COLABORACIÓN EXTERNA | Puertos espaciales: una atractiva y compleja posibilidad en el horizonte para Sudamérica

Desde inicios de la década de 1950, las actividades espaciales han sido objeto permanente de atención en el debate internacional, conformando imaginarios sociales sobre lo que debiera ser el comportamiento de los Estados —como principales actores— en este lugar más allá del planeta Tierra y para lo cual se han estructurado conceptos, normas e instituciones.

El espacio ultraterrestre no es otra cosa más que aquel lugar que se encuentra por sobre la línea Von Karman (a unos 100 kilómetros desde la superficie de la Tierra), donde se ubican los cuerpos celestes, se distinguen elementos del paisaje y se observa inclusive un clima meteorológico. Se trata de un dominio apropiable respecto del cual la humanidad ha desarrollado conocimiento y donde dicho conocimiento se ha vinculado históricamente a las concepciones de seguridad internacional y orden internacional.

Tras el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1957, el asunto del acceso al espacio se conectaba con preocupaciones latentes sobre la posibilidad del empleo con fines ofensivos de los cohetes para poner en órbita satélites artificiales, como podría ser el caso de que dichos aparatos llevasen una carga útil nuclear, situación que quedó consignada en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1963, que instó “a los Estados a no poner en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares u otras clases de armas de destrucción en masa ni a emplazar tales armas en los cuerpos celestes”.

En las décadas siguientes, la discusión sobre el acceso al espacio se transformó. Inicialmente, el enfoque fue garantizar la posibilidad de que todos los Estados pudiesen llevar a cabo actividades espaciales en caso de desearlo. Esto fue particularmente relevante si consideramos que, durante la Guerra Fría, menos de cinco Estados poseían capacidades espaciales propias.

Luego, la atención se desplazó hacia la colaboración internacional en los nacientes programas espaciales de diversos países. Esta evolución ha sido ampliamente reflejada en los puntos de la agenda relacionados con la cooperación internacional y el acceso a los beneficios espaciales, temas fundamentales dentro del sistema del Tratado del Espacio Ultraterrestre (1967).

En medio de su competencia estratégica, la URSS y Estados Unidos invirtieron en programas no tan solo orientados al emplazamiento de satélites en espacios orbitales, sino también a la búsqueda de lograr mayores altitudes y alcanzar cuerpos celestes, como la Luna. Lo interesante de estos desarrollos es que vinieron a demostrar la versatilidad de las tecnologías empleadas, puesto que programas como el soviético Soyuz y el estadounidense Atlas capitalizaron los avances registrados en la fabricación de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés).

A la par de la puesta en órbita de satélites y la construcción de vehículos capaces de salir del planeta, se presentó como un asunto trascendental la ubicación de emplazamientos permanentes para lanzaderas de cohetes, tal como es el caso del cosmódromo de Baikonur, en Rusia, uno de los primeros puertos espaciales.

Estos puertos, al contar con una actividad constante, contribuyeron a generar una base de conocimiento que permitía tener, desde la perspectiva de la ciencia, un mayor control sobre las dinámicas para acceder al espacio, tal como son las rutas de salida y ventanas para lanzamiento, entre otros. Estos factores fueron determinantes para los Estados a la hora de determinar dónde levantar estas infraestructuras y determinar la ubicación posible de otras por parte de terceros.

En este contexto, Europa ganó acceso al espacio en 1968 por medio de la inauguración del Centre Spatial Guyanais (CSG) en la ciudad de Kourou, en la Guayana Francesa, constituyéndose en el único puerto que, por su posición geográfica, permitía lanzamientos ecuatoriales energéticamente más eficientes, un aspecto relevante para mantener un mayor número de operaciones de acceso al cosmos sin elevar los costos asociados.

A comienzos de la década de 1980, EE.UU. transformó el Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde un puerto “vertical”, solo para la partida de cohetes, hacia una infraestructura mucho más compleja, con capacidad para recuperar vehículos lanzados por medio del programa del Transbordador Espacial (Space Shuttle), lo que se implementó mediante la construcción de instalaciones similares a las aeroportuarias. Ahora, las naves podían “despegar” hacia el espacio ultraterrestre y “aterrizar” en su regreso a la Tierra.

De este modo, el desarrollo de puertos espaciales se enmarcaba en la búsqueda de capacidades autónomas por parte de los Estados. Esta lógica estaba fuertemente ligada a una visión particular de la actividad espacial, siempre en busca de maximizar los beneficios de estas instalaciones para generar ganancias en otras áreas —como la militar— y fortalecer el poder nacional. En este escenario, no había mayores incentivos para la colaboración internacional ni desarrollos de tipo comercial en la materia.

Tras el fin de la Guerra Fría en 1991, el asunto del acceso al espacio empezó a mirarse desde una perspectiva económica, lo cual generó incentivos para la diversificación de este tipo de instalaciones, dada la creciente demanda de programas satelitales de países en vías de desarrollo que no contaban con capacidades de lanzamiento propias. También se produjo una transición en cuanto a la comprensión de la actividad espacial, desde una relacionada estrictamente con la Defensa y Seguridad Nacional hacia una ligada al desarrollo científico e innovación tecnológica de orientación civil.

El inicio del siglo XXI estuvo marcado por una intensificación progresiva de la actividad espacial comercial, impulsada por la disminución de barreras tecnológicas que históricamente restringían el acceso a servicios como internet, televisión satelital y telefonía móvil. La masificación de dispositivos conectados, junto con la demanda creciente de la sociedad por conectividad, posicionó al espacio ultraterrestre como una dimensión clave para el desarrollo económico, social y científico.

Un hito decisivo en la reorganización del acceso al espacio fue el retiro de los transbordadores espaciales por parte de Estados Unidos en 2011; posiblemente, como consecuencia indirecta de la crisis financiera subprime y tras sonados accidentes. Esta decisión implicó una reducción significativa de las capacidades estatales estadounidenses en materia de naves espaciales tripuladas. Durante los años siguientes, este país se vio obligado a depender de terceros actores, principalmente Rusia, para llevar astronautas al espacio, mientras el sector privado comenzó a despegar como nuevo protagonista del ecosistema orbital.

El surgimiento de empresas como SpaceX, en paralelo con el estancamiento temporal de la capacidad pública, permitió a Estados Unidos recuperar gradualmente su autonomía en materia de lanzamientos espaciales. Este proceso transformó de forma sustantiva el rol de los puertos espaciales, los cuales dejaron de ser considerados exclusivamente como plataformas técnicas, o sitios militares, para adquirir un valor estratégico integral, en la medida que alojan infraestructura crítica, servicios duales (civiles y de defensa), capacidades logísticas y nodos de gobernanza sobre el acceso al espacio.

El presente trabajo plantea que los puertos espaciales constituyen infraestructura crítica para la seguridad internacional contemporánea, no solo por su función operativa, sino por lo que representan geoestratégicamente: instrumentos de poder estatal y comercial; puntos de control territorial; y posibles fuentes de tensión o cooperación interestatal. De hecho, la localización de estas infraestructuras en regiones ecuatoriales, polares o en latitudes altas no es neutral: expresa y proyecta intereses de orden geopolítico y militar.

Su proliferación y empleo intensivo en un marco de mayor importancia asignada al espacio en materia económica y de competencia estratégica internacional tendrá impacto en regiones tradicionalmente periféricas, como América Latina y las zonas polares. Para dimensionar esta realidad, se abordará el rol de estas infraestructuras en sus dimensiones técnicas, geopolíticas y normativas. Este enfoque busca no solo identificar patrones globales, sino también revelar asimetrías y oportunidades.

Desde la perspectiva de los estudios de seguridad internacional, se prestará especial atención a la situación de América Latina y los territorios de latitudes altas como posibles escenarios emergentes de interés espacial. En particular, se examina el caso de Chile, cuyo posicionamiento geográfico, estabilidad institucional y proximidad con la Antártica podrían convertirlo en un actor relevante en el desarrollo de futuras capacidades

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