Operación Tokio, el Tren de Aragua vs Bancos y la UAF

El sistema y los procesos de antilavado de activos y de financiamiento del terrorismo no están a la altura de los riesgos y la iniciativa que demuestra el crimen organizado.  

Hace una semana supimos de lo que se conoce como la Operación Tokio (nombre de la disco en el penal venezolano de Tocorón), una dirigida por el Fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros, una en que se informa de lavado de activos del Tren de Aragua por una cifra de aproximadamente $75.000 millones entre el 2022 y 2025, una en que la totalidad de los fondos ya salieron de Chile.

Los detalles van saliendo de a poco, pero ya tenemos suficientes como para poder indicar que tenemos una grave falla en nuestro sistema de antilavado de activos y de financiamiento del terrorismo, uno que tiene como elemento principal central a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dependiente del ministerio de Hacienda, uno que va bastante más allá que el secreto bancario.

También hay indicios que el sistema financiero como un todo no estaría dando el ancho en este tema, algo que me fue discrepado cuando se publicó mi carta sobre el tema el jueves 4 de junio en El Mercurio, pero en donde todos los antecedentes indican que son varios los bancos que están afectados, e incluso dos de ellos tienen personas propias, o de empresas que les dan servicio, involucradas en el esquema que se montó para lavar en forma efectiva tamaña cantidad de dinero.

Los bancos probablemente van a insistir en que cumplen todo lo que la UAF les pide en materia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y de reportes de operaciones en efectivo (ROE). Con mi experiencia de 20 años en la banca local puedo asegurar que es muy posible que así sea, pero el problema no está en lo que reportan a la UAF y la frecuencia con que lo hacen, sino en que los dos casos del Santander (caso Tokio y caso Clan Chen, este último por US$200 millones) más el caso de una persona externa que daba servicios al Banco Estado, indican debilidades en lo que se refiere a infiltraciones y la incapacidad para detectarlas, como también el hecho de que fueron usados a lo menos cuentas en seis bancos distintos para mover y limpiar activos. Ya veremos lo que tiene que decir la CMF respecto del estado de salud del sistema financiero y, en particular, de la banca en relación con lo ocurrido, algo que ellos ven como más de la UAF que propio.

Claramente en los tiempos actuales cumplir lo que pide la UAF no es suficiente, ello debido a que el sistema y los procesos de antilavado de activos y de financiamiento del terrorismo no están a la altura de los riesgos y la iniciativa que demuestra el crimen organizado en los más recientes eventos ocurridos en el 2026. Puede que lo hayan estado cuando la UAF fue creada hace un poco menos de 23 años cuando se publicó la ley 19.913, que implicó su inauguración el 17 de mayo de 2004. Hora de revisar el qué y el cómo lo hacemos, más aún en un país mucho más bancarizado.

De partida la UAF tiene una dotación insuficiente de sólo aproximadamente 80 personas y un presupuesto anual de menos de US$6,7 millones. Opera con un esquema de supervisión que es más reactivo que pasivo. No es una organización que ande buscando proactivamente el lavado de activos como lo haría un servicio de inteligencia. Sospecho que, con el presupuesto disponible, del cual un 70% es para pago de sueldos, que su contratación de tecnologías de última generación y específicamente del tipo IA no es algo que esté muy disponible para ellos.

El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). Se basa en la existencia de 55 tipos de empresas del sector privado y de buena parte del sector público que son categorizados como sujetos obligados de reportar actividades (ROS y ROE) producto de que por su naturaleza pueden ser usados para lavar activos o financiar terrorismo.

La misión de la UAF es prevenir y detectar el LA/FT en Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, la supervisión basada en riesgos, la difusión de información de carácter público y la cooperación institucional (con entidades públicas y privadas, de Chile y el extranjero), con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que genera la actividad criminal.

Los hechos recientemente ocurridos deben llevarnos a revisar si la actividad de inteligencia financiera está siendo realizada correctamente, y también si la evaluación y dimensionamiento de los riesgos está bien ejecutada. Lo digo porque necesitamos saber si el problema es de planificación o de ejecución, o de ambos. Lo que sí está claro es que el sistema no está entregando los resultados esperados. La operación Tokio salta por un descuido de los criminales al usar redes de WhatsApp para la realización de sus actividades. Un celular abandonado en el sitio del asesinato de cinco personas en Lampa en el 2024 es lo que permite detectar el esquema de operación, sus características técnicas, y bancos afectados. No fue algo que saltara por la UAF.

En la nueva ley de inteligencia recientemente publicada, la UAF asume la categoría de institución cooperadora del sistema nacional de inteligencia. También se espera que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) asuma un rol de dirección y coordinación, instruyendo al sistema como un todo en lo que a búsqueda de información se refiere. El Ministerio Público necesita ayuda para realizar la persecución penal que se espera realice, pero para ello la inteligencia relacionada al crimen organizado, principal riesgo a la seguridad nacional, y en particular la inteligencia financiera, son insumos claves y fundamentales. Ya no podemos pretender andar por la vida sin inteligencia, y menos sólo actuando en forma reactiva. Si sabemos que el crimen organizado opera, realiza negocios ilícitos, lava activos, mata gente, captura territorios, extorsiona y secuestra, qué esperamos para actuar en forma proactiva y responsable.

El propósito de esta columna no es acusar a los bancos y la UAF, es poner la alerta y la necesidad de intervenir el sistema de antilavado de activos y de financiamiento del terrorismo. No necesitamos más ejemplos para validar la necesidad de hacerlo. Atacar y destruir el lavado de activos es atacar al crimen organizado donde más les duele. No es algo difícil de realizar, pero requiere de inteligencia, voluntad política y principalmente, entender cómo operan para saber dónde y cuándo pegarles. Ellos no operan con reglas y las nuestras van a requerir ser flexibilizadas.

Finalmente, les pido a todos aquellos que son parte del sistema antilavado de activos que tomen precauciones y no anden por la vida sin cuidados. El narco es inmisericorde cuando le meten la mano al bolsillo. En la fase en que estamos actualmente el crimen organizado va a comenzar a afectar a todos los que se pongan en su camino o que le impidan desarrollar sus negocios ilícitos.