Si queremos que estén bajo la custodia del Ejército de Chile, necesariamente la Plaza Baquedano tendría que quedar asignada a la comandancia general de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, tal como sucede con el Altar de la Patria en donde descansan los restos de O’Higgins.
Este 12 de febrero se celebró un nuevo aniversario de la firma del acta de independencia de Chile, pero, en vez de recordarlo se ha discutido sobre la reubicación de un héroe de nuestra historia.
Están primeros porque son el eslabón más débil, la carne de cañón que realiza el trabajo sucio y si es que logran extender su vida más allá de los 25 años, aspiran a puestos de liderazgo en el entorno criminal.
Realizar ajustes es normal, pero efectuarlos a las instituciones que se dedican a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que cumplen algunas de las labores y obligaciones principales del Estado.
Tenemos una crisis de seguridad que muy bien podría implicar duplicar el presupuesto de las policías y de todas aquellas reparticiones públicas que son parte de ese proceso, pero ello se vuelve imposible sin una profunda reingeniería del Estado.
Los chilenos no debiesen tener dudas de que sus gobernantes ponen al país primero pues, cuando eso pasa, la institucionalidad se debilita, los amiguismos empiezan a ser los protagonistas y el que sufre no es otro que el Estado de Derecho.
Hoy más que nunca Chile necesita de candidatos que le hablen a esa esencia, que la comprendan, que se pongan en su lugar y, lo más importante, que le respondan considerando sus principios. De otra forma la desconexión con la política se profundizará.
Un equipo de AthenaLab, en compañía de diplomáticos y expertos en derecho antártico, visitó la Antártica como parte de un trabajo de investigación y de campo, para abordar los desafíos que se presentan para un país que cuenta con derechos y una posición inmejorable sobre una sección relevante de la Antártica.
En el proyecto de ley de presupuesto para 2025 el gobierno de Gabriel Boric plantea demorar la entrega de fondos previstos en la ley 21.174, generando incertidumbre en la inversión en defensa del país.
