COLUMNA | La importancia del control del orden público y la capacidad disuasiva del Estado

Como ha sido tradicional, el día del joven combatiente se caracterizó por altos niveles de violencia, uso de armas de fuego y elementos explosivos, destrozos materiales, y más preocupante aún, varios heridos, incluyendo jóvenes civiles inocentes con heridas a bala. La noche del domingo 29 al lunes 30 no fue muy distinta a anteriores versiones y una confirmación de que la izquierda más revolucionaria, esa del estallido delictual, va a usar fechas como estas para probar la voluntad de actuar del gobierno y las capacidades de Carabineros en lo que a control de orden público se refiere.

En la RM hubo actividad de delincuentes en San Bernardo, sector Lo Hermida de Peñalolén, Estación Central, Cerro Navia, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda y Quilicura, la que se suma al accionar que tuvo lugar en las regiones de Valparaíso, del Biobío y de la Araucanía. Lo hechos más violentos ocurrieron en Villa Francia y en Cerro Navia, en una noche que incluyó ataques a Carabineros, y que concluyó con 193 detenidos, 127 de los cuales lo fueron en la RM, y los 66 restantes en regiones. Del total 15 son extranjeros y 23 menores de edad.

Cualquiera diría que estaban colocando al gobierno a prueba, tal como lo hicieran los estudiantes hace unos pocos días atrás, actividad también muy violenta que terminó con varios jóvenes detenidos. Está claro que el gobierno actuó con energía y voluntad en el uso de la fuerza del Estado, siendo clave que el esfuerzo realizado por Carabineros no se diluya con a través de un accionar poco prolijo del Ministerio Público o de tribunales de garantía que liberen delincuentes por supuestas faltas de pruebas.

Interesante es el hecho que, a pesar de la decidida acción de la policía en la noche del domingo al lunes, estudiantes hayan intentado incendiar el Liceo Lastarria con bombas molotov durante la mañana del martes 31 de marzo, en una clara muestra de que no estamos logrando disuadir a los violentistas de realizar atentados contra las personas e infraestructura pública.

También lo ocurrido tanto la semana pasada como en días más recientes es una clara muestra de que no tenemos inteligencia disponible que nos permita anticiparnos y prevenir la ocurrencia de hechos de violencia como los recientemente experimentados. Dejamos que ocurran los ilícitos, los que mayormente están anunciados, no tomamos acciones previas y sólo actuamos cuando están destrozando o incendiando la ciudad, forzando a los chilenos a no exponerse, a quedarse presos en sus casas, a ser capturados por antisociales que mandan, y peor aún, realizan una disuasión muy efectiva, pero al revés, hacen lo que quieren, cuando quieren y donde quieren. Ellos tienen la iniciativa y nosotros reaccionamos.

Tan preocupante como lo anterior es el hecho de que no tenemos suficientes policías como para, en simultáneo, poder manejar problemas de orden y seguridad pública. Ello a pesar de que tanto la Constitución de la Republica como la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establecen que:

Artículo 101 de la Constitución: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”.

Artículo 1 de la Ley Orgánica: “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

Durante el gobierno del Presidente Boric ya era un tema la insuficiente dotación de Carabineros y eso que, por razones obvias, el orden público no fue un tema en su gobierno. Imagínense el problema que tendrá el Presidente Kast, que, llevando sólo tres semanas a cargo del gobierno, el orden público ya está estresado y cuando ello ocurre, la posibilidad de que la seguridad pública se vea afectada es alta.

Tal como en la guerra, la disuasión efectiva implica que la contraparte no actúa porque tiene claro que si lo hace será tal el castigo que caerá sobre él, que prefiere portarse bien. No saco nada con tener fuerzas tremendamente capaces si no son capaces de prevenir la ocurrencia de desordenes públicos. No saco nada si no tengo inteligencia, sea provista por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) o por las inteligencias policiales, que me permita anticipar y prevenir la realización de acciones violentas y destructivas. No saco nada si el Ministerio Público no es capaz de llevar a la justicia a los delincuentes o si una vez detenidos, los tribunales de garantía sueltan a los que destrozan, queman, hieren o matan.

Evidentemente ayuda ver al Presidente, sus ministros, jefes de las policías, delegados presidenciales, seremis y alcaldes comprometidos contra la violencia, acompañando a los mandos de Carabineros en sus puestos de control y monitoreo. Ello claramente va en la dirección correcta, es una potente señal política, pero para que se transforme en disuasión efectiva se requiere más que eso, que todo desorden sea enfrentado con toda la fuerza del Estado, que la inteligencia actúe en forma previa, buscando evitar que ocurran los ilícitos, colocando a todos los que desafíen al Estado en la cárcel, dejando claro que manda el gobierno y no los violentistas, que el control de la calle lo tiene Carabineros y no los delincuentes.

Recuerdo que en la Argentina, a la primera en que los piqueteros salieron a probar fuerzas con el gobierno de Milei, Patricia Bullrich, la entonces ministra de Seguridad Nacional, actuó en forma muy decidida, con todo el poder de las policías. El resultado fue que desde entonces el orden público dejó de ser un tema, chao los piqueteros que llevaban años haciendo de las suyas. Tenemos que aprender de nuestros vecinos las buenas prácticas que han desarrollado en materias de control del orden público, buenas practicas que les permiten concentrase en forma efectiva en el combate al narcotráfico, crimen organizado, y delincuencia, no teniendo que desgastarse en forma inútil en la atención de desórdenes y violencias.

Para cerrar me interesa que entendamos que debemos actuar con el máximo de la fuerza del Estado de forma tal que disuadan efectivamente cualquier intento de desorden público, que necesitamos servicios de inteligencia que prevengan su ocurrencia, y que, de haberlos, tanto el Ministerio Público como los tribunales actúen con el máximo rigor, dando una clara señal de que no es buena idea ir contra el Estado de Chile y los chilenos. Si no hacemos eso, estamos en problemas, ya que Carabineros no tenemos para todo y debemos ser eficientes y efectivos en su uso.

En seguridad pública, a diferencia de otras materias de gobierno, no hay problema con actuar en forma dura y decidida. Es lo que los chilenos esperan del gobierno de José Antonio Kast, del novel ministerio de Seguridad Pública, y de las policías que le reportan a la ministra Steinert.