Realizar ajustes es normal, pero efectuarlos a las instituciones que se dedican a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que cumplen algunas de las labores y obligaciones principales del Estado, las que están en el artículo 1 de la Constitución.
No podemos seguir haciendo como que todo está bien, que no hay problemas con Carabineros, seguir pretendiendo que más de lo mismo resuelve el problema, o que el Ministerio de Seguridad Pública es la bala de plata que todo lo resuelve.
Buena parte del problema de seguridad nacional está en la ausencia de un subsistema de inteligencia que analiza el entorno y las amenazas.
Chile dispone de gran parte de los minerales críticos para la Defensa (tierras raras incluidas), lo cual solo enfatizará su importancia en la cadena global de suministros; con sus presiones geopolíticas asociadas.
El futuro comandante en jefe deberá ser capaz de lidiar con un gobierno al que sólo le quedarán ocho meses, la contingencia política y electoral, la inseguridad pública y las propuestas populistas de algunos candidatos.
No todo está perdido en Chile, solo es cosa de usar la institucionalidad que nos da la Constitución del 80, que con unos mínimos cambios puede estar a la altura de lo que necesitamos en el 2025.
Una estrategia de seguridad y orden público requiere no solo de claridad en el diagnóstico, pero también en sus objetivos. Para poder tener claridad en lo anterior es que les hago llegar algunas preguntas.
La clave está en cómo gestionen el sistema y le saquen rendimiento, especialmente a las policías, las que deben garantizar el orden y la seguridad en el territorio nacional, algo que sabemos que no está ocurriendo.
¿Estará el ministro Cordero consciente de que no tenemos un sistema de seguridad pública que funcione como tal, y que las atribuciones que le da la ley son básicamente de coordinación más que de conductor del sistema?
La solución al uso incorrecto o en su defecto el abuso de las Fuerzas Armadas, pasa por tener más carabineros y PDI, dejando el tema de la insurgencia y terrorismo de la Macrozona Sur para las Fuerzas Armadas.
