La reciente “Operación Apocalipsis” -que desarticuló una red de corrupción con 42 gendarmes detenidos- trasciende un éxito judicial: es la evidencia incontestable de un sistema penitenciario en colapso funcional. El operativo no expone hechos aislados, sino una grave mutación estructural: centros como Santiago 1 y San Joaquín han dejado de ser instituciones de control para operar como nodos de operativos del crimen organizado, donde la corrupción es el mecanismo que permite gestionar narcotráfico, extorsión y violencia.
Este exitoso trabajo colaborativo, evidencia una derrota grave del Estado. La arquitectura carcelaria no contiene sino multiplica la inseguridad. Desde allí se dirigen redes externas; el hacinamiento y los mercados ilegales convierten la condena en una escuela de especialización delictual; y el resultado es una pérdida de legitimidad para el Estado, que ve como la impunidad se gesta en su propio núcleo institucional.
Ante este diagnóstico, la respuesta del nuevo gobierno debe ser inmediata y estructural. La urgencia exige acción – al menos- cuatro dimensiones críticas:
La “Operación Apocalipsis” no es el problema: es la alerta final. En el contexto de múltiples urgencias -control fronterizo, reducción de homicidios, desarticulación de redes-, la reforma carcelaria integral no es una política más, sino una de las pruebas de fuego decisivas para la nueva administración. Es la oportunidad urgente e impostergable de desactivar este epicentro de impunidad y recuperar la soberanía interior. La demora es un lujo que la seguridad pública no puede permitirse.
por Pilar Giannini
Colaboradora AthenaLab