ANÁLISIS | Lecciones del cable submarino China Express

En los últimos días se ha dicho de todo a propósito de la reacción de Estados Unidos ante la posibilidad de que Chile negociara con China la construcción de un cable submarino de fibra óptica directo entre Valparaíso y Hong Kong. Sin embargo, poco se ha analizado la naturaleza del conflicto de intereses que se generó y que terminó con la revocación del permiso de ingreso a EE. UU. del ministro, el subsecretario y el jefe de gabinete involucrados en esa negociación.

El 97% de los datos que circulan por el mundo se transmiten a través de cables de fibra óptica instalados en el fondo de los océanos. El ciberespacio no está en el espacio exterior: descansa, literalmente, en el lecho marino. Si antiguamente el control de las válvulas de los oleoductos y gasoductos que abastecían de energía al mundo era un signo inequívoco de poder, hoy pocos dimensionan la magnitud estratégica que implica controlar las “válvulas” de los datos que sostienen el funcionamiento del siglo XXI.

Durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera se abrió la primera licitación para tender un cable submarino que conectara directamente a Chile con Asia-Pacífico, como alternativa a la actual ruta sudamericana hacia Asia, que pasa por Estados Unidos y Hawái. Cuando empresas chinas —en particular Huawei— participaron en el proceso, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, viajó a Chile y se reunió con el presidente y el canciller Roberto Ampuero para expresar la preocupación de Washington ante la eventual participación china en el control de los flujos de datos entre el continente americano y China. El mensaje fue inequívoco y generó incluso airadas respuestas de la embajada china en la prensa local de la época.

El presidente Donald J. Trump presentó a los electores un programa cuyo eje fue recuperar para Estados Unidos todos sus instrumentos de poder con el objetivo explícito de reafirmar su condición de gran potencia. Fue elegido democráticamente para ejecutar esa agenda. Resulta un caso de estudio observar cómo Washington ha desplegado, de manera coordinada, el conjunto de herramientas a su disposición para avanzar en el logro de sus objetivos.

Hard power y soft power han operado de forma complementaria y con una lógica estratégica clara. A las políticas migratorias —visas, permisos de residencia y deportaciones conforme a la ley— se suma el uso del sistema universitario estadounidense como fuente central de soft power: las principales universidades del mundo siguen siendo un polo de atracción incluso para ciudadanos de países competidores. En paralelo, se han utilizado instrumentos económicos como aranceles y tarifas, acceso preferencial a materias primas estratégicas —como las tierras raras—, créditos blandos o condonaciones de deuda, así como designaciones políticas como la condición de aliado extra-OTAN. Todo ello se articula, en última instancia, bajo el respaldo —explícito o implícito— de la capacidad militar estadounidense, cuya sola existencia refuerza la posición negociadora de sus diplomáticos y enviados especiales en cualquier escenario internacional.

En noviembre de 2025, antes de cumplir un año en el cargo, el presidente Donald J. Trump promulgó su Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy, NSS). Para países como el nuestro —poco habituados a comprender la profundidad del concepto de seguridad nacional y la relevancia de un documento de conducción política explícita que articula todos los instrumentos del poder nacional de una gran potencia— pasó casi inadvertida, como un texto más de política exterior ajena.

En enero de 2026, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, publicaron —en coherencia subsidiaria con la NSS— sus respectivas estrategias de defensa (guerra) y de relaciones exteriores. Salvo algunos pocos actores especializados, como país no fuimos capaces de unir los puntos y advertir la trama de poder e intereses que se estaba configurando de manera pública, explícita y abierta. La designación de las Américas como Hemisferio Occidental tiene importantes implicancias que se reflejan, por ejemplo, en episodios como la aspiración de compra de Groenlandia, la presión para cancelar concesiones a capitales chinos en puertos vinculados al Canal de Panamá, el control sobre el petróleo venezolano que abastece a China o los reparos de Washington al control chino del puerto de Chancay en Perú.

En este contexto, el caso China Express evidencia que Chile abordó un proyecto de evidente relevancia estratégica y geopolítica como si se tratara de una mera iniciativa técnico-económica. Esa aproximación —sea por ingenuidad, falta de profesionalismo o derechamente incompetencia— nos expuso innecesariamente a convertirnos en espacio de competencia entre las dos principales potencias globales, con consecuencias insospechadas para nuestra posición e interés de neutralidad entre ambas.

No hay espacio para las sorpresas. El análisis de este fracaso debe abrir una discusión seria sobre nuestras opciones de conducción política para navegar las aguas de esta etapa del siglo XXI.

En primer lugar, una potencia mediana o pequeña como Chile no puede darse el lujo de tener cuerdas separadas para enfrentar sus problemas y desafíos de inserción global. De una vez por todas tenemos que diseñar una arquitectura de administración del Estado coherente y conductora que permita lo que se conoce como el whole of government/state approach o aproximación del Estado como un todo. No podemos restar herramientas de poder de ningún tipo a los esfuerzos de posicionamiento del país en una Realpolitik global. Para contribuir a este esfuerzo de desarrollo de estrategias de carácter total resulta fundamental rescatar el concepto de Seguridad Nacional. No es un término militar o policial, es un término netamente político, pero de naturaleza integradora de esfuerzos y de convergencia de recursos. Necesitamos planificar para la seguridad nacional de Chile. Tenemos que ordenar la casa. No sirven las políticas y estrategias simbólicas que se publican en la última semana de una administración, sirven aquellas que se publican al comienzo de una administración, con visión de largo plazo, y que contribuyen a orientar y conducir los esfuerzos de todo el Estado en pos de los objetivos e intereses nacionales que fija el Presidente de la República.

China Express es una lección de conducción política que debemos aprender rápido y muy bien.