Respecto de la PDI, Carabineros de Chile y el Ministerio Público

No estamos hablando de instituciones que requieran ser refundadas, como querían algunos en el pasado, pero que sí requieren de ajustes para que, tanto en lo individual como en el conjunto, sean más efectivas y eficientes.

El propósito de esta columna es indicar qué cambios o modernizaciones necesitamos realizar en las dos policías que tiene Chile como también respecto del Ministerio Público, debido a que necesitamos ser más efectivos y eficientes en nuestros esfuerzos contra el crimen organizado y la delincuencia. Estas tres instituciones son la base y capacidad operativa con que el Estado de Chile busca dar seguridad pública.

Nuestras policías, cual más cual menos, están cercanas a sus 100 años, y, lo que es más, este 19 de junio la Policía de Investigaciones (PDI) cumple 93 años, fecha en que se separa de Carabineros para ir tomando la forma en que la conocemos actualmente, una de una policía con personalidad e identidad propia que goza de alto prestigio.

Carabineros ya está en el año de su centenario, el que se cumple en abril de 2027 desde que Carlos Ibáñez Del Campo separa el regimiento de Carabineros del Ejército de Chile, institución de donde hereda su tradición militar que los acompaña hasta el día de hoy, dándoles una cultura y carácter que les son únicos, y que al igual que la PDI, lidera los indicadores de satisfacción institucionales medidos por Cadem.

El Ministerio Público nace con la reforma procesal penal de fines de los 90 y va tomando forma en la primera década del siglo actual. Tiene la función de investigar y llevar a cabo la persecución penal de los delitos para que los tribunales determinen la responsabilidad de quienes los cometieron, y proteger a las víctimas y testigos. Es un organismo autónomo, por lo que no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado. No es parte del Gobierno o Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo (Congreso Nacional).

A pesar de los problemas ocasionales que a veces presentan la PDI y Carabineros en materias de corrupción, estas instituciones, según Plaza Pública de Cadem, gozan de buen reconocimiento ciudadano al punto que normalmente junto con Bomberos lideran seguidas por las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público por alguna razón no tiene tan alto reconocimiento, pero está claramente mejor evaluado que el mundo político, habiendo algunos fiscales que gozan de alta popularidad por los resultados que logran.

Lo bueno es que no estamos hablando de instituciones que requieran ser refundadas como querían algunos en el pasado, pero que sí requieren de ajustes para que, tanto en lo individual como en el conjunto, sean más efectivas y eficientes.

Partamos por Carabineros. Se dice que necesitamos más carabineros, es algo en que todos estamos de muy acuerdo, pero la verdad no sabemos cuántos y dónde. Carabineros no transparenta sus números y dotaciones. Hablamos de liberar a Carabineros de labores administrativas y ceremoniales, pero nada hacemos. En una encuesta realizada en el 2025 por AthenaLab tanto el público general como expertos están a favor de que se concentren en lo que les es propio y no en la guardia del palacio de La Moneda, los desfiles militares, presentaciones ecuestres y musicales. Lo anterior queda claro en las páginas 36 y 37 de la encuesta, pero seamos claros, si queremos y necesitamos más carabineros partamos por que se dediquen 100% a lo suyo, lo de ser la policía preventiva, en las calles de Chile evitando la ocurrencia de delitos.

Para sorpresas de muchos, las prefecturas y comisarías de Carabineros no tienen metas u objetivos a cumplir en lo que se refiere a reducción de delitos e ilícitos, algo que no sólo sucede en Las Condes sino en todo Chile. Reportan todo lo que hacen, llevan métricas y generan el STOP que a todos nos sirve para saber si vamos mejor o no, pero extrañamente, no los veo sintiéndose propietarios de la prevención delictual. Por alguna razón que no entiendo, tienen unidades como el OS7 y el OS9 dedicadas a labores que son propias de la PDI (labores investigativas). Lo anterior adquiere más valor si es que entiende que Carabineros, muy probablemente no por voluntad propia, no están cumpliendo su rol constitucional de garantizar y mantener el orden y la seguridad pública en el territorio de la república. No veo que se les pase la cuenta por ello.

Siguiendo con la lógica de pastelero a tus pasteles, la PDI también tiene temas que debe revisar si aplican a su mandato que son la protección de autoridades conocido como PPI, o tener detectives sentados en los aeropuertos, puertos marítimos y terrestres, realizando validación de entradas y salidas de pasajeros. Claramente una pérdida de talentos y de recursos del Estado. Los agregados policiales otro tema a revisar.

En la última reforma legal importante que se hizo a la PDI, las autoridades nacionales buscaron que se focalice más en lo que hoy es importante, el crimen organizado. El artículo 1 de su LO indica: “Sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado”. Más claro imposible.

Es de esperar que el ministro Martín Arrau una vez bien instalado en su nuevo rol de ministro de Seguridad Pública, habiendo tomado el mando de las policías, y asegurada la continuidad operacional policial, pueda hacer lo que nadie ha querido hacer, que unos se dediquen a lo preventivo, y otros a lo investigativo. Es un tema de eficiencia y eficacia, uno que a un ingeniero civil industrial le es lógico y natural, algo que no va a nacer desde las instituciones, algo que requiere de voluntad política y un liderazgo fuerte, algo que por lo que hemos visto, le es muy propio al ministro Arrau. No le va a temblar la mano.

El principal tema con el Ministerio Público aparte de su autonomía es su dotación de fiscales, al 31 de mayo de 2026 tiene 785 fiscales (incluyendo el Fiscal Nacional y los fiscales regionales), que es casi la misma dotación de fiscales con la que arrancaron inicialmente. Claramente la realidad delictual chilena actual requiere de más fiscales que los necesarios hace 30 años. Es común ver que hay delitos que no pueden ser investigados por falta de fiscales o de capacidades del Ministerio Público, algo que causa mucha frustración en la población, y más particularmente, con las personas que no tienen la capacidad de pagar un abogado o que no viven en una comuna que les pueda ofrecer servicios legales.

Aparentemente la coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública funciona, ello a pesar de la autonomía constitucional del primero. Tenemos algunos casos que han demostrado que las policías y los fiscales pueden trabajar en buena forma y producir resultados. No está absolutamente claro si es algo que puede suceder en todo el territorio, pero que hay casos en que funciona los hay, y cuando los hay, los resultados son bien evidentes, delincuentes capturados y encarcelados, menos actividad criminal.

Las tres instituciones necesitan inversiones en lo que a ciberseguridad, IA y tecnologías digital se refiere, incluyendo interconexiones entre ellas y con el sistema de seguridad municipal. También necesitamos cuidarlas de que sean capturadas e infiltradas por el crimen organizado, algo que van a buscar realizar si o si con el objeto de seguir avanzando en su proceso de instalación. Esto es mucho más que pagarles buenos sueldos y de implementar mecanismos de atracción y retención. Estamos hablando de que producto de sus funciones tendremos que invertir lo que sea necesario en las funciones de contrainteligencia que requieran cada una de ellas. Por cada mártir tenemos uno que se cambió de bando, algo que no puede continuar así.

Entendiendo que el Ministerio Público es autónomo, debemos buscar una forma de integrarlo al sistema nacional de inteligencia, uno en que las policías son parte del sistema, no así la Fiscalía que ni siquiera quedó como institución colaboradora. Su no integración es una falla de ley promulgada a fines de mayo de 2026.

Como mensaje final, por favor cada uno en lo suyo, pero trabajando juntos y coordinados. Los chilenos les estaremos agradecidos si lo hacen y dejan de lado las cosas que los puedan estar separando.