COLUMNA | Entre Colombia y México: Aprendizajes del combate al narcotráfico

Cuando se revisan las propuestas que se hacen a diario para enfrentar la crisis de seguridad del país muchas de ellas parecen provenir desde el miedo, lo cual es lógico. No solo por lo movilizadora que resulta esa emoción en la ciudadanía y, por tanto, útil para quienes apelan a ella por razones políticas, sino también por la inexperiencia de la sociedad chilena ante la potencia descomunal del narcotráfico y la sofisticación del crimen organizado en sus distintas variantes.

Al revisar mis años como corresponsal de The Associated Press entre 2000 y 2007 en Colombia y México, dos de los principales frentes de batalla de la llamada Guerra contra la Drogas, recuerdo algunas experiencias positivas y negativas, que creo resulta pertinente compartir.

EL LIDERAZGO IMPORTA. Cuando la violencia asociada al conflicto interno alcanzaba su peak en Colombia por acción de las narcoinsurgencias, Álvaro Uribe llegó al poder con la promesa de ser “el primer policía” y “el primer soldado de la Patria”. Más que eslogan de campaña, el presidente desde el primer día hizo del tema de la seguridad su prioridad, lo que significó una firme conducción política de las fuerzas armadas y de policía, implementar decisiones difíciles —decretar zonas de excepción en áreas dominadas por la guerrilla o pedir a los empresarios un impuesto de emergencia— y asumir personalmente los costos de los errores que, sin duda, siempre van a existir cuando miles de tropas pasan a la ofensiva. Su gobierno (2002-2010) hundió la producción de cocaína a mínimos que ahora parecen inalcanzables y redujo sistemáticamente homicidios, atentados y secuestros. Hoy los gobiernos de Estados Unidos, Argentina y Perú instan a la OEA a declarar organización terrorista al Tren de Aragua, no por temor a un atentado explosivo, sino para contar con más y mejores herramientas para desmantelarlo. Eso supone un liderazgo comprometido.

GOLPE AL BOLSILLO. Cada vez que se incautaba un solo bien a un narco había que probar que era producto de dineros malhabidos, proceso judicial que se reiniciaba si se le descubrían nuevas propiedades, autos, etc. Funcionarios del gobierno de Uribe se dieron cuenta que los criminales tienen problemas para justificar su patrimonio rápidamente y presentaron una reforma que acortó los tiempos para entregar antecedentes. Es decir, se introdujo la “extinción de dominio exprés”; tras unos cuantos meses el Estado se hace propietario del bien si no hay justificación en el plazo establecido. Asimismo, se promulgaron leyes para endurecer castigos a testaferros y se negó acceso a los bienes a los familiares. En suma, se decidió complicar el negocio del crimen y emplear sus propios fondos para combatirlo o rehabilitar a sus víctimas. Pero eso requirió jueces audaces también (a propósito, imprescindible leer “Los valientes están solos”, de Roberto Saviano, sobre el juez antimafia Giovanni Falcone).

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS. Llámese corresponsabilidad o ataque combinado, Estados Unidos está consciente de que es el mayor mercado de consumo de la cocaína que se produce en América Latina y pocas veces niega ayuda para combatir al narcotráfico, cuando se le pide, si del otro lado existen autoridades confiables. Son más bien gobiernos como el de Evo Morales (2006-2019) en Bolivia y Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador los que deciden expulsar a los agentes antidrogas estadounidenses, con los resultados que todos conocemos en esos países. La cooperación o asesoría de Washington es útil también para atacar fenómenos asociados a la industria de la droga, como el lavado de dinero (Departamento del Tesoro sancionando a bancos mexicanos) o el control efectivo de cárceles (el Buró Federal de Prisiones asesoró la construcción del penal de máxima seguridad de Cómbita, en Colombia).  Por tanto, tener una buena relación en la materia con Estados Unidos tiene efectos positivos y disuasivos. Hasta un hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán prefirió entregarse.

UN MAR DE OPORTUNIDADES. Cuando la región está inundada con 3.700 toneladas anuales de cocaína, la interceptación de droga se vuelve una prioridad. Y si bien las policías hacen un trabajo valioso en las calles, lo cierto es que los grandes cargamentos se incautan en el mar. Hasta los constructores de narcosubmarinos lo entienden. Por eso, mejorar los controles en puertos, dotar de más medios a las armadas y guardias costeras (buques, radares, drones), mejorar el intercambio de información con marinas amigas y coordinar patrullajes son formas más eficientes para sacar miles de kilos de circulación.  Operaciones marítimas regionales de interdicción como “Orión VIII” o “Martillo” deberían volverse más frecuentes o ser emuladas a nivel subregional, como en la costa pacífica de Sudamérica.

DESPLIEGUE SIN PROYECCIÓN. En diciembre de 2006, cuando llevaba menos de 10 días en el poder, el entonces presidente Felipe Calderón desplegó el Ejército para recuperar territorios donde el Estado era desafiado a diario. Más que amilanarse, los carteles avanzaron hacia la militarización, adquirieron armamento más pesado, contrataron exsoldados y cooptaron a los agentes municipales. Mientras tanto, la propuesta de unificación de policías y creación una gran fuerza federal fue torpedeada sistemáticamente por la oposición a Calderón en el Congreso. Su sexenio fue descrito como uno de los más violentos, como lo serían aún más los de sus sucesores Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Este último líder izquierdista terminó empleando los militares, además, para administrar aduanas, operar aeropuertos y construir trenes. Es decir, es fácil sacar los soldados a combatir a los narcos, pero es difícil hacerlos volver a los cuarteles si no se proyecta desde el inicio su estrategia de salida, perpetuando situaciones de emergencia por naturaleza temporal.

Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab

Una versión más resumida de esta columna fue publicada en El Mercurio A4 el 19/072025.