ANÁLISIS | Antiguos desafíos de seguridad nacional y defensa para nuevas autoridades

A días del inicio de un nuevo gobierno en Chile, resulta conveniente reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la defensa actualmente. La administración saliente deja varias tareas pendientes, lo que refleja que Defensa no fue, necesariamente, una prioridad para el gobierno del presidente Gabriel Boric. En las próximas líneas se plantean las que, a juicio de los autores, actualmente son las áreas prioritarias para la seguridad nacional y la defensa.

SEGURIDAD PARA EL ESTADO

Nueve de cada diez chilenos manifiestan que la seguridad es el principal problema que los aqueja. Esta sensación de vulnerabilidad es efectiva cuando se revisan las cifras de criminalidad que azotan al país y que se expresan cada día. El nivel de violencia, el tipo de delitos y el incremento en el uso de armas de fuego son solo algunos ejemplos de lo complejo que es este fenómeno. Pero el problema que está afectando a Chile no es algo particular, pues es sólo la expresión de un asunto que ha golpeado fuertemente a la región latinoamericana por décadas, pero que nuestro país estaba alejado. Ingresos migratorios sin control efectivo, frontera porosa, bandas criminales transnacionales organizadas e instaladas en Chile, ausencia del estado de derecho, ineficiencia de las instituciones, escasa coordinación interestatal y, sobre todo, la falta de voluntad y decisión política son los factores centrales en este asunto.

Para comenzar, es indispensable identificar y definir adecuadamente el problema, sin eufemismos ni rodeos. Lo que Chile enfrenta es un tema mayor, que afecta la seguridad nacional de Chile y la de todos sus habitantes, habiendo dejado de ser solo un problema de seguridad pública. Para solucionar esto, se deben emplear todos los recursos del país, de manera lógica, sin desnaturalizar sus funciones, pero con todo el peso del Estado y, ciertamente, dentro del marco legal y normativo.

Primero, nos parece que resulta indispensable crear una arquitectura de seguridad nacional, tal como desde AthenaLab hemos estado insistiendo los últimos años. Esta estructura debe ser eminentemente de carácter político y civil, y debe encargarse de la integración y coordinación —a nivel estatal— de la problemática de seguridad. De esta manera, Chile contará con un organismo capaz de monitorear los riesgos y amenazas que lo acechan, así como las oportunidades que puedan surgir, sin esperar que el problema nos sorprenda, como ha sucedido con el crimen organizado transnacional. A partir de esta organización, se podrá articular e implementar una estrategia de seguridad para nuestro país, que tenga una visión de largo plazo y que gestione todos los componentes del poder nacional.

Para respaldar adecuadamente esta arquitectura, es necesario diseñar, implementar y reforzar un moderno y robusto sistema de inteligencia nacional. Esto se puede hacer sobre la base de la ley recientemente promulgada —reforzando los tipos de inteligencia para un sistema más completo—, y así articular de manera eficaz y eficiente los medios disponibles. Ahora bien, hoy el país no cuenta con dicho sistema, por lo que muchos esfuerzos están disgregados sin integrarse adecuada y oportunamente.

La importancia y complejidad de la situación exige contar con una masa crítica de personas, capacitadas —inicialmente— en las mejores instituciones a nivel mundial, tanto en los ámbitos de la seguridad nacional, la defensa, como de la seguridad pública. El desafío demanda un número de expertos que Chile no tiene, pues hoy la calidad de la asesoría recae en personas que no necesariamente están bien capacitadas, exponiéndonos a diagnósticos y soluciones poco efectivas, como lo ha demostrado la propia experiencia. Al mismo tiempo, se deberán generar los incentivos para que, a nivel nacional, se multipliquen los estudios e investigaciones en esta área, así como que distintos centros de estudios universitarios presenten ofertas académicas en estos temas de gran interés y relevancia para el país.

DEFENSA NACIONAL

La Defensa, parte fundamental del Estado que centra su esfuerzo por tener un país más seguro, debe sumar sus capacidades, pero sin desviarse de sus tareas fundamentales ni desnaturalizar su esencia ni misión constitucional. Las Fuerzas Armadas gozan de gran prestigio internacional y un claro reconocimiento de sus compatriotas, lo que ha sido el resultado de un trabajo profesional; sin embargo, el país les ha exigido cada vez más esfuerzo para desempeñar roles no convencionales durante períodos de tiempo cada vez más prolongados. Esto, sumado a los cambios en el contexto internacional y regional, demanda que nuestra defensa se actualice para hacerse cargo de estos y otros desafíos.

Con el objetivo de robustecer la Defensa de Chile, se considera necesario optimizar la conducción conjunta de las Fuerzas Armadas. Sobre la base de lo que ya se ha avanzado, se necesita otorgar una mayor relevancia y peso a la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto, así como de los comandos conjuntos existentes. La idea es que estas organizaciones cuenten con mayor independencia y puedan actuar con mayor libertad de acción respecto de las instituciones armadas, reconociendo las particularidades de la zona norte, centro y sur del país. Si estas organizaciones serán las encargadas de conducir el conflicto, parece necesario darles las atribuciones y condiciones para el entrenamiento conjunto que asegure el fortalecimiento, entre otros aspectos, de la interoperabilidad.

Asimismo, la situación actual demanda la revisión de las actuales capacidades estratégicas, identificando las áreas de mayor obsolescencia. En otras palabras, dotar a las Fuerzas Armadas de los medios que necesitan para desarrollar su labor, actualizando los sistemas de armas más antiguos y adquiriendo la tecnología necesaria para hacer más eficiente su trabajo, en forma integrada. En especial, todo lo relacionado con la vigilancia y protección de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, siempre con responsabilidad, control civil y bajo la realidad presupuestaria.

Del mismo modo, recogiendo lo que se observa cada día más en un mundo en conflicto, el Estado debe recuperar y fomentar la industria nacional e innovación en defensa, de manera de obtener un nivel mínimo de autonomía estratégica, suficiente para actuar con libertad de acción. Sobre este punto, se deben generar incentivos para la investigación y desarrollo en materias de defensa, más allá de las empresas del Estado dedicadas a ello (FAMAE, ASMAR y ENAER). En Chile contamos con el talento suficiente para llevar al país a un sitial importante en materias de innovación y tecnología, por lo que la relación público-privado es clave.

Por último, resulta conveniente que las nuevas autoridades fortalezcan las capacidades del personal militar. Por un lado, es fundamental promover la valoración de la carrera militar en todos sus escalafones, reforzando el orgullo de servir a Chile en las Fuerzas Armadas. Esto implica promover la incorporación de jóvenes a las instituciones armadas, fortalecer las tradiciones y la identidad nacional, así como contrarrestar la progresiva pérdida de talento observada en el último tiempo. Cada año, la sociedad amplía el espectro de misiones que requiere de las instituciones de defensa, prolongando la duración de sus despliegues, pero sin asignar todos los recursos y el presupuesto necesarios. Asimismo, el gobierno debería atender las situaciones judiciales del personal activo que, por razones del cumplimiento del deber, ha sido procesado en distintas causas en el marco de Estados de Excepción Constitucional, desde el año 2019 hasta la fecha. Se trata de alinear responsabilidades con las debidas atribuciones excepcionales de dicho contexto. Si no se cuenta con el marco adecuado, parece que es mejor no exponerlos a un empleo de excepcionalidad, si a la larga, se les enjuiciará con criterios de normalidad.

Finalmente, se debe reconocer que estos desafíos se convierten en tareas especialmente complejas para las nuevas autoridades, pues reciben el Estado bajo un fuerte estrés presupuestario. Se ha indicado desde el Ministerio de Hacienda la necesidad de ajustar los recursos en un 3% —a la baja—, lo que impactará a Defensa. Esperemos que, dada la prioridad que el presidente de la República asignó a la seguridad durante su campaña, esto se refleje en la distribución de recursos para hacer frente a las urgencias y emergencias más importantes e inmediatas de Chile.

John Griffiths
Marcelo Masalleras

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