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COMENTARIO | Economía ilegal del robo de cobre: un delito al alza

5 de abril de 2023
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COMENTARIO | Economía ilegal del robo de cobre: un delito al alza

Si en julio del año pasado advertíamos de la problemática del robo de cobre en Chile[1], nuevos datos informados a través de distintos medios de comunicación hacia fines de 2022 y principios de 2023 vinieron a confirmar las proyecciones: el delito está al alza y las bandas dedicadas a esta actividad consolidan sus rasgos de crimen organizado.

En 2022 contabilizaron sesenta delitos al día asociados a la sustracción de cables. Solo la empresa CGE reportó 854 robos correspondientes a 169 kilómetros y 42 toneladas, que afectaron a 277.000 clientes. En el mismo año, el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia sufrió 39 asaltos. Durante los primeros 40 días de 2023, la pequeña y mediana minería sufrió un robo cada día y medio. En el verano de este año, un cargamento avaluado en US$ 4,4 millones de Codelco fue sustraído en el puerto de San Antonio y se frustró un robo a Minera Escondida[2].

La zona norte y centro son las que más sufren con este tipo de delito. Mientras aquellos contra la minería se concentran en la tercera y cuarta región, el robo de cables lo hace principalmente en la Metropolitana y O´Higgins. Lo sustraído en las distintas partes del país se exporta a través de los puertos de San Antonio y Arica, principalmente, pero también se pueden mencionar Valparaíso y Antofagasta. Corea del Sur y China son los principales destinos de los cables robados. Ambos países cuentan con grandes fundiciones, capacidad de compra y almacenamiento de chatarra, por lo que no sorprende que las bandas dedicadas a la economía ilegal del cobre se aprovechen de ello para enviar el producto mal habido. En el caso de lo robado a la minería también tiene como destino mercados internacionales, pero a diferencia de los cables los productos mineros se envían a países vecinos como Perú[3].

¿Qué hacer frente a este delito?

La economía ilegal del cobre representa un desafío importante para el sector privado y público. Los primeros deben lidiar con el robo de su producción y la violencia que las bandas criminales ejercen contra sus trabajadores, mientras que los segundos deben fortalecer la institucionalidad para evitar que estos grupos se aprovechen de ella y la utilicen a su favor.

En ese sentido, el documento sobre el mercado ilícito del cobre publicado por Athenalab en julio pasado observó que el principal factor que facilitaba el accionar de los grupos entorno al robo del metal rojo es la debilidad institucional, la cual se expresa a través de una legislación desactualizada, falta de recursos para enfrentar el problema y una escasa coordinación entre los organismos estatales, todo lo cual produce vacíos que son explotados por estas organizaciones criminales. De ahí que fortalecer al Estado respecto de los procesos y herramientas de fiscalización es fundamental con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la integración y coordinación de las instituciones involucradas en dicho control.

Una propuesta para el sector público

Considerando que la debilidad institucional es el principal factor del que se aprovechan los criminales para montar su negocio ilegal existen algunas acciones que pueden ser propuestas para fortalecer la respuesta institucional:

  • El diseño de una política pública que plantee una estructura de seguridad que permita elaborar una planificación enfocada en esta problemática y que destine recursos físicos y presupuestarios para combatir las economías ilegales.
  • Dicha estructura debe considerar a todas las instituciones involucradas en la persecución e investigación del delito. La piedra angular la constituye el trabajo integrado y coordinado entre los distintos organismos con responsabilidad de control, con el fin de generar sinergias entre las acciones particulares que cada uno de ellos desarrolla, sobre todo porque la experiencia ha demostrado que cuando eso sucede los resultados son exitosos.
  • Es necesario avanzar en ciertos proyectos de ley que podrían entregar importantes herramientas, como, por ejemplo, el que moderniza el delito de asociación ilícita, adaptando esta figura penal a los desafíos del siglo XXI y entregando metodologías de investigación que permitan perseguir la empresa ilegal.
  • Resulta fundamental seguir el dinero y generar coordinaciones entre policías, fiscalía, aduanas, impuestos internos y análisis financieros, entre otros, de esa manera se aborda el problema desde la perspectiva de crimen organizado y no sólo de la organización criminal menor.
  • La incorporación de inteligencia al análisis del delito permitirá conocer el comportamiento, evolución y movimiento a lo largo del país de las bandas dedicadas a la economía ilegal del cobre. Integrar tecnología derivada de la inteligencia artificial y el “machine learning” al proceso de análisis de datos permitirá que éste sea más efectivo y que el combate al mercado ilícito del cobre sea exitoso.
  • Finalmente, la cooperación con terceros, es decir otros Estados, instituciones estatales o actores privados es un elemento que habría que considerar, toda vez que tanto los cables como los productos de la minería son exportados.

Creemos que las medidas propuestas son algunas de las acciones que podrían fortalecer la institucionalidad. Sin embargo, para ello se requiere de una voluntad política transversal que impulse las modificaciones legales y de procedimientos que permitan generar las sinergias y un resuelto accionar del Estado en esta materia.

Una propuesta para el sector privado

La industria afectada y la empresa privada puede colaborar con el Estado para fortalecer la institucionalidad y potenciar las respuestas que éste da a la problemática. Varias son las acciones que se podrían impulsar:

  • La información con la que cuenta la industria y los gremios permite generar respuestas frente al delito y, en ese sentido, el compartirla podría contribuir a mejorar las respuestas individuales. Además, si se logra impulsar un esfuerzo público–privado en que junto con la data se compartan lecciones aprendidas, se podría colaborar en el diseño y ejecución de la planificación.
  • La empresa privada, especialmente la tecnológica, puede ofrecer soluciones basadas en la inteligencia artificial y análisis de datos que contribuyan a mejorar el trabajo fiscalizador del Estado, especialmente el asociado a la persecución del dinero y facturas falsas.
  • Finalmente, el trabajo de los privados puede integrarse al de la institucionalidad pública desde los servicios que pueden ofrecer hasta la participación de la industria en mesas de trabajo público privadas que otorguen sostenibilidad a las estrategias diseñadas.

Finalmente, coordinar los esfuerzos de todos los actores involucrados resulta fundamental para generar las sinergias que se necesitan. Pero, siempre hay que tener claro que quien conduce la seguridad es el gobierno de turno a cargo del Estado, pues es dicho gobierno quien debe brindársela a sus ciudadanos, así como generar y aprovechar las oportunidades para mejorar el desarrollo y bienestar deseado.

Pilar Lizana Toresano
Investigadora de Athenalab
5 de abril 2023


[1] Pilar, Lizana. “Economía ilegal del cobre: El problema de seguridad detrás del metal rojo”, Athenalab, Documento de Trabajo no. 16, julio 2022, http://www.athenalab.org/wp-content/uploads/2022/08/athenalab_doc_17.pdf

[2] Para mayor información revisar:

[3] Para mayor información revisar:

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