ANÁLISIS | 2025-2026: continuidades, realineamientos y desafíos internos

A la hora de recapitular este año que se fue, desde nuestro punto de vista, el hecho más determinante del 2025 en el contexto internacional fue la llegada del presidente de Estados Unidos Donald Trump a la Casa Blanca, por segunda vez. Su influencia en el desarrollo de los conflictos en curso ha tenido distintas interpretaciones, aunque no hay duda de que ha tenido impacto. Por un lado, intervino de manera gravitante en el cese al fuego y el retorno de los secuestrados en la Franja de Gaza, aunque la fragilidad del acuerdo es evidente. Sin embargo, en paralelo, sus esfuerzos para detener la guerra entre Rusia y Ucrania no han sido efectivos, hasta ahora. Es innegable que hoy están más cerca de una solución diplomática, pero no es la primera vez que se ha avanzado por esta vía sin obtener la paz deseada.

Otro hecho significativo, fue el ataque israelí (operación “Rising Lion”) y norteamericano (operación “Midnight Hammer”) a las instalaciones nucleares y estratégicas de Irán, ya sea por compromiso de EEUU con Israel, así como por el éxito material de la operación —lo que demuestra las capacidades militares y de inteligencia de Jerusalén, aunque no hay certeza del impacto en el largo plazo—, como por el impacto político y estratégico sobre el régimen de Teherán y sus aliados.

Así, la inestabilidad global, característica de un orden internacional en transición, se ha visto reflejada, además de los conflictos descritos, por enfrentamientos y escaladas en el estrecho de Taiwán, India-Pakistán y Cambodia-Tailandia, por nombrar los de mayor impacto.

En lo regional, también la figura del presidente Trump ha influido de manera significativa. El despliegue y conformación de una considerable fuerza militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela comenzó como un instrumento para detener el narcotráfico hacia el norte, pero ha evolucionado a acciones cada día más duras contra el régimen de Caracas, incluyendo la captura de buques petroleros y el ataque a instalaciones portuarias. Sin duda, el objetivo de fondo es el cambio de un régimen nefasto para la región, con impacto mucho más allá de sus fronteras. Por otro lado, el desarrollo de elecciones en Sudamérica ha estado marcado por el cambio de color político predominante, en un escenario de creciente violencia, migración y presencia de organizaciones criminales transnacionales.

En Chile, la elección presidencial y parlamentaria fue el hito de mayor relevancia, más que por el cambio que significa, sino que por la fuerza de la votación recibida por el recientemente electo José Antonio Kast y su promesa de implementar un gobierno de emergencia que ha priorizado seguridad y economía. Del mismo modo, la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Seguridad Pública ha sido una novedad de 2025, su efectividad y justificación aún está por verse, hay que dar tiempo.

Si este año fue intenso, el 2026 no se prevé que sea distinto. En lo internacional, debemos estar atentos a lo que suceda entre EEUU y China, incluida una reunión entre los líderes de ambos Estados. Es poco probable que China claudique en su esfuerzo de reunificación de Taiwán, como tampoco que EEUU ceda en su esfuerzo por alejar las influencias asiáticas en el hemisferio. La guerra en Europa seguirá siendo materia de inestabilidad, donde el rol de Washington deberá articular una paz que se ve difícil de lograr, al menos, en el primer semestre.

Sudamérica enfrentará elecciones en Brasil, Colombia y Perú, lo que podría terminar de cambiar el panorama político regional y consolidar un cambio de signo. No obstante, como ya ha ocurrido, dicho cambio no será importante si los Estados se concentran en destacar sus coincidencias políticas transitorias, en vez de generar iniciativas sustentadas en intereses comunes como la lucha contra el crimen organizado, el control de la migración o la integración energética o de infraestructura.

Para Chile, las expectativas de lo que haga la nueva administración, sobre todo en el ámbito económico y de seguridad son altas y los equipos que lideren las distintas iniciativas tendrán que impulsar medidas inmediatas. Se deberá dar tiempo a que las decisiones tengan efecto, aunque se prevé que la oposición —o, al menos, una parte de ella— no espere y comience a hostigar al nuevo gobierno. La implementación de una arquitectura de seguridad nacional, el desarrollo de un sistema de inteligencia más moderno y la implementación de una estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado son aspectos que no deberían estar ausentes en la solución.

En definitiva, todo indica que el próximo año será, más que un quiebre, una continuación. Las tensiones estructurales del sistema internacional, los conflictos abiertos y la competencia entre grandes potencias no muestran señales claras de distensión. En América Latina el escenario estará marcado por el realineamiento político hacia la derecha pero la pregunta clave es si estos gobiernos serán capaces de avanzar en agendas comunes y sostenidas en materias gravitantes como seguridad, crimen organizado, migración, infraestructura, energía y más.

En el caso de Chile, 2026 también debiera abrir un espacio de reflexión más profunda sobre su política exterior y su institucionalidad diplomática. La polémica generada en las últimas semanas por las declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati —más allá del episodio puntual— vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cómo seleccionamos, formamos, supervisamos y evaluamos a nuestros diplomáticos, y cómo se articula el funcionamiento de la Cancillería en un contexto internacional cada vez más exigente y sensible. En un escenario donde la política exterior tiene impactos directos en la seguridad, la economía y la posición internacional del país, fortalecer los mecanismos de profesionalización, control y entrenamiento del servicio exterior no es un asunto accesorio, sino una condición necesaria para que Chile actúe con coherencia, previsibilidad y responsabilidad estratégica en el mundo que viene.