Chile debe tener voz donde se escriben las reglas del ciberespacio

Las reglas del ciberespacio ya se están escribiendo. La pregunta es si Chile llegará con una posición propia o si terminará aceptando las reglas redactadas por otros.

Durante la última década, Chile ha construido una arquitectura de ciberseguridad avanzada para los estándares regionales. Cuenta con una Ley Marco de Ciberseguridad, una Agencia Nacional de Ciberseguridad, capacidades nacionales y de defensa ante incidentes, una Política Nacional de Ciberseguridad 2023 a 2028 y un régimen de operadores de importancia vital que protege los servicios esenciales. Distintos instrumentos internacionales lo ubican entre los de mayor madurez regional en esta materia.

Sin embargo, esa fortaleza convive con una brecha estratégica: Chile aún no ha publicado una posición nacional sobre cómo interpreta y aplica el derecho internacional en el ciberespacio. Esa ausencia importa. Más de treinta y cinco Estados ya han publicado posiciones nacionales sobre la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio. Brasil lo hizo en 2021, mediante el compendio oficial de Naciones Unidas A/76/136. Costa Rica publicó la suya en 2023 y Colombia se sumó en 2025. Chile participa activamente en foros multilaterales, pero todavía sin un documento oficial que ordene su posición jurídica, política y estratégica.

El problema ya no es estar ausente. Chile no está ausente. El 30 de marzo de 2026, la representación chilena ante Naciones Unidas participó en la sesión organizativa del nuevo Mecanismo Global Permanente sobre seguridad de las TIC. Allí respaldó el fortalecimiento de capacidades, la cooperación internacional y la aplicación del derecho internacional. Ese fue un paso importante. Pero ahora viene el paso decisivo: transformar las intervenciones diplomáticas en política nacional.

El derecho internacional aplicable al ciberespacio no se construye mediante un único tratado. Emerge progresivamente desde Naciones Unidas, desde procesos doctrinarios como el Manual de Tallinn, desde la práctica de los Estados y desde las posiciones nacionales que cada país publica. El nuevo mecanismo permanente de la ONU será el espacio estable donde se discutirán reglas de comportamiento responsable, cooperación, asistencia técnica y aplicación del derecho internacional. Chile debe llegar a ese espacio con voz propia.

La brecha puede comprenderse desde el Framework Trillium de El Poder Digital. La soberanía digital se sostiene sobre tres pilares interdependientes: gobernanza, infraestructura y ciberseguridad. Chile ha avanzado en los tres. Pero todavía no desarrolla plenamente el nodo de intersección entre gobernanza y ciberseguridad, donde reside la ciberdiplomacia: el espacio donde el Estado define qué principios defenderá en el ciberespacio, bajo qué reglas actuará y cómo protegerá sus intereses estratégicos.

Una posición nacional publicada no es un ejercicio académico, sino un instrumento de política exterior y seguridad nacional. Orienta a los diplomáticos, da coherencia a la acción internacional del Estado, fortalece la coordinación entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Ciberseguridad, y aporta al desarrollo del derecho internacional.

Chile tiene además una oportunidad doctrinaria concreta. Puede proponer que la obligación de debida diligencia en el ciberespacio sea proporcional a la capacidad técnica real de cada Estado. No resulta razonable exigir a un Estado de capacidades medias el mismo estándar de detección, atribución y prevención que a una gran potencia cibernética. La obligación debe existir, pero su alcance debe medirse según capacidades objetivas. Esta aproximación, inspirada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas reconocido en la Declaración de Río de 1992, constituye una contribución iberoamericana al debate internacional sobre gobernanza y estabilidad del ciberespacio, que Chile puede defender con autoridad técnica y legitimidad jurídica.

Una arquitectura institucional para la ciberdiplomacia chilena

Proponer una posición nacional sin definir quién la elabora es proponer un texto sin responsable. Chile necesita avanzar simultáneamente en tres planos institucionales. Primero, designar a la Cancillería como entidad líder de la elaboración de la posición nacional, a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la ANCI, Defensa e Inteligencia. Debe operar bajo mandato presidencial o ministerial expreso, con plazo definido y consulta a la academia, el sector privado y la sociedad civil. El modelo holandés, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores articula con Defensa, Justicia e Interior bajo mandato parlamentario, es un referente aplicable al caso chileno.

Segundo, crear una figura institucional permanente de ciberdiplomacia dentro de la Cancillería, con rango de embajador en misión especial, dedicada a coordinar la posición chilena en el Mecanismo Global Permanente de la ONU, en la OEA, en EUROLAT y en las relaciones bilaterales digitales. España creó esta figura en 2020 y la ha consolidado como un nodo de coordinación insustituible.

Tercero, institucionalizar un mecanismo interagencial estable de ciberdiplomacia, que reúna periódicamente a Cancillería, ANCI, Defensa, ANI, Ciencia y Tecnología y Hacienda, para mantener actualizada la posición, preparar las intervenciones chilenas y monitorear el derecho internacional aplicable. Puede operar bajo la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, con secretaría técnica rotativa.

Esta arquitectura no requiere reformas legales mayores. Requiere decisión política, claridad de mandato y continuidad institucional entre gobiernos. Es la capacidad que un Estado mediano necesita construir antes de que las reglas del ciberespacio terminen de escribirse sin él. Este esfuerzo no debería quedar aislado. Chile puede proyectar una agenda iberoamericana de confianza digital y darle un vehículo concreto: la Cumbre Iberoamericana de Ciberseguridad, que se celebrará en Santiago cada octubre, mes de la ciberseguridad, y su instrumento fundacional, el Pacto de Santiago. Su corazón operativo, el Escudo Digital Iberoamericano, propone una cooperación público-privada voluntaria y bajo reserva para compartir información sobre amenazas donde aún no existen leyes que la obliguen. La SEGIB y la OEA son escenarios naturales para ello.

Chile posee tradición diplomática, estabilidad institucional y una trayectoria seria en seguridad, defensa y ciberseguridad. Pero en el ciberespacio la influencia no se hereda: se ejerce. Se ejerce con una política nacional, capacidades institucionalizadas, políticas públicas coordinadas y presencia sostenida donde se construyen las reglas.

La pregunta ya no es si Chile debe participar. Ya participa. La pregunta es si participará con una política propia, con responsable institucional definido y con doctrina publicada, o si aceptará, por omisión, las reglas que otros redacten. Chile debe tener voz donde se escriben las reglas del ciberespacio. Y debe tenerla ahora.