Una seguridad nacional a la altura de las amenazas: el aporte indispensable de la sociedad civil

La seguridad nacional es una responsabilidad que el Estado debe ejercer junto a otros actores de la sociedad. A comienzos de 2025, la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21663) calificó a empresas privadas como Operadores de Importancia Vital cuya protección es condición de la seguridad del conjunto. En octubre de 2025, se publicó la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, reconociendo al sector privado como componente de la respuesta nacional. Ambos instrumentos plantean que la seguridad nacional es hoy una responsabilidad compartida entre el Estado y diversos actores de la sociedad, quienes deben aportar sus capacidades en beneficio de los intereses nacionales.

Ahora bien, el siguiente análisis sostiene que la sociedad civil chilena tiene un rol estructural y necesario en la seguridad nacional. Bajo este concepto se incluye a la academia, el sector privado, los ecosistemas de innovación tecnológica, los ciudadanos activos y otros actores cuyas capacidades son condición de eficacia para enfrentar amenazas que el Estado requiere abordar con el apoyo de la sociedad en su conjunto.

1. ¿Por qué la seguridad nacional hoy requiere el aporte de la sociedad civil?

Chile ha dejado de ser una excepción en materia de seguridad en América Latina y confronta un escenario en ese ámbito, donde coexisten amenazas que trascienden a las categorías tradicionales de seguridad pública o defensa nacional. Dos ejemplos ilustran esta realidad. Primero, el fenómeno del crimen organizado transnacional corrompe instituciones, hace uso de servicios e infraestructura privada y somete los territorios donde el Estado está ausente o debilitado. En segundo lugar, las amenazas en el ciberespacio afectan simultáneamente la infraestructura crítica y los sistemas de información de las instituciones públicas, sin distinción entre objetivos civiles y militares. En ambos casos, la respuesta exige la participación coordinada de actores estatales y de la sociedad civil con ciertas capacidades complementarias.

Frente a amenazas de esta naturaleza, existen argumentos sólidos que justifican la participación de la sociedad civil más allá del deber cívico. Primero, el sector privado tiene un interés directo en la seguridad nacional, ya que la inseguridad afecta su operación y amenaza la continuidad de su negocio. Involucrarse en la seguridad no es solo una contribución al bien común, sino una decisión racional que protege sus propios intereses. Segundo, la sociedad civil posee capacidades que el Estado no tiene ni puede desarrollar en solitario, pues la academia aporta independencia analítica y rigor metodológico; el sector privado, velocidad de innovación y acceso a datos críticos; y los ciudadanos, presencia territorial y legitimidad comunitaria. Tercero, las políticas de seguridad diseñadas sin participación de la sociedad civil tienden a carecer de adhesión y sostenibilidad en el tiempo. Es decir, la participación no es solo instrumental, sino una condición de legitimidad democrática de la seguridad nacional.

Por tanto, la pregunta relevante no es si la sociedad civil debe participar en la seguridad nacional, sino cómo estructurar esa participación de manera efectiva, coordinada y sostenida. A continuación, se describen los componentes de la sociedad civil con mayor potencial de contribución y las condiciones institucionales que lo hacen posible.

2. Componentes de la sociedad civil y su aporte a la seguridad nacional

2.1. La academia como generadora de conocimiento y evaluación

Tanto las universidades con capacidad de investigación aplicada como los centros especializados en seguridad nacional, defensa y seguridad pública constituyen el primer componente. Su función es producir el conocimiento que el Estado necesita y es incapaz de generar, alineando sus capacidades de investigación con las prioridades y requerimientos de las instituciones responsables de la seguridad nacional. Entre otros aspectos, evidencia empírica sobre fenómenos de seguridad, evaluación rigurosa de políticas en curso, marcos analíticos para amenazas emergentes, y metodologías de seguimiento del crimen organizado transnacional.

La Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, por nombrar algunos, son ejemplos de cómo la academia puede generar evidencia para el diseño de políticas, participar en debates legislativos y contribuir a mejoras institucionales. Sus interlocutores son el Ministerio de Seguridad Pública; el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI); la Fiscalía Nacional, y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

Este componente tiene las capacidades para reducir la brecha actual entre evidencia disponible y decisiones de política pública en seguridad nacional, defensa y seguridad pública, proveyendo insumos rigurosos e independientes del ciclo político.

2.2. Sector privado como factor de resiliencia y prevención

El segundo componente agrupa a empresas de sectores críticos (telecomunicaciones, energía, banca, logística y retail), gremios empresariales y empresas de seguridad privada. El caso más ilustrativo de cómo el sector privado puede ser establecido como actor de seguridad nacional es el de los Operadores de Importancia Vital, figura creada por la Ley Marco de Ciberseguridad, que reconoce explícitamente que ciertas empresas privadas sostienen funciones cuya interrupción compromete la seguridad del conjunto del país[1].

Este modelo debiera ser el punto de partida para pensar el rol más amplio del sector privado en el ámbito de la seguridad nacional. Además de proteger infraestructura cuya resiliencia es condición para la seguridad del país y reportar incidentes cibernéticos, estos actores pueden implementar programas de prevención en sus entornos de operación y compartir inteligencia sobre amenazas con las autoridades. Sus contrapartes en el Estado son la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la ANCI, en materias de inteligencia y ciberseguridad, respectivamente; el Ministerio de Seguridad Pública; la Fiscalía Nacional, y Carabineros de Chile y la PDI, en la prevención del crimen organizado. La idea es que el sector empresarial se convierta en un actor activo frente a amenazas que afectan directamente su operación y rentabilidad.

2.3. Universidades y centros con programas especializados en formación

Universidades con programas especializados en seguridad y defensa nacional, así como en seguridad pública, y las redes de expertos independientes constituyen el núcleo de este componente. Su tarea es formar mediante programas de pre y posgrado, de calidad y acreditados ante la autoridad pertinente, a la próxima generación de líderes públicos y privados en estas áreas, como asimismo a los necesarios asesores de alto nivel.

Diversos diplomados impartidos actualmente por universidades chilenas en temas de seguridad pública, gestión de la seguridad ciudadana y seguridad internacional son ejemplos de los anterior. Asimismo, estas organizaciones funcionan como puente entre el conocimiento especializado y los decisores políticos e institucionales, y generan las instancias que conecten a profesionales chilenos con redes internacionales de expertos. Sus interlocutores en el Estado, entre otros, son el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, la ANI, la ANCI y las Comisiones de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional. A través de la acción de estos actores de la sociedad civil, es factible cerrar la brecha de capital humano especializado que Chile enfrenta hoy. Así, podrán ser reclutados por el Estado e incrementar la eficiencia de la gestión pública.

2.4. Ecosistema de innovación tecnológica

El cuarto componente es el más incipiente en Chile y el de mayor potencial de transformación. Startups tecnológicas privadas, con foco en aplicaciones relacionadas con la seguridad nacional, defensa y seguridad pública; laboratorios de innovación universitarios en ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial, y fondos de capital de riesgo con orientación hacia tecnología de uso dual configurarían un ecosistema que sería vital para la modernización de las capacidades de seguridad del Estado. Su función es desarrollar tecnología con aplicación directa en el ámbito de la defensa y seguridad pública (drones, ciberseguridad, IA aplicada, vigilancia de fronteras, análisis de inteligencia), prototipar soluciones a plazos y costos que la industria nacional no puede igualar y, asimismo, transferir conocimiento técnico universitario hacia las instituciones del Estado.

Un ejemplo de lo anterior es el Laboratorio de Ciberdefensa desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Ejército, donde tecnologías y modelos de formación en ciberdefensa son testeados para perfeccionar la protección de diversos sistemas[2]. Las contrapartes en el Estado de estas iniciativas serían el  Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, como primeros clientes y orientadores de requerimientos; Corfo, en el financiamiento de I+D de aplicación dual, y las agencias antes nombradas en los ámbitos de la inteligencia y ciberseguridad. El propósito es crear en Chile un ecosistema de innovación y reducir la dependencia tecnológica externa en materias sensibles de seguridad nacional.

2.5. Los ciudadanos como actores de seguridad nacional

Los ciudadanos, como sujetos activos dentro de la sociedad civil, aportan a la seguridad nacional de diversas formas. El financiamiento privado de centros de pensamiento y programas de formación especializados es una forma de contribución, ya que sostiene económicamente un ecosistema de conocimiento y fomenta la consolidación de una cultura y pensamiento estratégico a nivel nacional[3].

Por otro lado, la organización y participación en instancias de debate ciudadano sobre seguridad nacional, defensa y seguridad pública contribuye a la formación de una ciudadanía informada. Además, las Juntas de Vecinos constituyen un medio de articulación entre la ciudadanía, los municipios y Carabineros en la identificación de amenazas y necesidades locales en materia de seguridad pública. A su vez, el respeto individual —de autoridades, líderes de opinión y ciudadanos en general— a las instituciones fundamentales del Estado a cargo de la seguridad nacional, defensa y seguridad pública es la base de legitimidad sobre la que debiera descansar la necesaria pero ausente arquitectura de seguridad del país.

Finalmente, la participación de ex soldados conscriptos y ciudadanos en centros de reservistas de las Fuerzas Armadas es quizás la expresión más directa de ese compromiso, al poner capacidades individuales al servicio de las necesidades del Estado. Estas acciones representan una expresión libre y voluntaria del compromiso cívico con la seguridad nacional como bien público.

2.6. Cohesión social e identidad nacional

El último componente es el menos convencional desde una perspectiva de seguridad, pero no menos relevante. Líderes de opinión, medios de comunicación con alcance nacional y regional, industrias culturales, instituciones educativas e iglesias están llamados a consolidar el tejido social sobre el que descansa la seguridad nacional. Su contribución debiera operar a través de tres mecanismos: primero, fortalecer una narrativa a nivel nacional de identidad compartida que cohesione a la sociedad frente a los desafíos de seguridad actuales y futuros; segundo, construir y sostener la confianza ciudadana en las instituciones del Estado; y, por último, consolidar el capital social que hace más resilientes a las comunidades frente a la fragmentación deliberada.

Desde luego, la publicación de libros de relatos históricos nacionales que realcen la identidad nacional y campañas de actores privados promoviendo el diálogo y conciencia cívica son casos que aportan en este ámbito. El valor de estas iniciativas para la seguridad nacional reside en que ninguna política pública puede sustituir lo que una sociedad cohesionada, con identidad robusta y confianza en sus instituciones, puede lograr en beneficio del bien común.

3. Condiciones para que este rol sea efectivo

Reconocer el rol de la sociedad civil en la seguridad nacional no es suficiente, ya que la efectividad de sus iniciativas dependerá de ciertas condiciones institucionales. La primera es la creación de una  arquitectura de seguridad nacional que coordine las acciones mencionadas en el marco de una estrategia de seguridad nacional. Es decir, no es suficiente que cada actor de la sociedad civil aporte de manera aislada; se necesita una instancia de articulación que evite duplicaciones, identifique vacíos y mantenga la dirección estratégica en manos del Estado. La participación de la sociedad civil sin coordinación produce dispersión, y sus capacidades serían desaprovechadas. En ese sentido, los Consejos de la Sociedad Civil, instancias consultivas y pluralistas, podrían coordinarse entre sí para mejorar la coherencia y eficiencia de las iniciativas de la sociedad civil en materia de seguridad nacional.

La segunda condición es la creación de marcos jurídicos habilitantes. Los Operadores de Importancia Vital, creados por la Ley 21663, son un excelente ejemplo. Este caso puede ser considerado como el primer reconocimiento formal en el cual los actores privados tienen funciones en el ámbito de la seguridad nacional. Sin embargo, marcos equivalentes son necesarios para otros componentes de la sociedad civil que hoy operan sin reconocimiento institucional formal. Para avanzar en esta dirección, el Estado debiera establecer incentivos sistemáticos para la formación de reservistas; otorgar reconocimiento jurídico a los centros de pensamiento como actores activos en el ecosistema de seguridad nacional, y crear mecanismos de vinculación entre la innovación tecnológica universitaria y las necesidades del Estado.

La tercera condición es el financiamiento sostenido. La investigación aplicada y un ecosistema de innovación tecnológica no pueden depender de ciclos presupuestarios anuales ni de la voluntad de cada administración. Este tipo de iniciativas de mediano y largo plazo requiere compromisos que trasciendan al gobierno de turno. Por ello, se hace necesario explorar fondos plurianuales y mecanismos de cofinanciamiento público-privado que otorguen estabilidad y continuidad a estas iniciativas.

La última condición es la independencia como exigencia de calidad. La sociedad civil aportará valor cuando opere y desarrolle iniciativas con autonomía respecto del Estado. La intención es complementarlo con evidencia y propuestas que el aparato estatal no puede generar. Para ello, el Estado debiera establecer estándares de transparencia como condiciones para el reconocimiento institucional y el financiamiento de los actores de la sociedad civil que aporten en materias de seguridad nacional.

Conclusiones

La sociedad civil en Chile cuenta con las capacidades para aportar en beneficio de los intereses nacionales y aumentar la condición de seguridad de los ciudadanos. Es posible asumir que estos actores no necesitan ser convencidos de contribuir a la seguridad nacional; los ejemplos antes descritos demuestran que en muchos casos ya lo hacen de manera fragmentada e institucionalmente invisible. El desafío del Estado es reconocer ese aporte, formalizarlo y potenciarlo con una estrategia deliberada de whole-of-society[4]. En un entorno de amenazas crecientes y recursos estatales siempre insuficientes, esto es una necesidad que coopera a la seguridad nacional.

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[1] Ley Marco de Ciberseguridad, en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434

[2] Centro de Innovación UC y Ejército inauguran Laboratorio de Ciberdefensa, en https://www.uc.cl/noticias/centro-de-innovacion-uc-y-ejercito-de-chile-inauguran-nuevo-laboratorio-de-ciberdefensa/

[3] Academia de Invierno 2026, AthenaLab: “Un mundo en conflicto: desafíos geopolíticos y de seguridad nacional para Chile”, en https://www.athenalab.org/formacion/

[4] El concepto whole-of-society refiere al enfoque mediante el cual los gobiernos movilizan al conjunto de los actores de una sociedad — sector público, sector privado, academia y ciudadanía — en torno a objetivos comunes de seguridad nacional, reconociendo que las amenazas contemporáneas superan la capacidad de respuesta exclusiva del Estado.