Sobre el financiamiento insuficiente de la defensa nacional de Chile

Sobre el financiamiento insuficiente de la defensa nacional de Chile

El pasado 30 de septiembre, el gobierno ingresó a trámite el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2027. La situación no es favorable, pues existen claras limitaciones para el financiamiento de las actividades del Estado en un contexto de ajuste económico, con una deuda fiscal que no disminuye, lo que dificulta cumplir metas y compromisos de reducción del gasto público.

A pesar de lo anterior, llama la atención, favorablemente, el aumento en las partidas de Defensa; aunque insuficiente para revertir una larga y progresiva desatención financiera de esta función pública. Como se revisará en este análisis, en el último cuarto de siglo el Estado de Chile ha reducido la proporción de recursos destinados a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con un impacto poco visible, pero no menos severo.

El financiamiento actual de la defensa en Chile, que incluye principalmente la Ley de Presupuestos, el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional (FPC) y el Fondo de Contingencia Estratégico (FCE), no es suficiente para mantener y desarrollar las capacidades estratégicas que les permiten a las instituciones de la defensa cumplir las tareas que la propia sociedad les exige. Con los datos públicos disponibles, no es posible determinar con precisión qué funciones básicas están plenamente financiadas y cuáles no. Sin embargo, es posible identificar dos tipos de insuficiencia. La primera es conceptual y se refleja en que se espera que las FF.AA. cumplan un conjunto creciente de tareas con recursos cuyo peso relativo disminuye, por lo que la brecha aumenta cada año. La segunda es estructural y se refiere a la composición del gasto, que limita la capacidad de destinar recursos a operación, mantenimiento e inversión.

Este documento explorará cuatro asuntos que ayudan a explicar lo planteado. En primer lugar, se revisará el proyecto de Ley de Presupuestos que está en proceso de discusión en el Congreso Nacional para el 2027; específicamente, lo relacionado con el Ministerio de Defensa Nacional y las instituciones armadas. En segundo lugar, se analizará el comportamiento de los recursos asignados a la defensa como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en el último cuarto de siglo, lo que muestra una reducción progresiva. A continuación, se expondrá que, en el mismo período en que los recursos se han reducido en términos relativos, la demanda de tareas para las FF.AA. ha aumentado. Posteriormente, mediante la comparación con otros países, se intentará demostrar que la estructura del presupuesto de defensa de Chile está dominada por gastos crecientes en personal, lo que limita la disponibilidad de recursos para otras tareas relevantes, como el entrenamiento y el mantenimiento del material. Por último, dado el contexto estratégico regional que se prevé para los próximos años, se planteará la necesidad de inversión en desarrollo de capacidades que permitan mantener un balance estratégico favorable y contribuir así a la disuasión nacional.

PRESUPUESTO DE LA DEFENSA NACIONAL DE CHILE

La previsión del gobierno para el Ministerio de Defensa Nacional es entregar $2.472.992.708.000 (unos $2,47 billones) para el 2027, lo que significa un aumento real de 7,23% respecto de 2026[1]. Para comprender la distribución de las asignaciones del año 2027, la Tabla 1 consolida los montos proyectados en pesos para cada organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y los compara con el presupuesto de 2026 descontado el efecto de la inflación[2].

Tabla 1. Presupuesto 2027 del Ministerio de Defensa Nacional por organismo y variación real respecto de 2026 en CLP[3].

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Presupuestos (Ley de Presupuestos 2026[4] y Proyecto de Ley de Presupuestos 2027).

Como se observa, el incremento no es homogéneo: el Ejército (5,12%), la Armada (3,29%) y la Fuerza Aérea (2,92%) registran alzas reales, mientras que el Estado Mayor Conjunto (EMCO) sufre una reducción real de 27,92%, equivalente a unos 3.025 millones de pesos. Cabe precisar que el total ministerial incluye otras reparticiones y programas, por lo que no equivale solo a la suma de las cuatro instituciones presentadas.

Ahora bien, el financiamiento de la defensa en Chile no se limita únicamente a las partidas del Ministerio de Defensa Nacional. Desde la derogación de la Ley Reservada del Cobre (Ley 13196, de 1958) y la entrada en vigencia de la Ley 21174 en 2020, el sistema se compone principalmente de tres vías: la asignación anual de la Ley de Presupuestos ya mencionada; el FPC, concebido para dar estabilidad a las inversiones de mediano y largo plazo en material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento[5]; y el FCE[6].

En cuanto a los fondos, el proyecto 2027 asigna 588,4 millones de dólares al FPC, mientras que el FCE, una vez más, solo recibe una asignación simbólica, en contra de lo que establece la ley[7].

TENDENCIA HISTÓRICA DEL GASTO MILITAR EN CHILE Y CAÍDA EN RELACIÓN CON EL PIB

Más allá de los montos propuestos para el 2027, la medida observable más representativa de lo planteado es el porcentaje del PIB destinado a defensa y cómo este dato se ha comportado en el largo plazo. Como muestra la Figura 1, entre 2000 y 2025, Chile pasó de destinar a defensa (incluye recursos para la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena) el 2,69% de su PIB a un 1,52%[8]. El único repunte relevante, en 2020, coincide con la contracción del PIB (−5,8%)[9] y no con un aumento del gasto en dólares, que se mantuvo prácticamente estable ese año. Cabe precisar que la caída es relativa, ya que, en dólares, el gasto se ha mantenido sin grandes variaciones en el período, pero disminuye su peso en relación con el tamaño de la economía, en un ciclo en el que las tareas asignadas han aumentado.

Figura 1. Gasto militar de Chile, 2000-2025: porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIPRI[10].

Otro de los problemas que afectan el financiamiento de la defensa se relaciona con el cambio del régimen para la adquisición de sistemas de armas. La Ley Reservada del Cobre (Ley 13196) asignaba a la defensa recursos provenientes de un gravamen sobre las ventas de Codelco[11]. Su derogación y reemplazo por el FPC y el FCE, mediante la Ley 21174, buscaba dar estabilidad al financiamiento a través de un aporte basal y una planificación a cuatro años[12]. A lo anterior se agrega la transferencia del 55% de las reservas al FPC y un 20% al FCE, fortaleciendo de paso el control democrático respecto de los gastos[13]. Sin embargo, el nuevo régimen no ha logrado cumplir el primer propósito. Si se revisa la Ley de Presupuestos 2024, esta no contempló recursos para ninguno de los dos fondos, pues su artículo 35 suspendió las obligaciones de la Ley 21174[14]. Para el FCE, esto volvió a suceder tanto en la Ley de Presupuestos de 2025[15] como en la del presente año[16]. Así, tras recibir cerca de 936 millones de dólares anuales entre 2021 y 2023, desde 2024 al FCE[17] solo se le han otorgado asignaciones simbólicas[18]. En pocas palabras, el nuevo sistema, llamado a dar estabilidad y certidumbre al financiamiento y tranquilidad ante contingencias, no cumplió ese fin.

Figura 2. Resumen de aportes de la Ley de Presupuestos a los fondos estratégicos, 2020-2027

Fuente: Elaboración propia con antecedentes de la Dirección de Presupuestos, Partida 50: Tesoro Público[19].

SOBRECARGA OPERACIONAL: AUMENTO DE LAS DEMANDAS

Paralelamente a la reducción relativa progresiva de los fondos asignados a la defensa, la sociedad chilena, a través de sucesivos gobiernos, ha incrementado la demanda de acciones por parte de las instituciones de la defensa.

Lo que las FF.AA. de Chile deben hacer se encuentra establecido en la Constitución Política, en los libros y políticas de defensa y en las leyes que de ellos se derivan. La Constitución establece que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional[20]. Sobre esa base, la Política de Defensa Nacional las organiza en cinco áreas de misión: (a) defensa; (b) contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado; (c) cooperación internacional y apoyo a la política exterior; (d) seguridad e intereses territoriales; y (e) emergencia nacional y protección civil[21].

Estas misiones comprenden responsabilidades de alta visibilidad pública, como la custodia de los procesos electorales, los despliegues en estados de excepción y la respuesta ante catástrofes, así como otras menos visibles, como la inteligencia, el desarrollo de infraestructura, el apoyo internacional y el entrenamiento. Para sostenerlas, la Política de Defensa Nacional plantea que el país aspira a mantener y desarrollar capacidades estratégicas, entendidas como un activo relevante para la seguridad y la defensa de los chilenos[22]. En consecuencia, el problema va más allá de solo cuánto se gasta, sino que debe responder si ese gasto permite conservar y renovar las capacidades que hacen posible cumplir las tareas que tanto la política pública como la ciudadanía exigen, sin dejar de asumir las demandas del entorno, en caso de ser necesario.

En los últimos años, un contexto de seguridad marcado por la inestabilidad regional, problemas de resguardo del orden público, la irrupción del crimen organizado, crisis en las fronteras de la macrozona norte (MZN) y el conflicto en la macrozona sur (MZS), además de las obligaciones frente a emergencias, catástrofes[23] y elecciones[24], ha llevado a un incremento en la cantidad de misiones. Esto ha provocado, desde luego, un desgaste progresivo de las instituciones armadas.

La duración ininterrumpida de los despliegues y su amplitud geográfica, así como un mayor número de misiones, generan una demanda creciente de personal y medios. Esta situación se da, además, en un contexto de menor disponibilidad de soldados conscriptos[25]. Esto es evidente al revisar en la Figura 3 la cantidad y duración de los despliegues de las FF.AA. por emergencia o catástrofe.

Figura 3. Despliegues de las Fuerzas Armadas desde el año 2019

Fuente: Elaboración propia.

Como muestra la Figura 3, en los últimos años ha existido un despliegue ininterrumpido de las FF.AA.: la emergencia sanitaria por COVID-19 se extendió por 18 meses[26], mientras que los despliegues en la MZS (cinco años)[27] y en la MZN (tres años)[28] continúan vigentes. En estos escenarios, incluidos los estados de excepción constitucional, no solo se requieren recursos para el despliegue mismo, sino también para el ecosistema que permite sostener las intervenciones. Para mantener el esfuerzo, se necesita, al menos, el triple de fuerza, es decir, un tercio de los medios que se encuentran desplegados, un tercio en preparación y un tercio posdespliegue. El costo real de este tipo de operaciones sostenidas no se limita, por lo tanto, a quienes se encuentran en terreno, sino que compromete todo el ciclo de rotación.

Figura 4. Ciclo de preparación, despliegue y recuperación de la fuerza

Fuente: Elaboración propia.

A estas tareas se debe sumar la colaboración de las FF.AA. en los procesos electorales que movilizan a una parte significativa de su personal para cubrir un número creciente de locales de votación, así como la respuesta ante catástrofes naturales cuya frecuencia no disminuye, como se apreció en las inundaciones recientes que afectaron a la Región Metropolitana y el norte del país. Además, recientemente se ha planteado incluso su intervención en materias de orden público por períodos de tiempo prolongados[29].

Podría argumentarse que la reducción del gasto en defensa carece de relevancia si los recursos anteriores eran excesivos. Sin embargo, nada indica que así fuera y la disminución del financiamiento relativo se ha producido en paralelo con un aumento de la carga operacional, de modo que la relación entre recursos y tareas se ha deteriorado por ambos lados, afectando de paso el adecuado mantenimiento operacional de las plataformas.

Esta tensión se expresa también en términos numéricos, a través del déficit de caja y del arrastre de deuda generados por los despliegues en la MZN y la MZS. En octubre de 2025, ante la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, advirtió que la institución tendría dificultades para terminar el año, con un déficit financiero cercano a los 40 mil millones de pesos[30]. De ese monto, más de 14 mil millones corresponden solo a los despliegues, y la situación llevó a suspender la reinstrucción de la reserva, postergar el pago de gratificaciones y frenar nuevas contrataciones. La entonces ministra de Defensa, Adriana Delpiano, reconoció que existían gastos pendientes por las macrozonas y las elecciones, y aseguró que serían pagados, en parte, mediante transferencias del Ministerio del Interior[31].

Es plausible que esta deuda sea una de las explicaciones del aumento del presupuesto del Ministerio para 2027 (Tabla 1). Con todo, aun cuando se salde mediante inyecciones de recursos, el déficit de 2025 constituye una señal urgente sobre el escenario presupuestario de las FF.AA., más aún cuando los despliegues continúan consumiendo recursos permanentemente.

A los esfuerzos en los frentes norte y sur se suman otras obligaciones, como las derivadas del plan estratégico en la Antártica, coherente con el carácter esencial de este territorio para la soberanía de Chile y en el que las FF.AA. aportan tres de los cuatro operadores antárticos del Estado, junto con el Instituto Antártico Chileno (INACH). Según el Plan Estratégico Antártico 2026-2030[32], el Ministerio de Defensa es responsable de parte de la coordinación de las labores de investigación, entrenamiento y desarrollo de infraestructura, funciones que se cumplen en buena medida a través del EMCO.

PREDOMINIO DEL GASTO EN PERSONAL FRENTE A LOS RECURSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A lo anterior se suma un rasgo característico del gasto en defensa en Chile, el que se refiere a la alta proporción que representa el gasto en personal. Esta realidad repercute en la menor disponibilidad de financiamiento para otras funciones relevantes, como son aquellas relacionadas con la operación, el entrenamiento y el mantenimiento de las unidades y sistemas que operan las instituciones armadas.

A modo de referencia, es conveniente revisar la experiencia internacional; en particular, la de países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE). Para realizar una comparación adecuada, es necesario intentar estandarizar las categorías de gasto y redistribuir las partidas nacionales en ellas, siguiendo la lógica de clasificación utilizada por la OTAN[33] y la Agencia Europea de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés)[34]. Para ello, se definieron cuatro categorías, las que están resumidas en la Figura 5. La primera, Personal, considera todas las remuneraciones más las pensiones del personal pasivo, que en el caso de Chile se financian a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), fuera de la Partida 11 de la Ley de Presupuestos. Tanto la OTAN como la EDA incluyen las pensiones en esta categoría, por lo que la comparación es homogénea en este punto. La segunda, Infraestructura, abarca, entre otros, la construcción, modernización y mantenimiento de activos fijos, como cuarteles, aeródromos, puertos e instalaciones estratégicas. La tercera, Equipamiento e innovación, incluye la compra de equipamiento, la investigación, la tecnología y la inversión en innovación, que hoy se financia, en buena medida, a través del Tesoro Público, mediante el FPC y el FCE. La cuarta, Operaciones y otros, corresponde al funcionamiento operativo diario: combustible, reparaciones de rutina, repuestos, maniobras y ejercicios nacionales y conjuntos, alimentación, vestuario y alojamiento, además de transferencias de capital a otros países con fines de ayuda. Al consolidar el gasto en defensa e incluir las partidas previsionales de Capredena[35] y los fondos institucionales especiales, el gasto total en defensa considerado para Chile asciende a $4.771.319.222 (miles de CLP), lo que en dólares representa un total de US$ 4.980.500 (miles de USD)[36].

Figura 5. Presupuesto de defensa en Chile 2026, consolidado según categorías estandarizadas (porcentaje del total; total en millones de pesos)

Composición del gasto consolidado en defensa, Chile 2026

Total: 4.771.319 millones de pesos

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Dipres (Presupuesto Abierto 2026).

Esta reclasificación muestra que, aunque la cifra global de gasto consolidado pueda parecer elevada ante la opinión pública, la disponibilidad real de recursos para operaciones y entrenamiento se encuentra fuertemente restringida por el peso del gasto en personal, que alcanza el 76,95% del total, frente a 11,13% en Operaciones y otros, 10,48% en Equipamiento e innovación y apenas 1,44% en Infraestructura. Si bien este ejercicio aritmético puede ser revisado y mejorado, es poco probable que los ajustes metodológicos alteren sustancialmente esta conclusión, dada la magnitud de la diferencia.

Figura 6. Composición del gasto en defensa por categoría: OTAN, UE y Chile (porcentaje del total)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OTAN, la EDA y Dipres.

Al reclasificar la distribución del gasto bajo los principios de la OTAN y la UE, la Figura 6 muestra una significativa participación del rubro Personal y una participación muy reducida de las partidas destinadas a Operaciones y otros e Infraestructura. Mientras que en la OTAN y en la UE el gasto en personal representa, aproximadamente, un tercio del total y alrededor de dos tercios de los recursos se destina a equipamiento, desarrollo tecnológico, operaciones continuas y sostenimiento logístico, Chile concentra casi 77% en remuneraciones y prestaciones sociales del personal. Equipamiento e innovación y Operaciones y otros suman en conjunto cerca de 21,6% del gasto chileno, una fracción marcadamente insuficiente para mantener la capacidad de respuesta operacional de las unidades, a lo que se agrega el 1,44% destinado a infraestructura. Aun considerando las diferencias metodológicas entre las clasificaciones, el contraste con Europa es elocuente: en 2025, los Estados miembros de la UE destinaron más de 32% de su gasto a inversión, por sobre el umbral de referencia de 20%[37], mientras que Chile destina 10,48% a equipamiento e innovación. Esto no significa que los recursos para personal sean excesivos en Chile, sino que las tareas crecientes exigen más personal, no menos. El problema es que el Estado invierte montos mínimos para las otras necesidades.

Un segundo punto de comparación internacional es el gasto por soldado, indicador que la EDA define como el gasto total en defensa dividido por el número de militares en servicio activo en un año determinado. En la UE, este indicador alcanzó los 273.746 dólares en 2024[38], mientras que en Chile el gasto por soldado para el mismo año fue de, aproximadamente, 80.300 dólares[39], y en la OTAN, de 461.374 dólares[40]. Se trata de una comparación en dólares corrientes, que no ajusta por diferencias de precios ni de salarios, por lo que la brecha refleja en parte esas diferencias. Aun así, la distancia impacta directamente en las posibilidades de mejorar equipamiento y sostenimiento, lo que limita la modernización de los medios en servicio.

Figura 7. Gasto en defensa por militar en servicio activo, 2024 (dólares corrientes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EDA, el SIPRI y la OTAN.

POTENCIAL DESEQUILIBRIO ESTRATÉGICO FUTURO

Chile basa su posición estratégica en la defensa de sus intereses nacionales por medio de la disuasión. Esta disuasión requiere, además de voluntad política, un conjunto de capacidades estratégicas que, junto a otros instrumentos nacionales, permitan infligir un daño inaceptable. La situación que se ha intentado describir a lo largo de este documento muestra una función del Estado que, con el tiempo, ha contado con menos recursos relativos y ha recibido más tareas. Esto, además de impedir la renovación de sistemas que han llegado al límite de su uso por obsolescencia tecnológica, se agrava por el hecho de que la mayor demanda de acciones de las FF.AA. ha significado un mayor desgaste de los medios materiales existentes, acortando la vida útil, exigiendo su reemplazo o modernización antes de lo previsto en los ciclos de vida.

Entretanto, la región sudamericana avanza hacia la renovación de capacidades de defensa. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta a Perú de 12 cazas F-16 Block 70, con un costo estimado de 3.420 millones de dólares (monto máximo autorizado), destinados a controlar el espacio aéreo, defender las fronteras y apoyar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo[41]. En abril de 2026, el fabricante informó que el gobierno peruano seleccionó ese modelo para modernizar su flota de cazas[42]. Argentina, por su parte, acordó con Dinamarca, en 2024, la compra de 24 cazas F-16, que ese país reemplaza por F-35[43]. Sumado a esto, en Bolivia se ha planteado un plan de defensa con proyección al 2050 y la adquisición de vehículos, patrullas y aviones interceptores. En el caso boliviano, ello responde a un nuevo liderazgo militar enfocado en las guerras híbridas, la importancia de los recursos como el litio y la lucha contra el narcotráfico[44].

Esto no implica sostener que exista una carrera armamentista, una amenaza inminente ni un dilema de seguridad. Lo que se plantea es que la disuasión depende de manera importante de la capacidad relativa que se mantenga en el tiempo y que, dados los plazos de maduración de estas capacidades, las decisiones de financiamiento que no se adopten hoy condicionarán el equilibrio estratégico de la próxima década. Chile enfrenta ese horizonte con la incertidumbre de financiamiento descrita anteriormente. Si el financiamiento relativo de la defensa disminuye, las tareas aumentan, y si cerca del 77% de los recursos se destina a personal, no es razonable esperar que alcancen para mantener las capacidades estratégicas, y menos aún para desarrollar las que el país aspira a tener, dando respaldo adecuado a la disuasión.

CONCLUSIONES

– No obstante, lo valorable que pueda resultar el aumento en el presupuesto del Ministerio de Defensa para el 2027, lo cierto es que el financiamiento de la defensa es claramente insuficiente para asumir las responsabilidades que la sociedad le demanda a las FF.AA. En el último cuarto de siglo, los sucesivos gobiernos han reducido la proporción del PIB destinada al sector, de 2,69% en 2000 a 1,52% en 2025.

– En el mismo período, las tareas y responsabilidades de las FF.AA. pasaron de roles tradicionales de defensa y ayuda ante catástrofes a despliegues casi permanentes ante situaciones de emergencia, control fronterizo y otros relacionados con seguridad pública.

– El efecto acumulado sobre el material y el personal no es visible para gran parte de la sociedad, pero es real, y en poco tiempo podría generar limitaciones en el empleo de las unidades y medios. Es responsabilidad de las autoridades a cargo evaluar lo anterior y tomar las medidas necesarias para evitarlo.

– Chile gasta, comparativamente con países de la OTAN y de la UE, una baja proporción de sus recursos para la operación, entrenamiento y mantenimiento, así como en la renovación y desarrollo de capacidades militares. Lo anterior afecta directamente las capacidades estratégicas de la defensa nacional y, en consecuencia, la posibilidad de disuadir, especialmente en un potencial contexto regional de renovación de capacidades de los países vecinos, lo que podría alterar el balance militar.

– El desarrollo de capacidades estratégicas es un proceso que debe ser planificado con visión de largo plazo, por lo que las decisiones políticas de inversión deben hacerse en estos momentos, antes de que el deterioro acumulado sea irreversible.

– Se estima que la demanda por tareas a las FF.AA. no disminuirá; por el contrario, aumentará. En estas circunstancias, la posibilidad de reducir personal sería claramente irresponsable, por lo que la opción natural es asegurar los recursos para operar, entrenar y mantener lo que se tiene y, al mismo tiempo, reemplazar o desarrollar nuevas capacidades.

– Contar con una metodología de evaluación de capacidades estratégicas propia, ajustada a la realidad, cultura y necesidades nacionales, aparece como un complemento indispensable, sirviendo como instrumento que aporte a la conducción política de la defensa y a la mejor toma de decisiones.

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Proyecto de Ley de Presupuestos año 2027.Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional. Santiago: DIPRES, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-432167_doc_pdf.pdf?ts=1791250272

Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027.Cuadro Comparativo Analítico Años 2026-2027. Partida: Tesoro Público, Capítulo: Fisco, Programa: Fondo de Contingencia Estratégico. Santiago: Ministerio de Hacienda, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-431264_doc_pdf.pdf?ts=1791248956

Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027. Cuadro Comparativo Analítico Años 2026-2027. Partida: Tesoro Público, Capítulo: Fisco, Programa: Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa. Santiago: Ministerio de Hacienda, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-431265_doc_pdf.pdf?ts=1791248960

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MARCELO MASALLERAS
Director de Estudios AthenaLab

MICAELA TRAMER
Asistente de Investigación AthenaLab


[1] Proyecto de Ley de Presupuestos año 2027.Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional. Santiago: DIPRES, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-432167_doc_pdf.pdf?ts=1791250272.

[2] Factor de ajuste de inflación usado de 1,028, obtenido del cociente entre el presupuesto 2027 y el presupuesto base 2026 del proyecto de presupuestos del Ministerio de Defensa 2027. La variación entre ambos montos (2,83%) representa la proyección de inflación aplicada por la DIPRES para dicha formulación (DIPRES, Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público año 2027).

[3] Las variaciones reales representan el crecimiento neto efectivo en la capacidad de gasto institucional, evitando la distorsión por pérdida de poder adquisitivo mediante el cociente entre el presupuesto 2027 y la base 2026 reajustada (factor de 1,028, luego aplicado a los demás montos). https://www.dipres.gob.cl/597/articles-432167_doc_pdf.pdf?ts=1791250272.

[4] Ley de Presupuestos de 2026.Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional. Santiago: DIPRES, 2025. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-397476_doc_pdf.pdf.

[5] Lopes da Silva, D., y Nan Tian (16 de septiembre de 2019). Ending Off-Budget Military Funding: Lessons from Chile. Stockholm International Peace Research Institute. https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/ending-budget-military-funding-lessons-chile.

[6] Ley 21174 de 2019.Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. 26 de septiembre de 2019. D.O. Núm. 42.462. https://bcn.cl/2esg7; Libertad y Desarrollo (LyD), “Para Defensa nuevamente sin presupuesto”, Temas Públicos, n.º 1663, octubre de 2024, https://lyd.org/wp-content/uploads/2024/10/TP-1663-DEFENSA-2025.pdf.

[7] Proyecto de Ley de Presupuestos año 2027. Partida: Tesoro Público. Santiago de Chile: Ministerio de Hacienda, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-430771_doc_pdf.pdf?ts=1791209335.

[8] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) [2026]. SIPRI Military Expenditure Database. SIPRI. Archivo de datos en Excel, accedido el 2 de noviembre de 2026. https://doi.org/10.55163/CQGC9685.

[9] Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales de Chile 2013-2020. Santiago: Banco Central de Chile, 2021. https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Informes/AnuarioCCNN/pdf/ANUARIO_CCNN_2020.pdf.

[10] SIPRI, «SIPRI Military Expenditure Database».

[11] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Aportes de Codelco por Ley Reservada del Cobre. Valparaíso: Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, 7 de septiembre de 2016. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/23425/1/Ley%20reservada%20del%20cobre_edPM.pdf.

[12] LyD, “Para Defensa nuevamente sin presupuesto”.

[13] Ley 21174.

[14] Ley 21640de 2023. Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024. 18 de diciembre de 2023. D.O. Núm. 43.728-B. https://bcn.cl/3h3fa.

[15] Ley 21722de 2024.Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025. 13 de diciembre de 2024. D.O. Núm. 44.023-B. https://bcn.cl/sVH2FK.

[16] Ley 21796 de 2025.Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026. 12 de diciembre de 2025. D.O. Núm. 44.322-C. https://bcn.cl/RshiJs.

[17] Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027.Cuadro Comparativo Analítico Años 2026-2027. Partida: Tesoro Público, Capítulo: Fisco, Programa: Fondo de Contingencia Estratégico. Santiago: Ministerio de Hacienda, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-431264_doc_pdf.pdf?ts=1791248956.

[18] Masalleras, M. (12 de septiembre de 2025). Financiamiento de capacidades estratégicas: creer o no creer”. AthenaLab. https://www.athenalab.org/publicaciones/analisis-es/2025/09/12/comentario-financiamiento-de-capacidades-estrategicas-creer-o-no-creer/.

[19] Dirección de Presupuestos. 2026. Proyecto de Ley de Presupuestos para el Año 2027: Cuadro Comparativo Analítico Años 2026 – 2027. Partida: Tesoro Público, Capítulo: Fisco, Programa: Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa. Santiago de Chile: Ministerio de Hacienda. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-431265_doc_pdf.pdf?ts=1791248960. [1]

[20] Decreto 100 de 2005 [Última Versión – 16-ABR-2026]. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 17 de septiembre de 2005. D.O. Núm. 38.268.

[21] Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa Nacional de Chile 2020 (Santiago: Ministerio de Defensa Nacional, 2020).

[22] Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa Nacional.

[23] Decreto 112 de 2026 [Ministerio del Interior; Subsecretaría del Interior].Declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública en la Provincia de Huasco de la Región de Atacama y en la Región de Coquimbo. 20 de julio de 2026. https://bcn.cl/JrXcaU.

[24] Servicio Electoral de Chile, «Resultados electorales Históricos», accedido el 2 de noviembre de 2026, https://www.servel.cl/biblioteca-de-documentos/resultados-electorales-historicos/.

[25] Dirección General de Movilización Nacional. Respuesta a solicitud de información NºAD013T0004163 mayo 2024.

[26] Ejército de Chile (1 de octubre de 2021). “Fin del estado de excepción: Participación del Ejército en la Emergencia Sanitaria”. Prensa y Multimedia. https://www.ejercito.cl/prensa/visor/fin-del-estado-de-excepcion-participacion-del-ejercito-en-la-emergencia-sanitaria.

[27] Horzella Cutbill, B. (2026). Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur: Antecedentes normativos y despliegue de las FF.AA. N.º SUP 153150. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Asesoría Técnica Parlamentaria. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/38281/1/Informe_BCN_Estado_de_Excepcion_Constitucional_de_Emergencia_en_la_Macrozona_Sur_Antecedentes_normativos_y_despliegue_de_las_FFAA.pdf.

[28] Decreto 143 de 2023. Prórroga declaración de estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas del territorio nacional que indica. [Decreto 143 del 19 de mayo de 2023]. D.O.Núm. 43.560-B, 25 de mayo de 2023. CVE 2322043. https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/25/43560-B/01/2322043.pdf.

[29] Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Proyecto de reforma constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que fortalece el sistema nacional de seguridad pública y crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Mensaje n.º 134-374, Boletín n.º 18.597-07, Santiago, 10 de agosto de 2026. https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=18828&prmTIPO=INICIATIVA.

[30] “Discusión del Presupuesto: Ejército y Armada alertan dificultades económicas para terminar el año”, El Dínamo, 9 de octubre de 2025, https://www.eldinamo.cl/politica/2025/10/09/discusion-del-presupuesto-ejercito-y-armada-alertan-dificultades-economicas-para-terminar-el-ano/.

[31] Zapata, J. (10 de octubre de 2025). Gobierno descarta desfinanciamiento del Ejército y asegura entrega de recursos durante 2025. Radio Universidad de Chile. https://radio.uchile.cl/2025/10/10/gobierno-descarta-desfinanciamiento-del-ejercito-y-asegura-entrega-de-recursos-durante-2025/.

[32] Consejo de Política Antártica. Plan Estratégico Antártico 2026-2030. Santiago: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2025. https://bibliotecadigital.ciren.cl/server/api/core/bitstreams/3ba8b07c-88c5-4647-afb9-cc90bea7748d/content.

[33] North Atlantic Treaty Organization (NATO) [2026]. Defence Investment of NATO Countries (2014-2026). NATO. https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2026-en.pdf.

[34] European Defence Agency (EDA), Defence Data 2025–2026 (Bruselas: EDA, 2026), https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/2026-eda_defencedata_webpublic.pdf.

[35] Serie Histórica Años 2022-2026. Información de Ejecución Presupuestaria. Partida: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Capítulo: Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Programa: Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Santiago: Ministerio de Hacienda, 2026. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-432669_doc_pdf.pdf?ts=1791251271.

[36] Cifras expresadas en dólares de EE.UU. (USD), calculadas utilizando el tipo de cambio de referencia de US$ 958, conforme a los supuestos macroeconómicos para el ejercicio 2026 establecidos por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en su Informe de Finanzas Públicas.

https://www.dipres.gob.cl/598/articles-386772_doc_pdf.pdf.

[37] EDA, Defence Data 2025–2026.

[38] Ibid. Equivale a 253.000 euros, convertidos a dólares con el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo para 2024, https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html.

[39] Cálculo propio: 5.500 millones de dólares de gasto en defensa (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], SIPRI Military Expenditure Database [Estocolmo: SIPRI, 2026], https://www.sipri.org/databases/milex) divididos por 68.500 efectivos en servicio activo (International Institute for Strategic Studies [IISS], The Military Balance 2024 [Londres: Routledge, 2024]).

[40] Cálculo propio: 1.482.905 millones de dólares de gasto en defensa divididos por 3.214.100 efectivos en servicio activo (https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2026-en.pdf).

[41] Defense Security Cooperation Agency (DSCA). “Peru – F-16 Aircraft”. Comunicado de prensa n.º 25-96, 15 de septiembre de 2025. https://media.defense.gov/2025/Sep/15/2003799962/-1/-1/0/PRESS%20RELEASE%20-%20PERU%2025-96%20CN.PDF

[42] Lockheed Martin (23 de abril de 2026). Perú selecciona el F-16 Block 70 de Lockheed Martin para fortalecer su soberanía y alianza estratégica con EE. UU. Lockheedmartin.com. https://news.lockheedmartin.com/2026-04-23-peru-selecciona-el-f-16-block-70-de-lockheed-martin-para-fortalecer-su-soberania-y-alianza-estrategica-con-ee-uu.

[43] Danish Ministry of Defence (26 de marzo de 2024). “Denmark and Argentina Agree on Sale of 24 Danish F-16 Fighter Jets”. News. Danish Ministry of Defence. https://www.fmn.dk/en/news/2024/denmark-and-argentina-agree-on-sale-of-24-danish-f-16-fighter-jets/.

[44] Instantáneas (7 de agosto de 2025). Arce propone nueva política de defensa para Bolivia hasta 2050. Instantaneas.org. https://www.instantaneas.org.bo/2025/08/07/medio-ambiente/arce-propone-nueva-politica-defensa-bolivia-2050; Hernández, C. (3 de enero de 2026). Bolivia plantea nuevo enfoque de política de defensa. Infodefensa. https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5716961/bolivia-plantea-nuevo-enfoque-politica-defensa; Meglioli, L. E. (14 de febrero de 2026). Bolivia redefine su estrategia de defensa con un ambicioso plan a 2050. Escudo Digital. https://www.escudodigital.com/internacional/latinoamerica/bolivia-redefine-su-estrategia-de-defensa-con-un-ambicioso-plan-a-2050.html


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