Claves del nuevo Ministerio de Seguridad Pública

A raíz de la reciente ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública que busca coordinar las acciones para abordar las principales amenazas que enfrenta el país, en AthenaLab revisamos los alcances y desafíos de su implementación en el contexto de seguridad pública actual.

La reciente Ley N.º 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, genera un nuevo sistema con foco en coordinar las acciones preventivas y las que vayan en contra de quienes afecten la seguridad pública, para así abordar las principales amenazas que enfrenta el país.  Existe consenso hoy de que los retos fundamentales en materia de seguridad son el crimen organizado y el narcotráfico. Ello se encuentra ratificado en las distintas encuestas que miden objetivamente este tipo de delitos, como en aquellas que se evalúa subjetivamente la percepción de ellos por parte de la ciudadanía.

En consecuencia, a continuación se revisan los alcances principales de la nueva ley, en el contexto de seguridad pública actual, y se identifican los desafíos de su implementación.

Principales alcances y contenidos de la Ley N.º 21.730

En lo estructural, esta ley viene a separar las atribuciones de seguridad pública que antes se alojaban en el Ministerio del Interior. Ello permite contar con un nuevo ministerio completamente enfocado a la seguridad pública y a la prevención del delito. Para eso, debe formular políticas y estrategias de seguridad pública de corto, mediano y largo plazo.

Por lo mismo, se les traspasa la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones—, en conformidad con la Constitución y las Leyes. Adicionalmente, queda bajo su dependencia la Agencia de Ciberseguridad.

Este ministerio genera dos subsecretarías: la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del delito.

La creación del Ministerio de Seguridad supone la existencia de un Sistema de Seguridad Pública. Este sistema puede ser definido como el espacio de trabajo entre distintas instituciones encargadas de la seguridad pública para prevenir tanto el delito como para combatir el crimen de manera coordinada y cohesionada. Dentro de las instituciones principales, se debieran considerar las siguientes:

• Carabineros de Chile
• Policía de Investigaciones
• Municipios
• Ministerio Público
• Gobiernos regionales
• Gendarmería
• Agencia Nacional de Inteligencia
• Ministerios sectoriales

Una de las novedades para mejorar la integración de los diversos actores es la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol), junto al Sistema Integrado de Respuesta ante Emergencias Ciudadanas (Sirac). Por cierto, dicho centro deberá operar y funcionar con mejores capacidades de control, integración y coordinación, para aunar esfuerzos, concentrarlos y ser más eficientes y eficaces en su misión principal. En consecuencia, el texto define dos principios: el de interinstitucionalidad y el de interoperabilidad.

De igual manera, el Cicpol identifica la integración de las distintas policías en las siguientes materias:

• Identificación de situaciones de riesgo para la seguridad
• Coordinación de operaciones policiales complejas
• Intercambio de información interoperable, tanto entre los integrantes del sistema como entre entidades públicas o privadas, si es el caso.

Dichas tareas se desconcentrarán en unidades macrozonales, quedando a cargo de un oficial general de las Fuerzas de Orden y Seguridad, especialmente designado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Adicionalmente, se generan dos consejos: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito.

Dentro de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se consideran a:

• Ministerio del Interior
• Ministerio de Defensa Nacional
• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Justicia y DD.HH.
• Fiscal Nacional
• General director de Carabineros de Chile
• Director General de la PDI
• Director Nacional de Gendarmería

Por otra parte, el Consejo Nacional de Prevención del Delito considera a:

• Ministerio del Interior
• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Desarrollo Social y Familia
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo
• Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
• General director de Carabineros de Chile

La ley, además, considera el establecimiento de una Política Nacional de Seguridad Pública, la que deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, la protección y atención de víctimas, y las medidas de combate y protección del crimen organizado y de los actos terroristas, entre otras. La Política Nacional de Seguridad Pública posee, como objetivo general, implementar un sistema de seguridad pública que promueva el diseño y ejecución de políticas públicas basadas en evidencia para reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía. Es decir, aborda las dimensiones objetivas y subjetivas de la noción de seguridad.

Esta política central para combatir el crimen organizado se conformará en función de diez ejes de acción:

• Eje nueva gobernanza. Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado.
• Eje desbaratamiento de la economía y crimen organizado.
• Eje disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales.
• Eje abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios.
• Eje agenda legislativa contra el crimen organizado.
• Eje fortalecimiento de las capacidades de equipamiento y tecnologías institucionales para enfrentar el crimen organizado.
• Eje formación institucional y de capital humano para enfrentar el crimen organizado.
• Eje prevención de la corrupción y cooptación de las instituciones públicas.
• Eje aumento de la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial.
• Eje fomento de la cooperación y coordinación internacional.

Con todo, esta nueva ley establece, adicionalmente, los Consejos Regionales de Seguridad Pública, los que serán claves para enfrentar las diversas amenazas que impactan el territorio nacional con distinto énfasis y diversa naturaleza. No necesariamente las regiones comparten las mismas lógicas y dinámicas de seguridad pública. De allí que, la diversa naturaleza de los riesgos y amenazas llevará a elaborar diversos planes de seguridad pública, debidamente adecuados a cada realidad, priorizando y focalizando los diversos medios disponibles.

Contexto de seguridad pública

Si se analizan los diversos índices nacionales e internacionales de seguridad pública referidos a Chile, se constata que en el último decenio el país enfrenta una crisis de seguridad desencadenada por el aumento de homicidios y por la acción de grupos asociados al crimen organizado, de carácter local, regional y transnacional. De ahí que, aproximadamente, 9 de cada 10 chilenos perciba a este tipo de amenaza como el principal problema de seguridad pública. Esto demuestra, además, lo atractivo que resulta el país para dichas organizaciones transnacionales, que han visto facilitadas sus acciones por un fenómeno de inmigración masiva que no contó oportunamente con las salvaguardas de seguridad adecuadas y del que incluso profitaron estas mismas bandas, a través de la inmensa porosidad y extensión de nuestras fronteras.

De allí que, esta nueva ley y la creación del Ministerio de Seguridad Pública y de su correspondiente sistema, constituyan una medida muy bien recibida en la necesidad de generar un mayor clima de seguridad pública para el país.

El contexto de seguridad pública que hoy vivimos se encuentra altamente influenciado por condiciones estructurales de nuestro país que no facilitaban la debida acción institucional, junto con la naturaleza transnacional de algunas amenazas. Por lo mismo, la cooperación interestatal para coordinarse en contra de este flagelo será un aspecto fundamental.

Consideraciones finales

Se estima muy positiva la estructuración de este nuevo ministerio completamente dedicado y enfocado en la seguridad pública. Sin duda, se podrían generar las condiciones para una mayor integración de la totalidad de las instituciones involucradas, así como para su mejor coordinación en el combate al crimen organizado y a las principales amenazas a la seguridad pública.

Relevante resulta mencionar que los cambios deben ser acompañados por un fuerte impulso cultural, que verdaderamente involucre un cambio en la actitud a la hora de integrarse y cooperar; sobre todo, entre las diversas instituciones. Uno de los aspectos donde ello es más complejo, entre otros, es en las instituciones dedicadas a la inteligencia.

Adicionalmente, estimándose positiva esta iniciativa legal que establece un nuevo ministerio y, dentro de este, dos organizaciones especializadas, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito, será relevante observar que el país se encuentra construyendo una arquitectura de seguridad desde la base a la parte superior (bottom-up), lo que implicará, en un plazo muy cercano, la necesidad de acoplar, insertar e integrar la estructura de seguridad más alta que se necesita y requiere como la Estructura de Seguridad Nacional, con su respectivo Sistema de Inteligencia.

Este sistema propiamente tal, hoy inexistente en el país, requerirá establecer un Consejo de Seguridad Nacional, con su respectiva organización, que deberá coordinar las instituciones a nivel estatal para lidiar con los riesgos, amenazas y también oportunidades que se están enfrentando y se van a afrontar. En otras palabras, contar con una estructura moderna de seguridad nacional es una necesidad que no se puede seguir postergando, por el bien de Chile, su interés nacional, su seguridad y desarrollo. Ello deberá orientar ahora, desde lo más alto y hacia las estructuras inferiores (top-down), el esfuerzo de seguridad nacional que en esencia es político e involucra al país, coordinando esfuerzos para asegurar tanto su seguridad externa como interna y orientando el sistema de inteligencia nacional —parte consustancial a dicho sistema— con la totalidad de sus capacidades a dicho esfuerzo.