COLUMNA | El problema de la Defensa Nacional

El problema fundamental de la Defensa Nacional es llegar a un acuerdo de que es lo queremos defender o proteger, para después determinar los recursos que asignamos a esa protección.

Independiente de que es responsabilidad del Ministerio de Defensa producir la política de defensa y la política militar, su producción implica poner de acuerdo las autoridades políticas con las fuerzas armadas en que es lo que se va a defender, y dentro de ello, lo que es prioritario.

Todos obviamente están de acuerdo en que la defensa del territorio y de sus fronteras es lo más importante, pero dentro del territorio nacional aparentemente no todo tiene igual valor. Se percibe de más alto valor el territorio continental y el insular que va desde Arica al Cabo de Hornos, pasando a tener menor prioridad para todos excepto los marinos, los territorios chilenos insulares ubicados en el Pacífico Sur como son el archipiélago de Juan Fernández, Salas y Gómez, Rapa Nui, y las Desventuradas.

Similar suerte corre el territorio chileno Antártico, el cual todos sabemos es parte integral de Chile, pero que en la practica no recibe la misma atención y valor al minuto de tener disponibles medios para su defensa.

La zona económica exclusiva, que en el caso de Chile es casi 5 veces el territorio continental, es importante, tiene muchos recursos, que también los hay en las plataformas continentales, tanto la regular como la extendida, pero no tiene chilenos que vivan en ella, disminuyendo su importancia para el mundo político.

Conforme nos alejamos más de Chile las cosas sólo interesan a los marinos. Proteger los mares por donde circula el 90% de nuestro comercio exterior y en particular los puntos críticos como son el Canal de Panamá, o bien el Estrecho de Malaca es algo cuya importancia no todos entienden, asumiendo que es responsabilidad de otros, y no una compartida, el que los océanos estén abiertos para el comercio marítimo.

Lo indicado en los párrafos anteriores tiene una importancia no menor. Ser capaces de poder defender todo lo que nos interesa y estar en condiciones de proteger el interés nacional donde sea que esté ubicado con presupuestos limitados no es algo realista, más aún con la realidad fiscal que tenemos.

La priorización debiera incluir lo que se busca proteger, las amenazas que puedan existir y obviamente la disponibilidad presupuestaria, tema que se supone debería cubrir la ley de financiamiento de capacidades estratégicas conforme se aplique correcta y oportunamente.

Lo que no puede suceder es que con el objeto de evitar la discusión y dejar a todos contentos, el gasto e inversión en defensa siga la antigua lógica de los tres tercios, debiendo más bien obedecer a la guía que da la actual política de defensa, la que se va más por el lado de generar y mantener capacidades que tengan