ANÁLISIS | Diez claves de la Política Nacional de Seguridad Pública

El presente análisis identifica diez claves conceptuales que estructuran la reciente publicación de la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025-2031. Este instrumento, aprobado por Decreto Supremo en octubre de 2025 y publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 2026, representa un marco rector del nuevo Sistema de Seguridad Pública —creado por Ley N.º 21.730—. Su análisis revela tanto avances paradigmáticos como desafíos estructurales para su implementación efectiva en el complejo escenario de seguridad actual.

Claves estratégicas y desafíos de implementación

1. Un enfoque que busca ser sistémico e integral

La PNSP transciende las visiones puramente policiales o punitivas al adoptar un enfoque sistémico de seguridad ―que involucra a una serie de actores en el sistema de seguridad―, reconociéndola como un fenómeno multicausal. Este modelo integra de manera coordinada la prevención, el control, la persecución penal, la atención a víctimas y la reinserción social. No obstante, su éxito dependerá críticamente de la capacidad real de articular un ecosistema institucional fragmentado, superando lógicas de competencia sectorial y fomentando una verdadera cultura de colaboración público-privada, clave para el éxito.

• Diagnóstico basado en la evolución de la violencia y el temor

El diagnóstico es correcto al identificar una transición hacia delitos de mayor violencia y complejidad organizada. Entre 2018 y 2022, la tasa de homicidios creció un 48,9%, acompañada de un aumento sostenido de secuestros (de 360 casos en 2014 a 868 en 2024). Esta tendencia contrasta con la disminución del 25% en delitos patrimoniales no violentos. Paralelamente, la política reconoce el desafío del temor ciudadano: el 87,7% de la población percibe un aumento de la delincuencia, un factor desestabilizador que erosiona la cohesión social y la confianza institucional.

• Principios rectores y sus desafíos operativos

La política se rige por principios de legalidad, seguridad como derecho humano, perspectiva de género y protección especial a grupos vulnerables. El desafío operativo reside en traducir estos valores en protocolos de actuación, criterios de focalización y métricas de evaluación concretas para las instituciones del sistema de seguridad. La legitimidad del modelo dependerá de que estos principios informen cada etapa del ciclo de gestión de seguridad. Además, faltan algunos aspectos clave, como la organización y eficacia institucional, corresponsabilidad en la seguridad, y la integración y coordinación efectiva.

• Modelo de gestión por resultados y evidencia

Un pilar fundamental es el tránsito hacia una gestión basada en evidencia y orientada en resultados. Esto implica desarrollar un sistema integrado de información con altos estándares de interoperabilidad, ciberseguridad y protección de datos sensibles. Para la política pública, este objetivo requerirá una inversión sostenida en capacidades analíticas y tecnológicas, estandarización de sistemas, así como una cultura institucional que valore la evaluación rigurosa y el aprendizaje continuo.

• Operacionalización mediante estrategias bianuales y riesgo de dilución

Para garantizar la vigencia de un marco de seis años, la PNSP establece la elaboración de estrategias bianuales con indicadores, metas y responsables definidos. Este mecanismo busca facilitar el seguimiento y la rendición de cuentas. Sin embargo, el riesgo de burocratización y desconexión es alto: si estas estrategias no están vinculadas a decisiones presupuestarias y no son sometidas a evaluaciones independientes rigurosas, la política podría diluirse en un ciclo de planificación sin impacto tangible en el territorio.

• Focalización en la prevención temprana y la complejidad de la coordinación intersectorial

Se prioriza la interrupción de trayectorias delictivas en la niñez y juventud mediante un sistema nacional de alertas tempranas. Este enfoque preventivo va en la línea correcta. Exige una coordinación intersectorial efectiva con ministerios de carácter social. Pero no solo ellos, falta incluir información municipal y policial como organismos en este sistema de prevención temprana. Esta coordinación necesita alinear objetivos y lógicas de acción que no siempre convergen naturalmente en prioridades de seguridad, por lo que la articulación interinstitucional superior es relevante.

• Adaptabilidad frente al crimen organizado transnacional y la necesaria coordinación interagencial

La PNSP aborda el crimen organizado con un enfoque de control fronterizo, el combate a mercados ilícitos y la inteligencia financiera. Dada la naturaleza transnacional, este fenómeno nuevamente requiere una coordinación profesional intensa que trasciende lo policial, involucrando a las FF.AA. en tareas de resguardo fronterizo, al Servicio Nacional de Aduanas y a las agencias de inteligencia financiera. La efectividad dependerá, nuevamente, de una estructura más allá de la institucionalidad policial.

• Enfoque crítico sobre el sistema penitenciario y la viabilidad política de la reinserción

La política reconoce de manera directa la crisis carcelaria (sobrepoblación, violencia intramuros, dominio de organizaciones criminales). Propone diversas medidas técnicas, como la segmentación por perfiles criminógenos y el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria. No obstante, estas reformas chocan con restricciones presupuestarias y una narrativa pública y mediática, a menudo contraria a políticas rehabilitadoras, las que además carecen de estudios de efectividad. La viabilidad política de priorizar la reinserción social constituirá una prueba significativa de la sostenibilidad del enfoque integral.

• Atención a víctimas: hacia un servicio nacional

La política considera la mejora en la atención oportuna y la protección de las personas víctimas de delitos a través de una atención especializada y el acceso a la información sobre el desarrollo de los procesos judiciales. Es crucial para este objetivo hacer la operativización del reciente aprobado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (Ley N.º 21.780, publicada en noviembre de 2025). Este es un avance crucial para rebalancear un sistema que ha priorizado históricamente la perspectiva del imputado y para superar las desigualdades que existen hoy en el acceso a este tipo de servicios.

1. Mecanismos de gobernanza: entre innovación y riesgo de disfuncionalidad

La política institucionaliza una gobernanza compleja con consejos nacionales y regionales presididos por el Ministerio de Seguridad Pública. Este diseño busca garantizar coherencia estratégica y adaptabilidad mediante un ciclo de mejora continua. El riesgo crítico es la disfuncionalidad: que la energía se consuma en procesos de coordinación y rendición de informes, en detrimento de la agilidad operativa y la respuesta efectiva en el territorio.  

Conclusión: un cambio de paradigma con desafíos

La Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 representa un cambio de paradigma en el enfoque estatal chileno, transitando de una lógica principalmente reactiva y fragmentada hacia una visión que busca la integralidad, basada en derechos y con aspiraciones de gestión técnica, aunque con enormes desafíos en la coordinación. Sus fortalezas radican en un diagnóstico claro y en la definición de los ejes prioritarios.

Sin embargo, su publicación es el inicio, no la culminación del proceso. Los desafíos críticos son:

1. Coordinación real y superación de silos. Traducir el complejo diseño en acción efectiva, superando inercias burocráticas históricas; especialmente teniendo en cuenta la paridad jerárquica entre instituciones, sobre todo entre ministerios.
2. Sostenibilidad financiera y política. Asegurar recursos y voluntad política continua para componentes preventivos y de reinserción, menos visibles y populares.
3. Construcción de un sistema creíble de rendición de cuentas. Implementar un modelo de gestión por evidencia, con mediciones independientes que permitan ajustes basados en resultados y no en percepciones.

En el papel, la PNSP es un documento con un diagnóstico adecuado de los problemas de seguridad pública. Su verdadero juicio crítico llegará en los próximos años, al medir su capacidad para reducir no solo los índices delictivos, sino también el temor ciudadano y la desconfianza institucional, transformando la capacidad del Estado para enfrentar los fenómenos de seguridad actuales. No obstante, llama la atención su publicación, a un poco más de un mes de asumir un nuevo gobierno. ¿Serán estas prioridades las mismas que tendrá el próximo gobierno? Desde luego, puede ser letra muerta si es que esta política, que debe ser una política de Estado, no fue consensuada con el nuevo gobierno.

Finalmente, surgen dudas sobre su operacionalización y bajada programática. No solo porque no existe una política nacional que alinea tanto la política de seguridad pública con la política nacional de defensa, sino porque el rol de inteligencia está radicado en el Ministerio del Interior y, por lo tanto, parece complejo asumir que el crimen organizado es solo un problema de seguridad pública.