COLUMNA | ¿Quién es responsable por la Defensa Nacional en Chile?

¿Quién es responsable si es que Chile, cuando lo necesite, no cuente oportunamente con sus capacidades estratégicas? Es una difícil pregunta porque los ciclos relacionados al desarrollo de capacidades estratégicas son largos e involucran a muchos actores, de distintas administraciones. Pero está claro que los Presidentes de la República, los ministros de Defensa y de Hacienda, y las comisiones de Defensa del Congreso tienen una responsabilidad innegable en la materia. El problema es cómo se les hace efectiva esa responsabilidad si es que no llegan a cumplir con mantener las capacidades que Chile necesita para la defensa de su territorio, la soberanía y la protección del interés nacional donde sea que esté ubicado. Es imprescindible recordar que para tener una determinada capacidad estratégica tienen que concurrir múltiples factores, donde el material o los sistemas de armas son solamente uno de ellos.

La siguiente pregunta es, ¿qué responsabilidad les cabe a las Fuerzas Armadas en la renovación de capacidades estratégicas? Las Fuerzas Armadas por mandato constitucional son profesionales, jerarquizadas obedientes y no deliberantes, condiciones bastante restrictivas para hacer valer su opinión técnica y profesional. Hay quienes indican que las definiciones y responsabilidades respecto de la inversión en defensa son del nivel político y que la Defensa Nacional se debe ajustar a lo que se resuelva. Pero hay otros, dentro de los que me incluyo, que dicen que si las instituciones no se preocupan de hacer presente sus necesidades y puntos de vista, de explicarles a los políticos las consecuencias de degradar las capacidades estratégicas, renovar el material, retener el talento, mantener los niveles de entrenamiento, actualización doctrinaria, una logística que asegure el adecuado alistamiento y un grado de amunicionamiento que permita entrenamiento en condiciones realistas, de todas las capacidades, nadie va a mover un dedo por la defensa. Por, sobre todo, las Fuerzas Armadas deben presionar a las autoridades políticas para que las definiciones de orientación política para la conducción de la defensa estén actualizadas y sean de utilidad para los procesos de planificación. Ha habido casos internacionales en que los jefes institucionales han renunciado en forma de protesta cuando los procesos, según ellos, no son bien conducidos por el nivel político.

No son muchos los países en donde los ministerios de Defensa son conducidos por profesionales en la materia o que se han preocupado de tener una masa crítica de civiles preparados en defensa. Chile en los últimos años ha tenido más bien ministros que no son especialistas, cuya máxima cercanía normalmente viene dada por haber pertenecido a las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados o del Senado, lo que los hace descansar en exceso en quien sea su subsecretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los comandantes en jefe institucionales. Desde la reforma al Ministerio de Defensa en 2010 ha habido buenos subsecretarios de Defensa, destacándose que los tres primeros estuvieron los cuatro años de su gobierno en el puesto y que, por ende, pudieron trabajar sin interrupciones. En el gobierno del Presidente Boric lamentablemente ha habido cuatro subsecretarios de Defensa, lo que evidentemente afectó el manejo y los resultados obtenidos, incluyendo que a la fecha aún no se ha publicado la política de defensa.

¿Por qué importa lo anterior?, importa porque la toma de decisiones en el ámbito de la defensa abarca materias de mucha gravedad, que afectan a la seguridad nacional y además puede acarrear riesgos operacionales que pueden costar la vida de nuestros soldados marinos y aviadores. Baste recordar la catástrofe del ARA San Juan y la cadena de malas decisiones, políticas y castrenses, que culminó en una fatalidad. Ser ministro o subsecretario de Defensa Nacional sin la preparación adecuada es algo que debiéramos buscar evitar, ya que, de lo contrario, la conducción política del gobierno sobre la defensa es deficitaria.

Al gobierno, y en particular al ministerio de Defensa, le corresponde desarrollar a través de la subsecretaría la política de defensa, y también la política militar, la que incorpora el plan de desarrollo de fuerzas. Anterior a ello el gobierno debe hacer su apreciación de riesgos y amenazas, que es el insumo básico que requiere una correcta planificación.

Es en la política militar en donde se entra a determinar el desarrollo de las fuerzas que se van a requerir para los escenarios de riesgos y amenazas, es decir, las capacidades estratégicas necesarias para manejar y disuadir lo que estimamos nos puede afectar a futuro.

Existen varios métodos internacionalmente aceptados para desarrollar fuerzas. Normalmente se desarrolla un mix de ellos, dependiendo de los sistemas que se están desarrollando. En el caso de Chile tenemos un desarrollo de fuerzas definido por capacidades, pero muy marcado por la sensibilidad de algunas amenazas. El desarrollo de drones iraníes en Bolivia, las nuevas adquisiciones de Perú y Argentina tienen que estar permanentemente bajo escrutinio y análisis, verificando que nuestras capacidades puedan seguir aportando la disuasión necesaria para garantizar la paz en nuestras fronteras.

El desarrollo de fuerzas basado en capacidades no es otra cosa que armarse con capacidades varias que se prevé son las más adecuadas para defender y proteger el interés nacional y permitir desarrollar todas las áreas de misión que la conducción política le impone a la defensa. Este método es muy propio de escenarios de incertidumbre como los que se vivieron cuando se terminó la guerra fría y no estaba muy claro quienes materializaban las amenazas, pero sí estaba claro que había áreas de misión que debían ser cubiertas. Para más detalles recomiendo ver este documento de AthenaLab.

Mientras estuvo vigente la ley del cobre, una variable relevante de la ecuación del desarrollo de fuerzas correspondiente al factor presupuestario estaba resuelto, generando certidumbre en la toma de decisiones de defensa. Es por ello por lo que generar incertidumbre respecto a los flujos y aportes basales de la nueva ley de financiamiento de capacidades estratégicas, no es una buena idea.

El desarrollo de fuerza requiere de una clara y precisa definición de los intereses nacionales y a partir de esos intereses se desprende una correcta evaluación de las amenazas y riesgos. Si no estamos claros en ese punto, todo lo que se haga posteriormente corre el riesgo de estar equivocado. Para ser completa la planificación de fuerza debe considerar los cinco dominios que son el terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciber, teniendo presente que la compra de material es solo una parte del desarrollo de capacidades. El personal, el entrenamiento, la doctrina y la logística también concurren a desarrollar capacidades.

Para que el ejercicio sea correcto también debemos definir si las Fuerzas Armadas se involucrarán en labores de seguridad interior como es el caso de la Macrozona Sur, y si es que el Ejército se hará cargo de las fronteras. Hacer labores como estas en forma habitual y no excepcional requiere de desarrollo de capacidades que regularmente no se dan si el objetivo es enfrentar amenazas militares tradicionales.

También corresponde entender que instituciones como la Armada, al igual que la mayor parte de las marinas a nivel global, desarrollan labores de policía marítima y de servicios de guardacostas, obligaciones que no debieran ser un tema para el presupuesto de defensa. El legislador previó el financiamiento del Servicio Marítimo, vía Ley de Navegación, pero el Ministerio de Hacienda utiliza la mala práctica de apropiarse de más de la mitad de la recaudación que ingresa por esta vía.

Si nos enfocamos en desarrollar la fuerza basados en capacidades y disuadir amenazas, y le damos estabilidad a los flujos que la ley determina, no deberíamos tener ruidos, pero continuar pensando que el presupuesto de inversiones de la Defensa Nacional se maneja en tercios es un error que entra a desconocer una planificación seria basada en métodos internacionalmente utilizados. Habrá proyectos que requieren asignaciones adicionales de fondos para adquisición de material y otras capacidades que requerirán un financiamiento mayor para entrenamiento y mantención de estándares operacionales.

Se supone que la discusión anual de desarrollo de fuerza y de discusión de capacidades estratégicas es algo que se debe realizar antes de que se discuta el presupuesto. Espero que se haya hecho, pero hay ruidos que me inducen a pensar que fue imperfecto y que la prioridad del gobierno está en la seguridad pública, dejando de lado todo esfuerzo estratégico.

Es de esperar que todos los actores involucrados entiendan el proceso de planificación de fuerza y cómo funciona el desarrollo de capacidades estratégicas. Las responsabilidades de cada uno están claras y espero que no volvamos a caer en la antigua práctica de desarrollar la fuerza sólo cuando las amenazas están a la vuelta de la esquina.

Me doy por pagado si partimos por tener profesionales capaces como ministros y subsecretarios de Defensa. Respetar los procesos de definición de intereses y determinación de riesgos y amenazas, insumo fundamental para tener buenas políticas de defensa. Sistematizar los procesos nos permitirá salir de la trampa “salomónica” de dividir la asignación de recursos por tercios o pensar que lo conjunto es un fin y no un medio, imprescindible, pero medio al fin, para una mejor Defensa Nacional. El dominio ciber y todo lo que viene asociado a las nuevas tecnologías como drones, sistemas autónomos y la inteligencia artificial merecen una columna en sí mismos. Por ahora hagamos bien la evaluación de riesgos y amenazas, y entendamos cual es el interés nacional que debemos proteger.

Que cada uno asuma su responsabilidad por la Defensa Nacional. Son decisiones demasiado relevantes para los destinos del país y deben ser tomadas con patriotismo, profesionalismo, seriedad y oportunidad. Hay muchas decisiones que no admiten mayores demoras sin poner en riesgo la disuasión que nos ha brindado más de 140 años de paz, pero una paz con sobresaltos importantes.