacional y defensa de Chile. Las urgencias del presente son reales y no pueden ignorarse, pero la experiencia muestra que los gobiernos que solo gestionan lo urgente terminan dejando intactas las condiciones que generan la próxima crisis. Las materias que se han expuesto en estos párrafos no compiten con las prioridades declaradas en la Cuenta Pública, sino que las complementan y les otorgan una base más sólida.

Una arquitectura de seguridad nacional coherente, un sistema de inteligencia debidamente articulado, el desarrollo del capital humano especializado, la modernización de las Fuerzas Armadas y el impulso a una industria nacional de defensa no son aspiraciones de largo plazo que puedan postergarse indefinidamente: son, más bien, condiciones para que las políticas de seguridad pública que hoy se anuncian puedan sostenerse en el tiempo. Chile lo necesita, y este gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de comenzar a construirlo.