Del presupuesto 2027 de la Defensa Nacional

Si tenemos que elegir a qué dedicar los pocos soldados que tenemos, está claro que es a la labor principal: la protección de la soberanía y el territorio. La seguridad pública deberá seguir siendo esencialmente un tema policial y no uno militar.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast está haciendo un importante esfuerzo por poner al día las cuentas de la Defensa Nacional, cuentas que fueron mayormente desatendidas por la administración anterior, dejando el tema de sostener y generar una capacidad disuasiva creíble en manos del gobierno que los reemplazaría. Nada relevante en lo estratégico fue aprobado o gestionado por ellos. Lo que tenemos ahora viene de administraciones previas al gobierno de Boric. Literalmente tiraron la pelota al córner… Sad but true.

Dicho lo anterior, y es algo de lo que está consciente el ministerio que dirige Fernando Barros Tocornal, la mantención de las capacidades estratégicas chilenas, esas que nos dan superioridad militar en la región, que nos deberían permitir continuar teniendo la paz y tranquilidad de la que hemos gozado por más de 20 años, va a costar del orden de US$20 billones en un plazo de 12 o 13 años, algo que la estructura actual de la ley de financiamiento de capacidades estratégicas es incapaz de atender bajo su actual diseño, ya que con el aporte basal actualmente definido no llegamos ni a la vuelta de la esquina en materia de tener capacidades significativamente estratégicas. Sólo nos da un tercio de lo que necesitamos. Por favor tomar nota.

Para el 2027 el presupuesto considera un aporte del Estado de US$588 millones para el fondo de financiamiento de capacidades estratégicas, eso es US$100 millones más que lo que se debe colocar de acuerdo con la ley, buscando de a poco ir cerrando la brecha y falta de atención en años anteriores, lo que viene a complementar el esfuerzo que ya se ha estado realizando durante el 2026 en esta materia. Lo que se ha dejado pendiente nuevamente es el aporte del Estado al Fondo de Contingencia Estratégico, un fondo que debe tener US$1.000 millones y que actualmente tiene algo que no supera los US$10 mil. La lógica que aplica el Estado es que de ser necesario y ante una emergencia, ese fondo recibirá lo que debe tener o más. Ello, conforme tengamos de dónde girar en la Tesorería o líneas de crédito para estos fines. Es un riesgo calculado que estamos corriendo.

Aún gozamos de importantes ventajas sobre nuestros vecinos, ventajas que estamos preocupados de mantener con el objeto de tener un adecuado nivel de disuasión. Ellos, todos los cuales tienen objetivos políticos positivos, están buscando recuperar capacidades que perdieron producto de la desinversión que realizaron en años recientes. El Perú y la Argentina son muy activos en esta materia. El tema es que ya no nos podemos dejar estar y llegó el minuto de invertir, ya que, de lo contrario, vamos a perder la ventaja y con ello la seguridad que nos da el tener capacidades estratégicas superiores. La paz en el Cono Sur de Sudamérica sólo existe cuando Chile tiene más capacidades o capacidades suficientes como para disuadir cualquier aventura conjunta que tenga como objeto el territorio, los mares, el aeroespacio o la soberanía de Chile. Tomar nota.

Una de las cosas que hace el proyecto de ley de Presupuesto para el 2027 con el aumento del 7,6% es que permite esencialmente no tener que recurrir a los fondos de capacidades estratégicas para financiar la operación, entrenamiento y mantenimiento, cosa que se había estado realizando producto de que el presupuesto ordinario no era capaz de asegurar que las instituciones pudieran realizar tanto lo mínimo operativo que debían hacer como lo adicional que se les ha estado pidiendo en materia de seguridad pública. Con este ajuste, también se ponen a disposición fondos para que el Ejército pague lo que traía de arrastre, cosa que el Presupuesto del 2026 no permitía. En el fondo, el proyecto de ley del 2027 elimina los desórdenes del pasado. Bien por Defensa y Hacienda. Esperamos que el 2028 sea el año en que arranquen las inversiones, lo que implica tener durante el 2027 los planes de reequipamiento, algunos de los cuales ya fueron anunciados por el ministro de Defensa en una de sus visitas a Punta Arenas.

Lo que la ley de Presupuesto no hace es permitir al Ejército un aumento de dotación. Aparte de la planta, sólo considera 1.600 soldados de tropa profesional y 5.857 conscriptos. Para futuro quedará volver a los números de soldados profesionales del orden de 7.000 que se requieren para el resguardo de fronteras y otras labores intensivas en personas. Mientras ello no suceda, la concurrencia del Ejército a labores de seguridad pública no será posible. Si tenemos que elegir a qué dedicar los pocos soldados que tenemos, está claro que es a la labor principal: la protección de la soberanía y el territorio. La seguridad pública deberá seguir siendo esencialmente un tema policial y no uno militar. Si el mundo político quiere insistir en que las Fuerzas Armadas sean parte de la fuerza pública se tienen que colocar con los fondos correspondientes.

Ya comenzaron los que no quieren ver un aumento en el presupuesto de Defensa Nacional, lo hacen porque sus propios presupuestos están a la baja, ya sea porque al ser evaluados se determinó que son un malgasto o no se justifican. Olvidan que la Defensa ha estado desatendida por años, que cada vez se le pide más con menos, pero todo tiene un límite. No pueden esperar que estemos en condiciones de defender Magallanes y la Zona Austral a costo cero a la vez que se protege el interés nacional donde sea que está ubicado. Chile destina dos tercios de su presupuesto al gasto social, gasto que sólo tiene justificación si somos capaces de ofrecer a los chilenos ser soberanos y vivir en libertad. El aumento de este año en la Defensa es lo mínimo que se necesita para mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas. Aún estamos lejos de los estándares internacionales del 2 o 3% del PIB, el 7,6% no cambia esa ratio significativamente.

Se asume que una de las prioridades de la Defensa Nacional es tener los niveles de amunicionamiento que las instituciones requieren, como también realizar los mantenimientos del material del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea y de lo que esté bajo el control de lo conjunto. La disuasión, para ser efectiva, ahora necesita de capacidades estratégicas equipadas, entrenadas, operativas y disponibles. Es lo que en la Marina se conoce como estar en condiciones de flotar, navegar y combatir.

Esperamos que la Defensa Nacional bajo la conducción del ministro Barros pueda defender su presupuesto de los ataques que va a recibir, y que cuente con el apoyo de las comisiones de Defensa de ambas cámaras. Creemos que es un presupuesto razonable, que va en la dirección correcta. Ya podremos conocer antes de cerrar el año, la política de defensa y la política militar. Ello permitirá tener una mejor idea del cómo el gobierno ve las cosas en materia de defensa. Dicho eso, la prueba final de este gobierno es el plan de requipamiento y de mantención de capacidades estratégicas con su respectivo financiamiento, algo que debería estar disponible durante el 2027.

RICHARD KOUYOUMDJIAN
Vicepresidente ejecutivo AthenaLab