Securitización y falencias del Estado en la Macrozona Sur
Chile lleva más de cuatro años con fuerzas militares desplegadas en la Macrozona Sur. Lo que comenzó como una medida de apoyo frente a una situación de violencia sostenida, hoy se ha extendido hasta convertirse en una presencia permanente de medios de las fuerzas armadas. El diagnóstico político inicial enmarcó el problema como una amenaza a la seguridad de carácter urgente. Sin embargo, luego de constantes renovaciones del estado de excepción y los resultados de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, es posible sostener que en la macrozona sur conviven dos fenómenos distintos. Por una parte, una situación política no resuelta en la relación entre una parte del pueblo mapuche y el Estado chileno, y por otra, la presencia de organizaciones criminales que, aprovechando los vacíos del Estado, cometen ilícitos de diversa naturaleza bajo el paraguas de ese conflicto. Ciertamente, precisar ese diagnóstico importa, porque de él depende la respuesta.
La teoría de la securitización[i] ofrece un marco útil para entender esta situación. Esa proposición indica que cuando la autoridad estatal presenta un problema político que debiera ser enfrentado con la institucionalidad normal de un Estado como una amenaza existencial y logra que la opinión pública lo acepte como tal, se configura un escenario donde se aceptan medidas extraordinarias. Ese es, precisamente, el mecanismo que opera en la Macrozona Sur. Fenómenos como acciones de índole terrorista y la presencia de organizaciones delictuales en territorios con baja presencia estatal han sido enmarcados como amenazas existenciales, habilitando una respuesta militar.
Este análisis sostiene que la militarización en la Macrozona Sur responde a un proceso de securitización que, aunque comprensible como reacción inicial, ha tendido a desplazar un problema policial y de presencia estatal hacia una lógica militar que no resuelve las causas del fenómeno. La solución no es retirar al Estado, sino fortalecer sus capacidades de servicios públicos y policiales, usando la fuerza militar como medida transitoria.
El problema y el rol excepcional de los militares
En la Macrozona Sur conviven dos fenómenos distintos que el debate público tiende a confundir. Por una parte, existe una situación no resuelta en la relación entre una parte del pueblo mapuche y el Estado chileno, y que tiene dimensiones políticas, culturales y territoriales de larga data. Por otra, se ha instalado progresivamente la presencia de organizaciones criminales que, aprovechando los vacíos del Estado en esa zona, cometen ilícitos de diversa naturaleza. Lo que la evidencia muestra con mayor consistencia es que la violencia sostenida en la zona está asociada, en una proporción significativa, a ese segundo fenómeno. Organizaciones criminales han encontrado en este territorio un espacio conveniente para el narcotráfico[ii], el robo sistemático de madera[iii] y la extorsión a agricultores y transportistas[iv]. Estos grupos han utilizado la narrativa del conflicto mapuche como cobertura, aprovechando la complejidad política del tema para operar con menor escrutinio.
El factor determinante que ha permitido esta situación es la baja presencia del Estado en la zona. En particular, servicios e infraestructura pública deficientes en cuanto a cobertura[v], medios policiales insuficientes[vi] y la ausencia de una acción coordinada y sostenida del Estado en esos territorios[vii]. Estas falencias son las habilitadoras del problema y, por lo tanto, el eje desde el cual debe construirse la solución.
En ese contexto, el despliegue de fuerzas militares ha tenido una función de contención legítima. Ante la insuficiencia de las capacidades policiales disponibles y la urgencia de restablecer condiciones mínimas de orden en algunas zonas, el apoyo castrense ha sido una respuesta comprensible. Al respecto, la evidencia señala que la legitimidad de una medida de seguridad extraordinaria depende de la coherencia entre la naturaleza de la amenaza y los instrumentos utilizados, así como de su aceptación institucional[viii]. Entonces, el principal problema no es haber desplegado militares; el inconveniente es no haber usado ese tiempo para construir las capacidades que deberían reemplazarlos.
Los militares no están organizados ni entrenados para tareas de investigación criminal, control territorial cotidiano o trabajo comunitario, como contempla una estrategia policial efectiva. Su presencia puede disuadir y contener, pero no puede sustituir la labor de policías, fiscales, jueces y servicios del Estado (salud, infraestructura, entre otros). Si la presencia militar se convierte en un sustituto permanente de la presencia estatal, el resultado es una normalización de lo excepcional que no resuelve el problema de fondo y puede generar fricciones innecesarias con las comunidades.
Una medida de seguridad extraordinaria puede justificarse cuando la amenaza es real, las alternativas ordinarias han demostrado ser insuficientes, la respuesta es proporcional a la amenaza y cuando existen mecanismos claros para revertirla una vez superada la crisis[ix]. En el caso chileno, las primeras dos condiciones se han cumplido razonablemente. La violencia en la zona ha sido real y sostenida, y las capacidades policiales han sido insuficientes. Pero las dos últimas condiciones están pendientes, ya que la proporcionalidad del instrumento respecto de la naturaleza del problema (fundamentalmente criminal) es discutible, y los mecanismos de salida de la excepcionalidad no han sido definidos con claridad.
Conclusión
Chile necesita una estrategia que distinga con claridad los fenómenos criminales de la situación histórica entre una parte del pueblo mapuche y el Estado, y que responda a cada uno con los instrumentos apropiados. Para el primero, la respuesta es policial, judicial e institucional, lo que demanda mayores dotaciones, mejor equipamiento, mayor presencia de las policías y del sistema de justicia, e inteligencia criminal especializada. Para el segundo, la respuesta es política, de largo plazo y con la participación de otros actores estatales y las comunidades de la zona. Confundir ambas dimensiones produce ineficiencia y debilita la consolidación de una presencia estatal efectiva que garantice seguridad a todos los ciudadanos de la zona.
El apoyo militar puede mantenerse mientras se construyen esas capacidades, pero debe estar sujeto a un calendario y a una estrategia de salida explícita. Más de cuatro años de estado de excepción sin una hoja de ruta para el fortalecimiento de las capacidades civiles no es una política de seguridad, sino más bien la dilación indefinida de una.
La securitización de la situación en la Macrozona Sur ha sido, en parte, una respuesta comprensible a una realidad difícil. Pero una respuesta comprensible no es necesariamente una respuesta suficiente. Lo que Chile requiere no es más excepcionalidad, sino más Estado; es decir, mayor capacidad policial, más presencia institucional y justicia efectiva para enfrentar la criminalidad organizada y una política de largo plazo que aborde la situación histórica no resuelta. El apoyo militar puede mantenerse, pero lo que no admite más demora es contar con una estrategia clara que construya las capacidades que deben reemplazarlo.
La securitización es ambivalente, ya que ofrece beneficios de control y orden, pero puede convertirse en un sustituto de las soluciones estructurales que el problema exige. El desafío no es solo definir cuándo securitizar está justificado, sino, sobre todo, cómo construir las condiciones para que las medidas extraordinarias dejen de ser necesarias. De lo contrario, el riesgo es que la excepcionalidad se convierta en normalidad, consolidando un déficit de presencia estatal que ninguna democracia puede permitirse.
[i] Buzan, Barry; Wæver, Ole y De Wilde, Jaap. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.
[ii] Fiscalía Nacional de Chile. 2025. “Informe Crimen Organizado en Chile”. Santiago de Chile: Ministerio Público de Chile. p. 23.
[iii] Radio Bio-Bío. “Formalizan a siete aserraderos por receptar madera robada en el Bío Bío y La Araucanía”. 18 de julio de 2025. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2025/07/18/formalizan-a-siete-aserraderos-por-receptar-madera-robada-en-bio-bio-y-la-araucania.shtml; Radio Bio-Bío. “147 detenidos por robo de madera en Los Ríos durante 2024: incautaciones cifran en $1500 millones”. 3 de enero de 2025.
[iv] EMOL. “Ley antiterrorista o proyecto contra crimen organizado: El debate sobre la herramienta para enfrentar delitos en la Macrozona Sur”. 11 de noviembre de 2022 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/11/1078076/ley-antiterrorista-crimen-organizado-debate.html; La Tercera. “Con apoyo del GOPE, COP y drones: OS-9 de Carabineros detiene a comunero investigado por extorsión en Ercilla”. 5 de agosto de 2025. https://www.latercera.com/nacional/noticia/con-apoyo-del-gope-cop-y-drones-os-9-de-carabineros-detiene-a-comunero-investigado-por-extorsion-en-ercilla/
[v] La Tercera. “Chile Offline: la desigualdad que genera la brecha”. 2025.
[vi] EMOL. “Menos dotación de Carabineros: Las razones de la caída y las propuestas para revertir el complejo escenario de la institución”. 29 de abril de 2026.
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/04/28/1198484/dotacion-carabineros-razones-propuestas-policias.html
[vii] Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, “Informe final”. Santiago, 2025. pp 82-87. https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2025/06/Informe-final_2da-edicion.pdf
[viii] Balzacq, Thierry. “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”. European Journal of International Relations 11, no. 2 (2005): 171–201.
[ix] McDonald, Matt. “Securitization and the Construction of Security”. European Journal of International Relations 14, No. 4 (2008): 563–587.
