Comentarios y Análisis
BALANCE | Cuatro años de gobierno en seguridad pública (2022-2026): logros legislativos, persistentes déficits operativos y los desafíos de implementación para el próximo gobierno
Al cumplirse el cuarto año del gobierno del presidente Boric, este documento ofrece un balance de su gestión en materia de seguridad pública, área que durante su periodo se consolidó como la principal preocupación ciudadana y que obligó al Ejecutivo a reformular parte de sus prioridades iniciales.
El análisis de la evidencia disponible arroja un panorama dual. Por una parte, se registró una productividad legislativa inédita, que dotan al Estado de nuevas herramientas institucionales. Este logro, sin embargo, debe ser matizado: varias de estas iniciativas venían en tramitación de gobiernos anteriores y su despacho fue posible gracias a un Congreso que optó por la colaboración más que por la obstrucción en la materia.
Por otra parte, los resultados operativos muestran luces y sombras que impiden una lectura triunfalista. Si bien se logró revertir la tendencia al alza en homicidios — reduciendo la tasa desde el peak de 6,7 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 5,4 en 2025—, persisten cifras inéditas en delitos violentos asociados al crimen organizado. Secuestro, tenencia de armas, y tráfico de drogas alcanzaron niveles sin precedentes,[1] evidencia una mutación de la criminalidad hacia formas más extremas de violencia instrumental que las políticas implementadas no han logrado contener.
Finalmente, se constata que el próximo gobierno enfrentará un desafío mayúsculo: implementar un entramado institucional qué, en gran medida, aún carece de reglamentos, planes de acción y desarrollos operativos. La transición entre la aprobación de leyes y su efectiva implementación en el próximo gobierno es clave para el éxito, en un contexto de altas expectativas ciudadanas y de una criminalidad en permanente evolución.
Agenda legislativa: el giro del gobierno y el rol clave del Congreso
El gobierno del presidente Boric llegó al poder con una agenda programática centrada, principalmente, en reformas sociales. Sin embargo, el acelerado aumento de la violencia en el año 2022 — que incluyó el peak histórico de homicidios — y la creciente presión de la ciudadanía y del Congreso impulsaron un giro significativo hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia.
Es importante matizar que los avances legislativos del periodo no pueden ser atribuidos exclusivamente a la iniciativa del ejecutivo. Por una parte, diversas leyes claves en materia de institucionalidad —como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la nueva ley antiterrorista— venían en tramitación desde administraciones anteriores. Por otra parte, el Congreso Nacional jugó un rol determinante: a diferencia de otros periodos marcados por alta polarización política, en materia de seguridad la Cámara y el Senado mostraron un comportamiento comparativamente poco obstruccionista, aprobando iniciativas tanto del ejecutivo como la oposición. Entre los hitos normativos más relevantes destacan —fuera de los mencionados— el nuevo proyecto de ley sobre el Sistema de Inteligencia, la creación de la Fiscalía Supraterritorial y la creación de la Defensoría de las Víctimas.
No obstante, este entramado de nuevas leyes y reformas se ha construido sin considerar, paralelamente, una arquitectura de seguridad pública nacional que articule y coordine los esfuerzos de las distintas instituciones involucradas. Esta ausencia de un diseño sistémico supone una dificultad estructural, pues termina por relegar la efectividad de las nuevas herramientas a la voluntad de coordinación de los actores de turno. La experiencia comparada de países de la OCDE muestra que este desafío de coordinación interinstitucional suele resolverse mediante el fortalecimiento de una institucionalidad robusta y con facultades efectivas, capaz de dar coherencia al sistema en su conjunto.[2]
Resultados en indicadores delictuales: avances en homicidios versus escalada en violencia asociada al crimen organizado
La evaluación de los resultados operativos de la política de seguridad requiere un análisis desagregado que distinga entre categorías delictuales. Mientras el ejecutivo ha enfatizado la mejora en ciertos indicadores como los robos violentos y homicidios, existe un aumento inédito en delitos de alta connotación social asociados directamente a la operación del crimen organizado.
- Homicidios: quiebre de la tendencia, pero en niveles históricamente elevados
El principal logro que el gobierno ha destacado es el quiebre en la curva al alza de los homicidios. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Nacional, se alcanzó un peak de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el 2022, el nivel más alto registrado en décadas. A partir de entonces, la tasa inicio un proceso de descenso sostenido cerrando en 5,4 en el año 2025. Asimismo, el informe anual de la Fiscalía Nacional correspondiente a 2025 reveló una disminución de 1,7% en el número total de homicidios respecto a 2024.
No obstante, estas cifras, positivas en su evolución reciente, deben ser interpretadas con cautela. Las tasas actuales siguen situándose muy por encima de los promedios históricos de Chile, que oscilaban entre 2 y 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, existe una distribución desigual en la comisión de este tipo de delitos lo que sugiere intensificar las intervenciones focalizadas.
- Delitos violentos y crimen organizado: cifras inéditas en armas, drogas y secuestros.
El punto principal de alerta para el balance del periodo lo constituyen los delitos asociados directamente a la operación de bandas criminales organizadas. De acuerdo con el último balance policial presentado por el mismo Ministerio de Seguridad Pública[3] se muestra incrementos en los delitos asociados a armas de fuego y drogas. Si bien este aumento puede ser interpretado como resultado de una mayor labor fiscalizadora, también puede ser reflejo de una mayor circulación de estos elementos en el contexto criminal. De hecho, las organizaciones criminales suelen usar alto poder de fuego y una importante participación en el mercado de narcotráfico como ha sido advertido en informe sobre crimen organizado en Chile desarrollado por la Fiscalía Nacional.
En materia de secuestros, el periodo 2022-2026 registro una consolidación de esta práctica como parte del repertorio habitual del crimen organizado. De acuerdo con datos de la Fiscalía, los secuestros vinculados al crimen organizado alcanzaron, en el año 2024, un 38%. En cuanto a la nacionalidad de los imputados, un cuarto de los casos involucró al menos un extranjero, aumentando diez puntos respecto al 2022. Esto evidencia una mutación del delito hacia formas más extremas de violencia instrumental vinculado con organizaciones criminales organizadas.
En el ámbito de los robos con violencia, el balance es mixto. Mientras los robos violentos en general experimentaron una baja en el último año de gobierno —un 9,8%—y el robo violento de vehículos —un 22%—. Además, el aumento del 15,2% en el total de delitos durante el 2025 estuvo impulsado principalmente por los ciber delitos, una categoría en expansión que plantea nuevos desafíos para las políticas de prevención y persecución penal.
Desafíos persistentes y tareas pendientes: crisis penitenciaria, reforma policial pendiente y cuellos de botella en la persecución penal.
A pesar de la intensa actividad legislativa desplegada en el último periodo, el balance deja en evidencia déficits estructurales que no fueron resueltos y que condicionaran la seguridad en el próximo periodo.
- Crisis penitenciaria
El sistema penitenciario chileno atraviesa una situación crítica, sobre todo, en materia de hacinamiento —alcanzando un 141% en el uso de la capacidad carcelaria— y débil control dentro de los penales con evidentes ingresos de sustancias ilícitas. A lo anterior se suma el aumento de ingresos de personas extranjeras sobre representadas en delitos asociados a drogas y condenas por homicidios[4] lo que puede estar ligado a organizaciones criminales. En síntesis, las cárceles siguen estando completamente hacinadas lo que imposibilita la correcta segregación de la población penal por perfiles criminológicos y fomentando un contacto criminal que profundiza las carreras delictivas de los internos.
- Reforma estructural a las policías
El ambicioso proyecto de reforma de Carabineros y posteriormente de las policías, planteado al inicio de este gobierno, se diluyó progresivamente, reemplazando por un enfoque de fortalecimiento presupuestario y renovación de equipos. El modelo, centrado en dotación de recursos materiales y no en la cultura institucional, modelos de formación y control interno, es una deuda necesaria de resolver considerando la escasa dotación existente.
Esta situación lleva a reflexionar sobre el hecho de que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior debe ser solo excepcional, transitoria y sujeta a límites. Por tanto, la permanencia en el tiempo de estos despliegues plantea la necesidad de definir con claridad las misiones que le correspondan a cada institución en el nuevo escenario de criminalidad organizada. Este desafío, por su dimensión transnacional y sus implicancias para la seguridad nacional, trasciende el ámbito de la seguridad pública y requiere respuesta integral y coordinada por parte del Estado. La definición estratégica es el marco como se articula dicha coordinación, cual es el impacto de los resultados, con que medios se materializa y que recursos se utilizarán.
Desafíos de implementación para el próximo gobierno.
El balance del periodo 2022-2026 no puede concluirse sin advertir que el próximo gobierno enfrentará desafíos mayúsculos en materia de seguridad, derivados no solo de la persistencia de la violencia criminal, sino también de las expectativas ciudadanas acumuladas y de tareas pendientes en la implementación de los cambios institucionales aprobados.
La implementación de las nuevas instituciones
A pesar de lo positivo de la creación de nuevas instituciones y marcos legales creados durante el gobierno del presidente Boric, aún carecen de los reglamentos, desarrollos operativos y capacidades instaladas necesarias para su pleno funcionamiento. El próximo gobierno no solo deberá gestionar la seguridad en el corto plazo, sino también completar un proceso de implementación que, por ahora, se encuentra en sus fases iniciales. Dos ejemplos resultan particularmente ilustrativos de esta brecha entre la ley y su efectiva puesta en marcha: La ley de Seguridad Municipal y la nueva Ley de Inteligencia del Estado.
- Ley de Seguridad Municipal. Promulgada en febrero de 2026, la Ley de Seguridad Municipal, constituye un hito en el reconocimiento preventivo de los gobiernos locales, estableciendo un marco claro que crea y regula las funciones de los inspectores de seguridad municipal, su coordinación con las policías y el uso de tecnologías para la prevención del delito. La ley autoriza a los equipos municipales a realizar actuaciones autónomas —como detención en flagrancia, incautación de mercancías ilegales y labores de televigilancia— y funciones colaborativas con Carabineros como patrullajes mixtos y controles de tránsito. Sin embargo, la ley contempla un periodo de vacancia de seis meses desde su promulgación para la entrada en vigencia y, existe una serie de reglamentos habilitantes necesarios de redactar, concientizar y entrar en funcionamiento para la aplicación correcta del espíritu de la ley.
Además, aun cuando se definió que la Subsecretaria de Prevención del Delito colaborará en la adquisición de elementos de protección para los inspectores, así como en el desarrollo de una plataforma tecnológica para el compartimiento de información, estos recursos se distribuirán con criterios de priorización territorial que deberán ser ejecutados por el próximo gobierno.
- Ley de inteligencia. Aún más paradigmático resulta el caso de la nueva Ley de Inteligencia del Estado, despachada por el Congreso el 28 de enero de 2026, tras más de siete años de tramitación. La norma introduce cambios al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE): crea el Consejo Interministerial de Inteligencia, presidido por el ministro del Interior; establece el Comité de Inteligencia del Estado, liderado por el director de la ANI; incorpora organismos colaboradores al sistema como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero, Aduanas y el SII; y fija nuevos mecanismos de control, entre otras modificaciones.
- Sin embargo, esta ley establece importantes plazos para su operacionalización, tales como, el proyecto de ley que regule el estatuto especial del personal de la ANI. Adicionalmente, se deberá dictar la Primera Política Nacional de Inteligencia del Estado, que fijará los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Esto implica que el andamiaje regulatorio secundario y la consolidación de los mecanismos interinstitucionales deberán ser desarrollados por la próxima administración. La magnitud del desafío no es menor.
En síntesis, el próximo gobierno no solo deberá gestionar la seguridad en el corto plazo, sino también completar el proceso de implementación de un entramado institucional, que, por ahora, existe principalmente en el papel. Tanto la Ley de Seguridad Municipal como la nueva Ley de Inteligencia representan avances legislativos significativos, pero su efectividad dependerá críticamente de la capacidad de la próxima administración para dictar los reglamentos pendientes, asignar los recursos comprometidos, capacitar al personal y consolidar las nuevas estructuras de coordinación. La transición entre la aprobación de las leyes y su efectiva implementación se perfila como una de las principales pruebas para la política de seguridad en el próximo periodo.
4.2 Expectativas ciudadanas y presión social
La ciudadanía ha situado la seguridad como su principal preocupación, durante todo el periodo, y las encuestas de percepción —como la ENUSC— muestra un desface persistente entre la mejora de algunos indicadores objetivos y la experiencia subjetiva de la población. Este fenómeno, atribuible en parte a la alta exposición mediática de la violencia y a la desconfianza institucional acumulada, genera un escenario de altas expectativas para la próxima administración, que deberá gestionar no solo los resultados en materia delictual sino también la comunicación y la generación de confianza pública.
La mutación del crimen organizado
Finalmente, el próximo gobierno deberá enfrentar una realidad delictual que ha mutado significativamente durante los últimos cuatro años. La consolidación de organizaciones criminales —que actúan como verdaderas empresas criminales— con capacidades logísticas y violentas, la internalización de las bandas criminales en el país, y la normalización de prácticas como el secuestro y uso de armas de fuego como instrumentos de disputa territorial, plantean desafíos para los cuales el Estado chileno aún no ha desarrollado capacidades plenamente eficaces. El nuevo gobierno deberá, en consecuencia, no solo implementar las instituciones creadas, sino también adaptarlas a una realidad criminal en permanente evolución.
Conclusiones
El gobierno del presidente Boric administró el despacho de un paquete legislativo en seguridad largamente esperado, aunque es necesario matizar que varias de estas iniciativas no fueron de su autoría original y que su tramitación fue posible gracias a un Congreso que opto por la colaboración. En el plano operativo, las cifras oficiales indican una desaceleración en el aumento de homicidios y una reducción en la tasa respecto del punto crítico más alto en el año 2022.
Sin embargo, el balance general evidencia limitaciones significativas. La percepción de inseguridad no ha cedido y los indicadores de delitos violentos asociados al crimen organizado —como secuestros, tenencia de armas y tráfico de drogas— alcanzan cifras inéditas en la serie histórica. La crisis penitenciaria es hoy evidente, no solo por los altos niveles de hacinamiento, sino también, por la comisión de crímenes dentro de las mismas. Las reformas comprometidas respecto a las policías fueron insuficientes y la prolongada utilización de estados de excepción, evidencian la necesidad de definir con claridad las misiones de las FF.AA. en la seguridad interior.
El gobierno deja un legado más que leyes y más recursos, pero no logra consolidar una política de Estado en seguridad que equilibre el enfoque punitivo con la reforma profunda a las instituciones y una estrategia preventiva de largo plazo. Particularmente crítico resulta comprobar que no se avanzó —ni existió voluntad o interés para hacerlo—en la articulación de una arquitectura de seguridad nacional que integre y coordine sistemáticamente a las policías, Fuerzas Armadas, inteligencia, sistema penitenciario y persecución penal. Esta ausencia de diseño estratégico, que trasciende la mera superposición de leyes e instituciones, terminó por relegar la efectividad de las nuevas herramientas a la voluntad de coordinación de los actores de turno, sin abordar las causas estructurales de la fragmentación institucional. El próximo gobierno enfrentará, así, el desafío mayúsculo de implementar un entramado institucional aun en formación, en un contexto de criminalidad mutante y de altas expectativas ciudadanas que demandarán resultados tangibles y de alto impacto en el corto plazo. La transición entre la aprobación de leyes y su efectiva implementación en terreno se perfila, en consecuencia, como la principal prueba para la política de seguridad en el próximo periodo.
[1] De acuerdo al Informe de crimen organizado de la Fiscalía Nacional, los secuestros se duplicaron en el año 2022 (492 en 2021 frente a 826 en 2022) manteniéndose en niveles altos durante el 2023 y 2024, alcanzando 850 y 857 casos respectivamente. En el caso de drogas, en el año 2025 se aprecia un aumento de 24,8% respecto a 2024. En el caso de armas, esta tuvo un incremento de 3,4% respecto a 2024 pero con una tendencia al alza (umbrales sobre las medias esperadas en modelo de gestión por resultados de Carabineros de Chile, de acuerdo con su propia metodología).
[2] Para un mayor detalle de la necesidad de una arquitectura de seguridad nacional robusta ver Massalleras, M. (2026). “Propuesta de una nueva arquitectura de seguridad nacional para Chile”: Athenalab. Disponible en https://www.athenalab.org/publicaciones/2026/01/26/estudio-propuesta-para-una-nueva-arquitectura-de-seguridad-para-chile/
[3] Balance 2025 Ministerio de Seguridad. Disponible en https://bit.ly/4tXTmg0
[4] Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara. “Inmigración y delincuencia: últimas cifras”. Puntos de referencia: economía y políticas públicas. N.° 663 (julio de 2023). Centro de Estudios Públicos. https://www.cepchile.cl/investigacion/ inmigracion-y-delincuencia-ultimas-cifras/
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