ANÁLISIS | Anclajes y reciclajes de la violencia en Colombia

El reciente intento de homicidio en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe trajo a la memoria fantasmas del pasado en Colombia, campañas políticas que se vieron teñidas de sangre por acciones de carteles de la droga, guerrillas y grupos paramilitares. Como aquella de 1989-1990, que es recordada por el asesinato de tres aspirantes a la presidencia (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez), o la de 2002, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atentaron con explosivos contra una caravana de Álvaro Uribe, quien luego se convertiría en mandatario.

Mientras Miguel Uribe lucha por su vida y se investigan las redes criminales que estarían detrás del menor de edad que atentó contra su vida, lo ocurrido obliga a poner acento en las condiciones de seguridad durante el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, donde se observan tendencias preocupantes y contradictorias.

Según estadísticas oficiales, en 2024 la tasa de homicidios fue de 25,4 por cada 100.000 habitantes, la menor desde la década de 1990[1] y que viene a la baja desde el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), quien, en definitiva, rompió la tendencia con sus políticas de combate frontal a las narcoinsurgencias. Unos 13.400 homicidios se registraron el año anterior.

Por otro lado, los cultivos de coca están en un récord histórico con 253.000 hectáreas y una producción estimada de 2.700 toneladas de cocaína, tomando datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[2]. El número sigue un comportamiento ascendente y supera con creces las poco más de 50.000 hectáreas que hubo a mediados de la década del 2000, cuando el Plan Colombia auspiciado por Estados Unidos, se encontraba en plena marcha con sus fumigaciones aéreas con herbicida.  

Tras la desmovilización de las FARC en 2016, producto del proceso de paz adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), los grupos armados se han multiplicado y su comportamiento obedece hoy más a lógicas regionales que nacionales relacionadas, relacionadas con las economías ilícitas que los nutren. En medio de la premura por desmontar a la que entonces era la guerrilla izquierdista más grande del país, el Estado no fue capaz de copar todos los territorios donde tenía presencia ese grupo rebelde, lo que supuso el ingreso de otros actores para tomar el control o que algunos frentes decidieran permanecer alzados en armas.

Un informe de seguridad de la Federación Nacional de Departamentos (FND), conocido a principios de año, identificó la presencia de 12 teatros de confrontación en el país, donde se evidencia un fortalecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Asimismo, se encuentran operando varias disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos criminales[3]. Se estima que el total de hombres armados que componen las diferentes estructuras ilegales podría superar los 20.000.

A su vez, las fuerzas militares y policiales han sufrido una reducción de tamaño, tras la desmovilización de las FARC, y también de presupuesto. Asimismo, se han registrado sucesivas renuncias de altos mandos desde la llegada de Petro al poder, un exguerrillero desmovilizado del M-19.

Un informe de inteligencia militar publicado en el diario El Tiempo sostenía que, si en 2012, segundo año de la presidencia de Santos, el Ejército contaba con 242.350 uniformados, la cifra actual ronda los 177.800 soldados[4]. Los recortes de presupuesto en Defensa y Seguridad[5], producto de las restricciones fiscales que enfrenta el país, también han impactado fuertemente a la flota aérea de Colombia, dejando en el suelo helicópteros, por falta de combustible y mantención, y reduciendo el número de operaciones antinarcóticos de la policía. Asimismo, la ayuda estadounidense ha ido a la baja.

Cuando se analizaban los factores estructurales del conflicto armado en el período que va entre 1948 y 2016, se identificaba la presencia de una democracia cerrada y la falta de presencia del Estado en todo el territorio. Mientras el primer factor fue superado con la apertura de espacios de participación política y la elección popular de autoridades de todo nivel, el segundo no ha podido ser resuelto hasta hoy. La industria del narcotráfico, que se veía como una variable más bien coyuntural que alimentaba la guerra interna como un medio y no un fin en sí mismo, ahora ha pasado a ser un elemento estructural. Cuanto más prospera el negocio de la droga existe mayor disponibilidad de dinero y aumenta, por ende, el potencial de fuego que adquieren los grupos armados.

Por todo lo anterior, la situación actual presenta una explosiva combinación de alza de la producción de cocaína con una “balcanización” del conflicto, en medio de una reducción del tamaño de las fuerzas militares y policiales, junto a los recursos disponibles. Además, se evidencia el fracaso de la ambiciosa iniciativa de “Paz total” de Petro para intentar desmovilizar a todos los grupos armados de forma simultánea, siguiendo los pasos de lo acordado con las FARC, y la poca claridad sobre la estrategia de seguridad de su gobierno de aquí a agosto de 2026. De forma reactiva, el mandatario se ha visto obligado incluso a decretar “conmoción interior” para hacer frente a los efectos en la población civil por los duros combates entre el ELN y las disidencias de las FARC cerca de la frontera con Venezuela. El jefe de Estado también ha convocado a movilizaciones nacionales cuando el Congreso bloquea sus reformas, alimentando la polarización que nada contribuye a la paz social.

De este modo, la violencia en Colombia parece reciclarse bajo nuevas formas (Estado versus grupos armados; grupos armados ilegales luchando entre sí; grupos armados presionado a la población civil, etc), producto de factores que, por lo visto, están anclados en el tiempo, como la falta de presencia estatal en todo el territorio (1,1 millones de km²) y la existencia de rentables economías ilícitas lideradas por la producción de cocaína. Evitar un deterioro mayor de la seguridad es la tarea de la administración de Petro en lo resta de su período y será, desde luego, un deber del próximo jefe de Estado. Los grupos criminales que aparentemente están detrás del ataque contra Miguel Uribe ya comenzaron a dejarlo en claro, por si a alguien todavía le quedaba alguna duda.

Juan Pablo Toro*, director ejecutivo de AthenaLab

11 de junio de 2025

*Corresponsal en Colombia para The Associated Press entre 2000 y 2005.

[1] https://www.larepublica.co/economia/presidente-gustavo-petro-dijo-que-la-tasa-de-homicidios-en-colombia-ha-disminuido-4126728

[2] https://www.unodc.org/rocol/uploads/res/noticias/colombia/monitoreo-de-territorios-con-presencia-de-cultivos-de-coca-2023_html/Resumen_ejecutivo_2023_07112024_BAJA.pdf

[3] https://www.elcolombiano.com/colombia/confrontacion-armada-en-colombia-12-frentes-activos-segun-informe-de-la-fnd-MG26465876

[4] https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/el-informe-reservado-sobre-fortalecimiento-de-eln-y-otros-grupos-criminales-frente-a-caida-del-ejercito-3419182

[5] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/pesar-de-desafios-en-seguridad-las-fuerzas-militares-les-han-recortado-70000-millones-de