COLUMNA | Los pendientes de la Defensa Nacional de Chile

En su Cuenta Pública del 24 de julio, realizada en Punta Arenas, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, anunció –entre otras cosas– la próxima actualización de la Política de Defensa y de la Política Militar, algo que debió haber ocurrido hace ya un tiempo. No es bueno ni razonable que un Gobierno publique esos documentos a seis meses de terminar su periodo y a tres meses de las elecciones presidenciales. Esto debió haber ocurrido a lo más en el 2023, a un año de asumir, guiando su actuar en la materia durante el mandato para el cual fueron elegidos.

Aparte de llegar tarde, preocupa el bajo nivel de sociabilización que ambos documentos han tenido en la comunidad de especialistas. Hace aproximadamente un poco menos de un par de años, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), por cuenta de la Subsecretaría de Defensa, realizó una serie de reuniones sobre algunos (no todos) de los temas que se incluirían en la Política de Defensa y la Militar, pero eso fue lo único, no hubo más y no todos los especialistas fueron invitados.

Esperamos que lo que venga sea tan bueno como la que está actualmente vigente, que a pesar de que en su minuto fue motivo de discusión entre las instituciones, finalmente generó algo muy bueno, que perfectamente podría seguir así, solo con pequeños ajustes.

Dicho lo anterior, no debe ser fácil producir documentos como los recién mencionados. El mundo está revuelto y complicado, nuestra postura estratégica no es clara frente a China y los Estados Unidos de América. Además, vivimos una crisis de seguridad pública que no hemos sabido abordar y el Presupuesto Nacional está apretado, no siendo capaz de financiar en forma razonable e íntegra las necesidades operativas y de inversiones que se necesita realizar tanto en materia de Defensa Nacional como en Seguridad Pública.

Junto con el anuncio de la pronta publicación de las políticas, viene uno que puede ser más complejo y que se refiere al envío de un proyecto de ley que busca fortalecer al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, el llamado EMCO, y es sobre este tema que me quiero detener.

El Ministerio de Defensa indica que el proyecto de ley busca mejorar la conducción y el empleo conjunto de las capacidades de las Fuerzas Armadas, sin precisar por qué necesita ser mejorado o si hay algo que está fallando en su forma de organización actual. De buenas a primeras, cuesta entender la motivación de la ministra respecto de las mejoras buscadas en el EMCO.

La actual organización del Ministerio de Defensa Nacional, así como de las subsecretarías de Defensa y de Fuerzas Armadas y del EMCO están detalladas en la Ley 20.424, de febrero de 2010, la que básicamente mantiene todo igual, excepto que consolida las subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación en una técnica (la de Defensa) y lo administrativo, en la de Fuerzas Armadas. El EMCO en la práctica es lo mismo que el antiguo Estado Mayor de la Defensa Nacional, pero con más gente y, por ende, más caro.

La ley del 2010 logró parcialmente avanzar en lo conjunto al unir las subsecretarías, pero no consigue una organización de Defensa Nacional conjunta tanto en el mando y control, así como en las capacidades de interoperabilidad. El EMCO y sus comandos conjuntos no tienen medios a su mando, los que circunstancialmente les pasan a reportar para la realización de ejercicios o en casos muy especiales. Es correcto que les reportan las fuerzas que estén operando en misiones de Naciones Unidas, pero hoy en día son las menos, al no haber tropas destinadas al exterior como ocurrió en Haití.

Por otro lado, la posición de ministro de Defensa tiene atribuciones limitadas. Si bien es cierto que los subsecretarios, los comandantes en Jefe y el jefe del EMCO le reportan, estas son todas posiciones de designación presidencial, lo que algunas instituciones usan a su favor cuando no están de acuerdo con las instrucciones del ministerio o tienen malas relaciones con esa autoridad.

En la práctica, el poder de la persona a cargo del ministerio solo está en la aprobación de los proyectos de defensa, siempre y cuando Hacienda le pase los recursos. En muchas cosas no es más que el asesor del Presidente en materias de defensa, un asesor con alta influencia, pero sin mando y autoridad real sobre la organización de la Defensa Nacional, que tradicionalmente opera y ha operado en forma autónoma.

La falta de atribuciones, autoridad y poder del jefe del EMCO (Jemco) no es otra cosa que un reflejo de lo que pasa con el Ministerio de Defensa Nacional como un todo. No podemos esperar mucho más de un ministerio al que no le hemos dado las herramientas para realizar su trabajo.

Obviamente, si se quiere avanzar en esa dirección, nos vamos a encontrar con mucha oposición. Por un lado, del mundo político que no van a querer tener un ministro y un Jemco con muchas atribuciones, con una concentración de poder real, y, por otro lado, de las instituciones de la Defensa Nacional que van a sentir que pierden libertades e independencia, pero –como bien reza el dicho– si queremos avanzar, para hacer una tortilla hay que quebrar huevos.

La situación en el norte de Chile demanda un Comando Conjunto Norte con recursos, empoderado y autoridad, lo mismo que la conducción de la Defensa Nacional.

No podemos seguir teniendo tres versiones de lo que se necesita para la defensa de Chile, realidad que la actual Política de Defensa reconoce adecuadamente, pero que sin conductores políticos que entiendan de la materia y lo hagan exigible no pasa de ser solo un documento, ya que el sistema tiende a volver a su zona de confort, uno que no ha tenido que enfrentar una amenaza externa del tipo nacional, pero que sí enfrenta uno de carácter criminal transnacional que amenaza seriamente nuestra soberanía y control territorial, uno en que vamos perdiendo y no hemos logrado resultados reales, uno en donde una organización verdaderamente conjunta y con poder podría hacer grandes diferencias.

El tema del Jemco no se resuelve colocándole cuatro estrellas al general o almirante que se elija, o determinando la forma en que se escoge la persona que va a desempeñar el puesto, o la rotación entre las instituciones. Se resuelve determinando sus atribuciones y autoridad sobre las Fuerzas Armadas, algo que también aplica, como dije antes, a su superior jerárquico, el ministro de Defensa Nacional y la organización que teóricamente dirige.

Ya veremos con qué nos sorprende el equipo del Ministerio de Defensa Nacional en términos de Política de Defensa y Política Militar, las que en la práctica valen cero si no vienen acompañadas de financiamiento asegurado, quedando solo como ejercicios académicos sin aplicación práctica.

La actual Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas ya ha demostrado algunas debilidades, las cuales deben ser abordadas como parte de la revisión o publicación de una nueva Política de Defensa.

Dicho lo anterior, la verdadera discusión va a estar en el proyecto de ley que busca completar los aspectos no terminados de la Ley 20.424, porque ahí sí nos vamos a meter en una discusión en que se va a tocar el fondo del problema: qué entendemos por la Defensa Nacional, su financiamiento, organización y objetivos.

Vamos a ver cuánto estamos dispuestos a avanzar en lo conjunto y en la optimización de la forma en que operamos. Vamos a ver si es que vamos a involucrar más permanentemente y no en forma teóricamente excepcional a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, resucitando el concepto de la fuerza pública de la Constitución del 25, y por ende, los cambios a sus dotaciones y equipamiento, los cuales apuntan a la defensa de amenazas estatales y a no la defensa de las de carácter y organización criminal transnacional.

Richard Kouyoumdjian Inglis, vicepresidente AthenaLab

13 de agosto de 2025