COLABORACIÓN EXTERNA | De la inteligencia a la infraestructura: hacia una estrategia de poder digital para Chile

El país debe avanzar más allá de la consolidación institucional hacia una estrategia que proyecte su posicionamiento nacional e internacional en el ciberespacio y en la gobernanza de datos.

Los desarrollos recientes en Estados Unidos, en particular la “Cyber Strategy for America” (marzo de 2026) y el recientemente publicado “National Policy Framework for Artificial Intelligence”, revelan un cambio doctrinal más amplio: la ciberseguridad y la inteligencia artificial ya no son tratadas como dominios separados, sino como componentes integrados del poder del Estado. Este cambio integra defensa, infraestructura digital crítica y desarrollo tecnológico en una estrategia coherente. La ciberseguridad, la infraestructura digital y la gobernanza tecnológica no son dominios paralelos, sino una arquitectura unificada del poder estatal. Esta infraestructura digital crítica constituye la base material del poder en el entorno digital. La evolución de las políticas de ciberseguridad entre las principales potencias refleja una transformación estructural en la forma en que se entiende el entorno digital. La Ciberestrategia de Estados Unidos de marzo 2026 posiciona explícitamente la ciberseguridad como un componente central de la seguridad nacional, enfatizando la resiliencia, la disuasión y la protección de la infraestructura crítica. Asimismo, promueve un enfoque integral que articula al Estado y al sector privado bajo un marco estratégico compartido.

Este enfoque va más allá del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Introduce una lógica de imposición de costos a los adversarios, fortalece tanto las capacidades ofensivas como defensivas, y prioriza la superioridad tecnológica en ámbitos como la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. De este modo, la ciberseguridad se convierte en una herramienta operativa y estratégica para modelar el entorno internacional.

El dominio digital ya no es periférico; se ha convertido en un espacio central de competencia geopolítica. Para responder a esta transformación, Chile debe avanzar más allá de la consolidación institucional hacia una estrategia de poder digital, articulando la inteligencia, la ciberseguridad y la infraestructura digital crítica como componentes interdependientes de su posicionamiento nacional e internacional.

Avances institucionales y brecha estratégica

Chile ha desarrollado importantes pilares institucionales en los últimos años, incluyendo un marco regulatorio en ciberseguridad, la creación de agencias especializadas y la aprobación de una nueva Ley del Sistema de Inteligencia orientada a mejorar la coordinación y la planificación de largo plazo. En 2018 se declaró por ley octubre como el mes de la ciberseguridad; en 2019 el Congreso aprobó la Ley de Transformación Digital del Estado; en 2022 la Ley de Delitos Informáticos, plenamente alineada con el Convenio de Budapest, la Ley Fintech; y en 2024 la Ley Marco de Ciberseguridad, basada en la segunda Directiva Europea de Seguridad de la Información (conocida por su sigla NIS2) de la Unión Europea, junto con la Ley de Protección de Datos Personales (2024), alineada con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (conocido por su sigla GDPR). Estas normativas dieron origen a agencias especializadas como la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y formalizaron el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT). Asimismo, el país ha desarrollado políticas nacionales de ciberseguridad en 2017 y nuevamente en 2023.

Estos avances constituyen una base sólida. Sin embargo, pese a ello, la arquitectura digital de Chile sigue siendo fragmentada tanto en términos conceptuales como operacionales. La fragmentación de la gobernanza debilita el poder digital. La ausencia de un marco estratégico integrado no solo limita la coordinación, sino que reduce la capacidad del Estado para proyectar influencia, gestionar dependencias y responder de manera coherente a riesgos sistémicos en el entorno digital.

La ciberseguridad continúa siendo tratada principalmente como gestión de riesgos, la inteligencia como una función de apoyo a la toma de decisiones y la infraestructura digital como un componente técnico. A diferencia de las estrategias de seguridad nacional en Estados Unidos y el Reino Unido, Chile aún no ha articulado una estrategia de seguridad nacional explícita que integre estos dominios en una visión coherente de poder. Como resultado, el país permanece en una fase de organización más que de proyección.

Las sociedades modernas dependen de infraestructuras altamente concentradas y estratégicas. Los cables submarinos transportan la mayor parte del tráfico global de datos, los centros de datos alojan servicios esenciales y las plataformas en la nube estructuran la economía digital. A ello se suman los flujos transfronterizos de datos que sustentan los sistemas de inteligencia artificial y el comercio global. Esta infraestructura digital crítica constituye la base material del poder en el entorno digital. El poder digital no se construye solo sobre datos, sino también sobre energía. El control del cómputo requiere control sobre la generación eléctrica. La expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, particularmente los centros de datos, introduce una nueva dependencia estratégica respecto de la disponibilidad energética, la resiliencia de la red eléctrica y la capacidad nacional para sostener grandes niveles de cómputo. Esta dimensión está en gran medida ausente en el marco estratégico actual de Chile. Su interrupción, manipulación o dependencia externa puede generar efectos sistémicos sobre la economía, la seguridad y la estabilidad institucional. Mientras Estados Unidos reconoce explícitamente la centralidad de estas infraestructuras, por ejemplo en su “Annual Threat Assessment 2026”, Chile aún no las ha incorporado plenamente como un dominio estratégico dentro de su arquitectura de seguridad nacional. Esta brecha expone al país a vulnerabilidades estructurales y limita su capacidad de acción autónoma.

Por otra parte, la nueva ley de inteligencia en Chile representa un avance significativo hacia un sistema más coordinado, incorporando planificación estratégica y mejor articulación institucional. Sin embargo, no integra plenamente la dimensión digital como componente estructural de la inteligencia. Los Estados deben desarrollar capacidades soberanas para evaluar sistemas avanzados de inteligencia artificial. Esto implica no solo comprensión regulatoria, sino también capacidad técnica dentro del Estado para evaluar modelos avanzados, anticipar sus implicancias estratégicas y reducir la dependencia de actores externos para la evaluación tecnológica crítica. En las principales potencias, la inteligencia, la ciberseguridad y la infraestructura digital crítica están cada vez más interconectadas y ya no se tratan como dominios separados. La inteligencia permite la anticipación estratégica y la conciencia situacional. La ciberseguridad asegura la resiliencia y la continuidad operativa, protegiendo servicios críticos. La infraestructura digital sustenta el desempeño económico y la defensa nacional. En conjunto, constituyen una arquitectura integrada de poder digital. En Chile, estos componentes se han desarrollado en paralelo, sin una integración estratégica plena. Superar esta fragmentación es esencial para avanzar desde capacidades institucionales hacia capacidades estratégicas efectivas.

Lecciones para Chile

El reciente marco de políticas públicas de Estados Unidos ofrece varias lecciones relevantes. En primer lugar, la importancia de definir una estrategia de seguridad nacional que sitúe la ciberseguridad dentro del ejercicio más amplio del poder estatal. En segundo lugar, la priorización de la infraestructura digital crítica como elemento central de la seguridad nacional. En tercer lugar, la integración de la inteligencia y la ciberseguridad para fortalecer la anticipación, la disuasión y la respuesta. En cuarto lugar, la colaboración estructurada entre el sector público y privado para mejorar la resiliencia sistémica. Finalmente, el reconocimiento explícito de la dimensión geopolítica de la tecnología, incluyendo la competencia por datos, estándares, cadenas de suministro y talento digital.

Chile no necesita replicar este modelo, pero sí debe adaptar sus principios a su propia escala y contexto institucional. El país cuenta con ventajas estructurales relevantes, incluyendo su posición en el eje Asia-Pacífico, su estabilidad institucional y apertura digital, ubicándose en el décimo lugar del Índice de Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (conocida por su sigla OCDE), así como el desarrollo de infraestructura digital, considerada entre las más avanzadas del mundo, junto con proyectos para construir un cable submarino propio que complemente las rutas del Pacífico Norte. Estas condiciones permiten proyectar al país como un nodo relevante dentro de la arquitectura digital global. Sin una estrategia de seguridad nacional coherente, estas ventajas pueden diluirse. Chile corre el riesgo de convertirse en un territorio de tránsito de datos e infraestructura, en lugar de un actor capaz de influir en su gobernanza.

Para evitar este escenario, Chile debe adoptar un enfoque estratégico que reconozca la infraestructura digital crítica como un componente central de la seguridad nacional y fortalezca su participación en foros internacionales de gobernanza digital. El desafío actual no es principalmente normativo, sino estratégico. La integración de inteligencia, ciberseguridad e infraestructura digital crítica es esencial para definir una posición en el orden digital emergente.

La experiencia de Estados Unidos demuestra que la ciberseguridad se ha vuelto inseparable del poder del Estado. En este contexto, la pregunta clave para Chile ya no es cómo proteger sistemas, sino cómo ejercer influencia y autonomía en el entorno digital global. En el siglo XXI, la soberanía se construye cada vez más sobre el control de la infraestructura digital crítica, los datos y la capacidad de tomar decisiones estratégicas sobre ambos.

Kenneth Pugh