El eje andino bajo presión: Polarización, gobernabilidad frágil y riesgos para Chile 

1. Contexto

El eje andino atraviesa un momento de alta tensión política. Las disputadas elecciones presidenciales de Colombia y Perú, junto con las protestas antigubernamentales en Bolivia, expresan un problema más profundo que la suma de incidentes domésticos. En los tres casos, los procesos políticos internos se cargaron de una polarización severa que sobrepasa la disputa regularmente definida por proyectos y liderazgos alternativos. El adversario pasó a encarnar, en amplios sectores, una amenaza para el destino político del país.

Para Chile, la evolución de estos procesos importa por razones concretas. Si la polarización severa se asienta en el eje andino, hay más posibilidades de ingobernabilidad, y sus efectos se proyectarán sobre el vecindario. En este contexto, Chile aparece expuesto por la presión que puede acumularse sobre su frontera norte; particularmente, por la convergencia de flujos migratorios irregulares, economías ilícitas y redes criminales transnacionales que allí operan con potencial afectación a la seguridad nacional.

El riesgo no es que Chile replique mecánicamente la fragilidad andina, sino que esta aumente la presión sobre sus propias capacidades fronterizas, institucionales y territoriales. Esto hace que los acontecimientos recientes en Colombia, Perú y Bolivia deban ser leídos no como episodios aislados de inestabilidad vecinal, sino como señales de presión sobre el entorno estratégico inmediato de Chile.

2. Polarización severa, gobernabilidad frágil y vacíos estatales

La polarización forma parte de la vida democrática. Las democracias ordenan intereses y convierten las diferencias en competencia institucional. Ese equilibrio descansa en reglas formales y también en hábitos políticos que permiten reconocer la legitimidad del adversario, aceptar la derrota cuando corresponde y ejercer el poder con autolimitación.

La dificultad aparece cuando la polarización deja de expresar desacuerdos claros y pasa a organizar la política como una división existencial. Esto es lo que distintos autores llaman polarización severa[i]. Las diferencias entre los ciudadanos suelen alinearse sobre un único eje determinante y la vida pública empieza a reordenarse en términos de “ellos” y “nosotros”. En ese punto, la competencia adopta una lógica de suma cero y el conflicto deja de tramitarse como disenso para empezar a vivirse como amenaza.

En contextos de polarización severa, los clivajes históricos y la memoria de conflictos pasados aportan el sustrato sobre el que operan liderazgos divisivos, que reactivan y profundizan divisiones latentes. Así, cada decisión institucional pasa a leerse como maniobra facciosa y cada resultado adverso como un despojo.

En América Latina, estudios han advertido que esta dinámica divisiva puede acentuarse por diseños institucionales como el presidencialismo, cuya lógica de ganador único y rigidez de mandatos personaliza el conflicto y eleva el costo político de las derrotas[ii]. Cuando estas condiciones institucionales coinciden con estancamiento económico, capacidades estatales desiguales y malestar social, la polarización severa puede agravar los problemas de gobernabilidad.

Figura 1. Polarización severa y sus escenarios de riesgo: mecanismo causal

La polarización severa erosiona la gobernabilidad cuando partidos y organizaciones sociales dejan de operar como canales de mediación y pasan a comportarse como polos de identidad, haciendo que el sistema pierda capacidad para absorber el disenso[iii]. Una sociedad dividida reduce el margen de acción de los gobiernos porque supone obstáculos constantes a sus decisiones. La parálisis frente a urgencias sociales inflama los descontentos, favoreciendo las condiciones para el desorden y el cuestionamiento a quienes gobiernan.

Cuando la ingobernabilidad se prolonga, deja de limitarse a desafíos de las autoridades de turno y empieza a erosionar los recursos, la coordinación y el consenso político que el Estado necesita para sostener su presencia. Esa erosión no genera debilidad estatal desde cero, sino que reduce la capacidad política para corregir vacíos preexistentes, más acentuados en periferias, fronteras y corredores de circulación[iv]. En un entorno de este tipo, economías ilícitas y redes criminales encuentran mejores condiciones para expandirse, mientras los flujos migratorios irregulares tienden a quedar sin la adecuada gestión estatal[v].

3. Tres expresiones de una polarización severa

3.1. Colombia

La segunda vuelta de 2026 enfrentó a Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda y cerró con un margen inferior al 1% a favor del primero. La participación más alta de la historia reciente reforzó tanto el carácter plebiscitario de la contienda como la percepción de que estaba en juego algo más que una alternancia ordinaria. La derrota oficialista llevó al presidente saliente, Gustavo Petro, a proponer la anulación de la segunda vuelta por una supuesta intervención estadounidense, e incluso a vincular ese rechazo con el derecho a alzarse en armas[vi]. Aunque Cepeda tomó distancia y reconoció su derrota, el cuestionamiento a la legitimidad del ganador ya había escalado hasta las más altas esferas del poder.

Ese episodio remite a una trayectoria más larga. El conflicto armado colombiano dejó una sociedad marcada por memorias de exclusión, represión y violencia política, mientras el acuerdo de paz de 2016 abrió una nueva fractura entre quienes lo entendieron como una oportunidad de reintegración democrática y quienes lo leyeron como una cesión excesiva frente a la insurgencia[vii]. Los estallidos de 2019 y 2021 profundizaron esa fractura. En ambos ciclos, la protesta tuvo una baja articulación intermediadora y una respuesta represiva, reforzando la percepción de que la institucionalidad ya no lograba mediar el conflicto[viii]. Sobre ese trasfondo, la inseguridad reciente operó como uno de los organizadores decisivos del clivaje en 2026.

Un gobierno por asumir impugnado desde arriba y desde una parte relevante de la sociedad enfrenta un margen de conducción más estrecho y una oposición incentivada a leer cada decisión como ilegítima. Esa debilidad de origen tiene un costo territorial. Un Ejecutivo sin holgura política difícilmente sostiene la llegada efectiva del Estado a las zonas que el Acuerdo de 2016 debía integrar.

En el Pacífico nariñense, el Catatumbo y el bajo Cauca, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se disputan los corredores de la coca y de la minería ilegal del oro. No es simple criminalidad, sino estructuras que administran población, regulan economías y sustituyen funciones estatales en la periferia[ix]. En Colombia, por tanto, la polarización severa erosiona la gobernabilidad y reduce las posibilidades de revertir una soberanía fragmentada que ya existía en amplias zonas periféricas, mientras el ciclo político permanece atrapado en la lógica del adversario como amenaza.

3.2. Perú

La segunda vuelta de junio de 2026 reabrió una fractura que el sistema político arrastra desde hace años. Keiko Fujimori se impuso por un margen de 0,3% y Roberto Sánchez respondió denunciando fraude y pidiendo anular los votos emitidos en el exterior. Así, la disputa dejó de concentrarse en los programas y volvió a instalarse en la legitimidad misma del mandato.

Figura 2. Polarización política en el eje andino entre 2010 y 2025
(mayor puntaje = más polarización; 0 ≈ promedio global)

Este desenlace se entiende mejor sobre un terreno ya erosionado. Desde 2016, el enfrentamiento cíclico entre Ejecutivo y Legislativo, junto con la sucesión de vacancias, renuncias y reemplazos presidenciales, fue debilitando el equilibrio de poderes y vaciando de legitimidad a las instituciones y partidos políticos[x]. A la ausencia de puentes sólidos entre la sociedad y el Estado se suma el clivaje entre fujimorismo y antifujimorismo, que arrastra una memoria política intensa. Para una parte del país remite al autoritarismo y la represión estatal, mientras que, para otra, al restablecimiento de la autoridad frente a la violencia insurgente. Cuando este eje se sitúa al centro de una elección, la disputa deja de sentirse como una competencia ordinaria y pasa a leerse como un juicio sobre el pasado político del país y sus límites democráticos[xi].

La caída de Castillo y el ciclo abierto bajo Boluarte cristalizaron ese deterioro desde arriba mediante una coalición de supervivencia entre Ejecutivo y Congreso. Sin embargo, un Estado absorbido por esa dinámica difícilmente sostiene una política territorial donde su presencia ya era más estrecha[xii].

La debilidad estatal se concentra en la periferia amazónica y andina, en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y en la minería ilegal de oro de Madre de Dios, que cuentan con sus propias redes de protección y violencia. El clivaje Lima-interior, agudizado tras la represión del sur luego de la caída de Castillo, terminó restando legitimidad al Estado justo donde más necesita proyectarla. Así, en Perú la polarización severa precariza la gobernabilidad y profundiza un vacío de control que las economías ilícitas ocupan con creciente autonomía.

3.3. Bolivia

La polarización boliviana de 2026 se expresó de entrada como una crisis de autoridad. Pocos meses después de asumir, Rodrigo Paz enfrentó masivas protestas, desabastecimiento, más de una docena de muertos y la declaración de estado de excepción[xiii]. El detonante fue la eliminación de subsidios a los combustibles, pero el conflicto rápidamente dejó de girar en torno al costo de vida y pasó a poner a prueba la capacidad del nuevo gobierno para afirmar el mando en un país donde la calle conserva fuerte gravitación política.

Detrás de esta coyuntura opera una fractura histórica más profunda. La política boliviana ha estado marcada desde hace años por la tensión entre un proyecto nacional-popular e indígena, articulado con fuerza por el MAS, y un polo regionalista y autonomista asentado en Santa Cruz y el oriente. Ese clivaje combina territorio, identidad, modelo de Estado y distribución del poder. De un lado pesa la memoria de la exclusión histórica de las mayorías indígenas y la promesa de un Estado plurinacional. Del otro, la tradición autonomista cruceña, recelosa del centralismo paceño. A ello se suma la caída de Evo Morales en 2019, leída por unos como fraude y por otros como golpe, que endureció las identidades enfrentadas. El declive del MAS en los últimos años no cerró esa fractura: también dividió al propio campo popular e indígena, debilitando una de las bases que durante años había ordenado la competencia[xiv].

De este modo, la polarización severa se expresa en un Estado que debe gobernar sobre clivajes superpuestos, con menor capacidad de arbitraje y con actores que conservan poder de presión fuera de las instituciones. Sin embargo, la especificidad boliviana aparece en el control poroso de sus fronteras y corredores extensos, en un país que es a la vez productor y plataforma de tránsito.

El Chapare abastece una de las mayores economías de la coca de la región, cuya cocaína encuentra salida hacia los mercados del Cono Sur a través de organizaciones -varias de matriz brasileña- que prosperan en los vacíos de fiscalización que la pugna política deja abiertos. Esos mismos corredores ordenan otros flujos ilícitos, como el contrabando y la migración irregular. Por tanto, la polarización severa boliviana somete la gobernabilidad a tensión constante y conecta corredores ilícitos regionales con la frontera norte chilena.

4. Riesgos para Chile

Estas dinámicas importan para Chile por razones estratégicas concretas. Su frontera norte convierte al país en destino y corredor de flujos regionales con potencial de riesgo a la seguridad nacional. Sobre esa base, un vecindario más polarizado y con gobiernos más frágiles puede producir cuatro efectos encadenados.

El primero es la presión sobre la gobernanza fronteriza en la macrozona norte. La combinación de crisis boliviana e incertidumbre peruana aumenta la probabilidad de tensiones recurrentes en Chacalluta, Colchane y otros puntos de cruce, y somete a exigencia continua la capacidad chilena de filtrar y ordenar flujos humanos y materiales a lo largo de una frontera extensa. La aparición de puentes clandestinos tras la construcción de zanjas muestra los límites de la promesa de “sellar” las fronteras, junto con el interés decidido de grupos criminales por acceder al territorio chileno[xv]. Este riesgo es tan probable como de alto impacto para los intereses de seguridad del país.

Figura 3. Mecanismo causal y escenarios de riesgo para Chile

El segundo riesgo es el potencial arraigo de economías ilícitas y redes criminales en territorio chileno. Las mismas estructuras que prosperan en los vacíos de control del vecindario pueden buscar en el norte del país una inserción territorial más profunda. El salto cualitativo es cuando esas redes dejan de usar Chile como zona de tránsito y comienzan a asentarse en su territorio. Arica ha ofrecido señales preocupantes de esa posible transición. Bandas como Los Gallegos (brazo del Tren de Aragua y con antecedentes de operaciones en Perú)[xvi] pasaron del control de rutas a capturar barrios, administrar economías ilícitas locales e imponer sus reglas mediante extorsión, trata y homicidios por encargo.

El tercer riesgo es el deterioro de la cooperación vecinal. Chile depende, más de lo que suele reconocerse, de la coordinación política con sus vecinos para controlar pasos fronterizos, compartir inteligencia sobre redes criminales y reconducir migración irregular. Los comités binacionales con Perú y acuerdos para la reconducción de ingresos irregulares con Bolivia han dado frutos concretos hasta ahora. El reciente Compromiso de Santiago contra el crimen organizado reafirmó el valor del trabajo conjunto[xvii]. Pero esa cooperación se sostiene entre gobiernos, y por eso depende de la estabilidad política de la contraparte. Un vecindario polarizado, con administraciones débiles o legitimidad cuestionada, coopera menos justo cuando esa coordinación se vuelve más necesaria.

El cuarto riesgo cierra la cadena. La presión sostenida sobre municipios, servicios públicos y legitimidad estatal en Arica, Tarapacá y Antofagasta puede agravar el sentimiento de abandono territorial y aumentar la receptividad hacia discursos de orden más duros. El norte ya ha dado señales de ese viraje: tanto las protestas por seguridad en Iquique y Arica en 2022[xviii], como los episodios de hostilidad vecinal hacia población migrante, muestran un malestar que se desplaza desde la demanda de servicios hacia la exigencia de orden. Chile conserva capacidades superiores a las de su entorno, pero el riesgo no es replicar la debilidad estatal andina, sino importar su lógica de sensación de abandono. El problema adquiere así un carácter político y administrativo, con probabilidad contenida, pero impacto político significativo.

Vistos en conjunto, los cuatro riesgos comparten un mismo fondo: la polarización severa y la gobernabilidad frágil del eje andino ya inciden sobre el entorno estratégico de Chile, y la macrozona norte es su primera zona de contacto. El peligro mayor no está en cada riesgo por separado, sino en su acumulación silenciosa. Leídos tarde o tratados como episodios aislados, pueden convertir la fragilidad vecinal en una vulnerabilidad propia con efectos para la seguridad nacional.

DIEGO SAZO
Jefe de Investigación en Relaciones Internacionales AthenaLab 

🇬🇧 ENGLISH VERSION

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[i] Thomas Carothers y Andrew O’Donohue, eds., Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2019).

[ii] Juan J. Linz, “The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy 1, no. 1 (1990): 51-69.

[iii] Ignacio Sánchez-Cuenca, El desorden político: Democracias sin intermediación (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2022).

[iv] Guillermo O’Donnell, “On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries”, World Development 21, no. 8 (1993): 1355-1369.

[v] Benjamin Lessing, “Conceptualizing Criminal Governance,” Perspectives on Politics 19, no. 3 (2021): 854-873.

[vi] El Colombiano, “‘Podría levantarme en armas legítimamente’: los polémicos trinos de Petro tras las elecciones”, 24 de junio de 2026, https://www.elcolombiano.com/colombia/petro-levantar-armas-fraude-electoral-elecciones-2026-HI38127312

[vii] Andreas E. Feldmann, “Colombia’s Polarizing Peace Efforts”, en Thomas Carothers y Andrew O’Donohue, eds., Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2019), 153-176.

[viii] Mauricio Archila Neira y Martha Cecilia García Velandia, “State Debt with a Social Agenda, Constructed amid Social Protests in Colombia, 1975-2019”, en Popular Politics and Protest Event Analysis in Latin America, eds. Moisés Arce y Takeshi Wada (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2024), 103-137; y Sandra Botero, Laura García-Montoya, Silvia Otero-Bahamón y Sebastián Londoño-Mendez, “Colombia 2022: Del fin de la guerra al gobierno del cambio”, Revista de Ciencia Política 43, nº 2 (2023): 223-254.

[ix] Benjamin Lessing, “Conceptualizing Criminal Governance”.

[x] Noelia Chávez y Rodrigo Medel, Perú 2016–2026: una década de inestabilidad política. Crisis políticas, vaciamiento democrático y captura institucional, Boletín CRISPOL nº 2 (Santiago: Núcleo Milenio CRISPOL, junio de 2026).

[xi] Carmen Ilizarbe Pizarro, “Perú 2022: Colapso democrático, estallido social y transición autoritaria”, Revista de Ciencia Política 43, nº 2 (2023): 349-375.

[xii] Martín Tanaka, “Perú en 2023: de la polarización a la coalición conservadora y populista durante el gobierno de Dina Boluarte”, Revista de Ciencia Política 44, nº 2 (2024): 415-439.

[xiii] CNN en Español, “El presidente de Bolivia declara el estado de emergencia por la crisis nacional de bloqueos de carreteras”, junio 20, 2026, https://cnnespanol.cnn.com/2026/06/20/latinoamerica/bolivia-estado-de-emergencia-crisis-trax

[xiv] Ben M. McKay y Gonzalo Colque, “Populism and Its Authoritarian Tendencies: The Politics of Division in Bolivia”, Latin American Perspectives 51, nº 6 (noviembre de 2024): 51-67.

[xv] BioBioChile, “Descubren que instalaron un puente clandestino en la zanja de la frontera norte”, junio 15 de 2026, https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/06/15/descubren-que-instalaron-un-puente-clandestino-en-la-zanja-de-la-frontera-norte.shtml

[xvi] La Tercera, “Los Gallegos: el peligroso tentáculo del Tren de Aragua que remece a Arica”, 23 de septiembre de 2023, https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/los-gallegos-el-peligroso-tentaculo-del-tren-de-aragua-que-remece-a-arica/TCC7WL5YKZAUHF7H4GIH777SHQ/

[xvii] Diego Sazo, “Compromiso de Santiago contra el crimen organizado transnacional: oportunidades y limitaciones”, AthenaLab: Análisis, 29 de mayo de 2026, https://www.athenalab.org/publicaciones/analisis-es/2026/05/29/compromiso-de-santiago-contra-el-crimen-organizado-transnacional-oportunidades-y-limitaciones/

[xviii] BioBioChile, “Más de 6 mil personas se manifiestan en Iquique por el aumento de la delincuencia y la migración”, 30 de enero de 2022, https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/01/30/mas-de-6-mil-de-personas-se-manifiestan-en-iquique-por-el-aumento-de-la-delincuencia-y-la-migracion.shtml