Ir adelante con el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública no sólo impacta la doctrina y preparación de las instituciones para la guerra, sino también viene a estresar más aún el alicaído presupuesto.
El miércoles 30 de septiembre de 2026 es la fecha límite para la presentación del proyecto de la ley de presupuesto 2027, el cual deberá ser aprobado y despachado por el Congreso antes de fines de noviembre. En el caso de la Defensa Nacional incluye tanto el presupuesto de operación como el presupuesto de inversiones, el que también es conocido como de financiamiento de capacidades estratégicas.
El ministro de Defensa Nacional, en su cuenta pública de fines de julio de este año, indicó que la ley de financiamiento de capacidades estratégicas no está funcionando en forma adecuada y que se deben “explorar otras alternativas que garanticen un flujo constante de recursos, suficiente y garantizado, para el sector.” Con qué va a llegar el ministerio en esta sección es un misterio, pero considerando la criticidad del tema, esperamos venga algo de claridad en la materia. Ya no se le puede echar la culpa a la administración anterior, ahora ya es un tema del actual equipo que maneja la Defensa Nacional. Tenemos que realizar inversiones importantes que ya no pueden esperar más tiempo, de lo contrario corremos el riesgo literalmente de quedarnos sin marina de guerra o aviación de combate de aquí al 2040.
El presupuesto de operación tiene a las instituciones muy apretadas más aún considerando el trabajo adicional que se les pide hacer en el norte y sur de Chile. ¿Hasta cuándo van a ser capaces de mantener el actual modelo operativo con el presupuesto que se les asigna sin modificar sustancialmente lo que son y lo que hacen? Es la gran pregunta. ¿No habrá llegado la hora de una reingeniería profunda?
Hoy en día los mantenimientos están restringidos, se entrena poco, vuela y navega lo estrictamente necesario. No es la primera vez que sucede en Chile, pero era algo más propio del Chile pobre del 1930 al 1975, uno que habíamos dejado atrás, uno en que vivíamos principalmente de la caridad de los Estados Unidos de América que nos proveía de buques, submarinos, aeronaves de combate y transporte, helicópteros, tanques, artillería y mucho más, siendo las excepciones algunas compras que realizamos en el Reino Unido en materia naval y aéreo. La experiencia indica que cuando Chile está débil en sus capacidades estratégicas no lo pasamos bien y sufrimos las consecuencias. Se nos olvidó que la disuasión paga y renta.
Hubiese sido positivo contar a esta altura con la política de defensa y la política militar, tenerla recién en noviembre después de que el presupuesto haya sido presentado y aprobado es una pérdida de esfuerzo y tiempo. Es difícil entender por qué a los gobiernos les cuesta calzar una cosa con la otra, debiendo haber sido algo que deberían haber revisado antes de asumir la conducción del país. De suceder, así las cosas, uno sospecharía que lo que se va a presentar este año como presupuesto es uno más de los llamados presupuestos de continuidad, los mismos que tuvimos bajo el gobierno anterior y que buscan evitar la discusión de fondo: el tipo de Defensa Nacional que necesitamos asumiendo su precio, o en contrario, cuánto estamos dispuestos a desembolsar entendiendo las limitaciones que ese método entrega.
En otro orden de cosas, la reforma constitucional presentada el lunes 17 de agosto, una en que se busca que las Fuerzas Armadas se reincorporen a la Fuerza Pública es algo complejo y no menor. En la Constitución del 25 eran parte de la Fuerza Pública, pero en la del 80 exprofeso se les dejó fuera, algo en lo cual hasta Jaime Guzmán estuvo de acuerdo. Ir adelante con el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública no sólo impacta la doctrina y preparación de las instituciones para la guerra, sino también viene a estresar más aún el alicaído presupuesto. No podemos continuar haciendo más con lo mismo. Es la hora de ser serios y profesionales. El ser no deliberantes y ser disciplinados y obedientes tiene un límite, como también tiene un límite el usarlas en todo lo que a algunos ministros se les pueda ocurrir. Ser grises o azules no es lo mismo que ser verdes, cada uno en lo suyo, haciéndose cargo de lo que la actual Constitución les exige.
RICHARD KOUYOUMDJIAN
Vicepresidente Ejecutivo AthenaLab